El independentismo pide aclarar si Rajoy exigió a Andorra datos de Mas y Junqueras
El expresidente habría presionado a la banca andorrana para desacreditar a los líderes catalanistas
El ex presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy. | Europa Press
Los partidos independentistas con representación en el Congreso han registrado una petición para que la Cámara abra una comisión de investigación sobre la presunta operación para obtener información bancaria en poder de Banca Privada de Andorra (BPA) de políticos catalanes como los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas o el líder de ERC, Oriol Junqueras, y en la que habrían intervenido miembros del Gobierno de Mariano Rajoy de la denominada ‘policía patriótica’.
El Congreso ya ha tenido dos comisiones de investigación sobre las llamadas ‘cloacas’ policiales en la etapa del primer Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy, una sobre la llamada ‘Operación Cataluña’ para espiar y desacreditar al independentismo catalán y la más reciente sobre la Operación Kitchen para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenes para robarle documentos comprometidos para el partido.
Esta nueva solicitud, la solicitud firmada por ERC, Junts, PdeCat, la CUP. Bildu y el BNG, persigue en concreto que se inicien pesquisas sobre «la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada ‘Operación Catalunya’.
Estas formaciones han decidido solicitar esta investigación tras conocerse el martes que la justicia andorrana investiga al expresidente Mariano Rajoy y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, por su presunta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de líderes políticos nacionalistas o independentistas.
En la comisión rogatoria enviada por la Justicia andorrana también constan como querellados el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, así como los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.
Todos los querellados están investigados por presuntos delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso.
Piden investigar los vínculos de Rajoy
Los objetivos de la investigación, según el escrito recogido por Europa Press, serían investigar la actuación de los responsables políticos imputados por la justicia andorrana así como la posible existencia de cualquier trama parapolicial al margen de la legislación y el control democrático en el seno de las instituciones del Estado y sus posible vinculaciones con posibles entramados privados o lobbies de presión.
En concreto, estos partidos apuestan por intentar descubrir si hubo vínculos entre las tramas parapolicial y política con Fintec u otros organismos internacionales que pudieron propiciar las intervenciones de entidades bancarias.
También piden poder «conocer al detalle las armas y dispositivos a disposición de los estamentos policiales al margen de la Ley, el uso que se hace de las mismas, así «como los archivos, grabaciones y expedientes de los ciudadanos y estamentos investigados y espiados de manera irregular por la trama parapolicial».
Asimismo, las formaciones independentistas quieren que esa comisión sirva para esclarecer qué sabían de todas estas tramas el resto de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy y de los dos que ha presidido Pedro Sánchez y proponer las medidas oportunas de prevención y control parlamentario de los servicios secretos y del Ministerio del Interior a fin y efecto de imposibilitar la creación futura de tramas irregulares o de cualquier estructura policial paralela.
Una actividad fuera de la legalidad
Estas formaciones recuerdan que en los últimos años dos comisiones parlamentarias —la relativa a la ‘policía patriótica’ y la de la ‘Operación Kitchen’— han acreditado que «responsables del Partido Popular y miembros del Gobierno del Estado usaron de manera recurrente medios públicos al margen de la legalidad para intereses espurios».
Añaden que, en este caso, además, este uso presuntamente «habría superado incluso las fronteras del Estado, poniendo en tela de juicio la credibilidad y cualesquiera que sean los principios de colaboración presentes y futuro de las instituciones españolas para con los estamentos internacionales».
«Un sujeto de derecho internacional como es el Estado Español, miembro de la Unión Europea y que oficialmente es una democracia plena no puede permitirse, en forma alguna, sospechas de irregularidades como las expuestas y que, presuntamente, habrían superado incluso el marco jurisdiccional estatal a fin y a efecto de amedrentar y coaccionar autoridades de un país soberano ajeno», argumentan para exigir esa investigación parlamentaria.
