Elisa de la Nuez: «Pensar que el Poder Judicial tiene que representar ideologías es antiliberal»

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, cuerpo al que accedió en 1988. Ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. En la actualidad es secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional.

PREGUNTA. Elisa, tú eres abogada del Estado. ¿Procedes de una familia de juristas y opositores?

RESPUESTA. Sí, mi padre también hizo oposiciones, en su caso hizo inspector del Timbre, y después opositó agente de Bolsa. Y cuando termino la carrera, en el año 85, la salida natural para mí fue hacer oposiciones. Y dentro de las oposiciones, la de Abogacía del Estado era la que más me gustaba, en el sentido de que tenía mucho que ver con los asuntos públicos, la política en sentido amplio.

P. Entiendo que no habría muchas mujeres.

R. No, y para mí fue una sorpresa. Yo soy la sexta mujer de la oposición. Tengo muchas anécdotas de los primeros años de la Abogacía del Estado, contando lo que era ser mujer en un cuerpo que era mayoritariamente masculino, y cuando además eres una chica joven. Aquello fue interesante desde todos los puntos de vista. Entonces no era muy consciente de que estaba entrando en un lugar básicamente masculino, donde había muchas reglas no escritas. Por ejemplo, estaba mal visto que una mujer llevara pantalones; otra cosa que me chocaba es que me llamaran «doña Elisa» teniendo 25 años. Ese tipo de cuestiones suenan hoy muy antiguas, pero así era el día a día. Y luego cosas no tan graciosas: te sentías tutelada, porque no se confiaba en que podías tener las mismas aptitudes que compañeros varones. Incluso cuando decidí pasar al sector privado, recuerdo que me dijeron «tu currículum nos encanta, pero ¿por qué no nos das nombres de compañeros varones?». Se supone que todo es muy meritocrático en la oposición, pero realmente había muchas barreras. Afortunadamente, muchas de esas barreras se han superado, y se puede tener el mismo desarrollo profesional que un hombre.

P. Pero dices que esto no lo sentiste en el momento. Es decir, no eras consciente de que tus compañeros de promoción se veían diferentes a ti.

R. Creo que eso tiene que ver con la educación que tuve en mi casa, respecto a la cultura del esfuerzo y la meritocracia. De cinco hermanos, somos cuatro mujeres y nunca se nos transmitió que hubiese ningún impedimento por ser mujer. Pero sí recuerdo, cuando fuimos a preguntar por la oposición, que me llamó mucho la atención que mi padre le preguntara al preparador si había más chicas preparando. Me sorprendió la pregunta porque no tenía la conciencia de que podía ser un problema, o que me podrían tratar de forma diferente. Eso lo aprendí después, en retrospectiva, pero en ese momento no era consciente.

P. Este es un ejemplo muy gráfico de la diferencia entre igualdad legal e igualdad efectiva. Pero, por lo que me cuentas, tú no sufriste uno de los males que han sufrido muchas mujeres, el llamado síndrome del impostor.

R. En los primeros años sí tienes un poco la sensación de síndrome del impostor. Por ejemplo, se decía abogado del Estado, en masculino. No se decía en femenino, e incluso ahora tengo compañeras que lo siguen diciendo en masculino. Por tanto, sí, había esas pequeñas cosas, que llamaríamos micromachismos, que te hacían seguir, de una forma un poco inconsciente, las reglas de un grupo básicamente masculino.

P. Una crítica que se hace habitualmente de los cuerpos superiores de la administración, es que sus mecanismos de acceso son decimonónicos, ¿compartes este diagnóstico?

R. Sí, porque es decimonónico en sentido literal. Las oposiciones al cuerpo de Abogado del Estado son de finales del XIX, y se hacen con la intención de profesionalizar la administración, porque la administración se nombraba a dedo, no hacía falta tener una capacidad técnica. Lo que es llamativo es que en 150 años no se haya podido adaptar y diseñar mejor, sin perder la base del conocimiento técnico. Y tiene que ver con el temor a que la oposición se convierta en un sistema de selección blando, que consista básicamente en concursos de méritos o entrevistas. En definitiva, hay miedo a que se pierda esa profesionalidad. En España siempre vamos de un extremo a otro. Las oposiciones son antiguas y demasiado memorísticas, se pueden adaptar y se deben adaptar. Y si se hicieran las cosas bien no sería un problema, pero existe el temor a que, si se abre la mano, vayamos a un modelo donde entren los amigos. Ese riesgo existe porque la tendencia al clientelismo es real y se expresa sobre todo en la contratación pública.

P. Otra crítica a las pruebas de acceso es que no son verdaderamente meritocráticas, dado que ser opositor requiere unas condiciones materiales que no todas las familias pueden procurar a sus hijos. Y esto provoca un sesgo de clase.

R. Sin duda hay un sesgo, porque evidentemente no todo el mundo puede permitirse el estar un tiempo largo sin trabajar, pero esto se puede remediar muy fácilmente con ayudas o con becas. Por ejemplo, el Colegio Notarial proporciona ayudas: si uno quiere ser notario, el propio colegio da unas becas para poder estudiar. Por lo tanto, la solución obvia es crear un sistema de ayudas públicas a las personas que quieran hacer ese esfuerzo. Pero a veces también sucede, sobre todo con los jueces que son el centro de muchas críticas, que se sobrevalora la idea de venir de una familia con jueces o funcionarios. Es evidente, como en otras profesiones, que si en tu familia hay gente que ha hecho una oposición es más sencillo, simplemente porque posees más información y sabes en lo que consiste y con quien puedes preparar. Pero las oposiciones han sido durante mucho tiempo un ascensor social muy potente: pasabas a ocupar un cargo importante en la administración y tener unas funciones muy relevantes simplemente por haber pasado unas pruebas. Y esto no es nada habitual en otras profesiones. Por tanto, me parece que con un sistema de ayudas bien organizado y dotado, esto podría funcionar perfectamente, sin perjuicio de hacer unas pruebas más razonables y más adaptadas a la realidad del siglo XXI.

«La voluntad de controlar el Poder Judicial por parte de los partidos políticos está a la orden del día»

P. Hay quien sospecha que tras la propuesta para modificar la vía de acceso a la judicatura hay un nuevo intento por parte del poder político de controlar a los jueces.

R. Claramente la voluntad de controlar el Poder Judicial por parte de los partidos políticos está a la orden del día. Ha sido así durante muchísimos años, básicamente a través de la influencia en el Consejo General del Poder Judicial, que es el que decide los máximos cargos de la magistratura. Esa influencia existe, por tanto, en la parte alta del escalafón judicial, pero no existe en el ingreso, ni en la parte baja. Entonces, la siguiente vuelta de tuerca sería influir no solo en quién llega al Tribunal Supremo, o a Presidente de los Tribunales Superiores de Justicia, sino en quién ingresa en la judicatura, lo cual me parece peligrosísimo. Y creo que es un signo de hasta qué punto no se comprende bien cuál es el funcionamiento del Poder Judicial en una democracia, que es servir de contrapeso al poder político. Por eso, lo que se necesita son profesionales bien formados, independientes y que sepan hacer su trabajo. Y lo preocupante es que además de ese control entre bambalinas -y que siempre ha existido en España- se llegue a una justificación explícita en términos de ideología, de clase social. Ese es un paso típico de los populismos, donde ya la justificación es explícita: no es suficientemente meritocrático o no están representadas todas las clases sociales o no está representada la ideología que a nosotros nos parece más adecuada. Esto me parece muy peligroso. Sobre todo porque, y esto lo quiero recalcar, en España los jueces son muy diversos, como debe ser.

P. El argumento que se esgrime desde la izquierda para justificar esta intervención en el nombramiento de los jueces es que la mayoría de los jueces son conservadores. Y por lo tanto es necesario que no sean las asociaciones quienes elijan a los jueces, sino que sea el Parlamento.

R. La idea de que el Poder Judicial tiene que representar ideologías, o tiene que representar sectores mayoritarios, es profundamente antiliberal, antidemocrática y anti-Estado de derecho. Los jueces tienen que aplicar las leyes que se aprueban en el Parlamento. Por tanto, a los jueces les gustará más o menos una ley, pero eso lo deciden las mayorías en el Parlamento, y si las leyes son constitucionales -que esto es importante- se aplican y punto. Evidentemente los jueces son personas y pueden existir sesgos, pero en alguien profesional prima la profesionalidad. Porque lógicamente ese juez sabe cómo se aplica una norma, cómo se aplica al caso concreto, cómo se utilizan los argumentos jurídicos. De esa forma es complicado que caigan en sesgos, porque además una argumentación ilógica sería fácil de desmontar si luego hay un recurso.

P. Además, tantos los jueces como los magistrados del Constitucional han demostrado ser más independientes de lo que suponían los políticos.

R. Así es. Si uno es un buen profesional -y por eso nosotros damos tanto la lata en la Fundación Hay Derecho con la idea de profesionalidad- le va a resultar complicado utilizar argumentos que no sean correctos, llegar a conclusiones prefijadas, o ser una especie de marioneta del poder político. Entonces, me hace gracia que hablen de estos casos como sorpresas, porque si se eligen buenos profesionales, sea por el partido que sea, lo normal es que sus juicios no los determine ninguna ideología. A mí lo que me preocuparía es que pudiéramos saber exactamente cómo van a votar unos magistrados u otros en función de la procedencia. Eso sería un desastre.

P. En este sentido, las asociaciones de jueces son un problema porque predisponen tanto a los políticos como a la opinión pública a ubicar a los jueces en una u otra familia.

R. Sí, estoy de acuerdo. Las asociaciones de jueces podrían existir perfectamente para la defensa de intereses corporativos, de las condiciones de trabajo, etc. El problema es cuando esas asociaciones judiciales juegan también a la política. Pero claro, esto es un cauce de dos direcciones, porque para que tus asociados puedan llegar a los máximos cargos de la judicatura, hay que jugar a la política. Dicho de otra forma muy clara: los jueces que no están asociados, que son la mayoría, saben perfectamente que no van a llegar a los altos cargos de la magistratura. Entonces, en cierta medida las asociaciones -excepto Foro Judicial Independiente, que no juega a esto y expresamente lo dice-, son agencias de colocación. Obviamente hay que entender que es legítimo para cualquier profesional intentar llegar al tope de la carrera judicial; el problema es cómo se llega. Y como en España tenemos este sistema tan viciado, sólo se puede llegar a través de estas asociaciones, que tienen sus contactos con la política, y que a su vez te marcan como progresista o conservador.

«No es razonable que el Parlamento nombre a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial»

P. ¿Qué reformas deberíamos emprender para evitar esto?

R. Es necesario despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, como nos ha dicho repetidas veces el Grupo Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción), un órgano del Consejo de Europa. Tenemos el mismo modelo que tienen en Polonia. Es decir, no es razonable que el Parlamento nombre a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y lo que deberíamos hacer es algo tan sencillo como volver al sistema originario de la Constitución, que se reforma en 1985, precisamente porque en ese momento el PSOE tiene miedo de que los jueces sean demasiado franquistas, demasiado conservadores. Y el sistema originario consistía en que la mitad de los jueces eran nombrados por el Parlamento y la otra mitad por los propios jueces. Pero en el momento en que el sistema se cambia, surgen todos los problemas. El Tribunal Constitucional legitima también este cambio, en una sentencia muy famosa del año 86, pero dice expresamente que se considera que la Ley es constitucional siempre que no se proceda a un reparto de cuotas entre los partidos políticos. Y llevamos 38 años haciendo exactamente eso. Es decir, está muy diagnosticado lo que hay que hacer, pero hay una resistencia política tremenda porque controlar el Poder Judicial para los políticos es muy importante. Tenemos una judicialización de la vida política muy intensa, aquí todo acaba en un tribunal. Y como los políticos tienen aforamiento, ellos no van a acabar en un juzgado normal, como tú o como yo, o como la infanta Cristina. Suelo poner ese ejemplo porque se entiende muy bien. A la infanta Cristina le correspondió un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca. En cambio, ningún político tiene que ir a un juzgado de instrucción, sino que irán al Tribunal Supremo, o a un Tribunal Superior de Justicia, sitios donde ellos tienen influencia y, por tanto, eso no lo sueltan. Hay una resistencia feroz a soltar eso.

P. Veo que no eres optimista.

R. Nos están dando muchos toques desde Europa. Es un tema que cada vez llama más la atención, e incluso se está planteando por algunas organizaciones la posibilidad de ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha dicho que el caso de Polonia no es un sistema acorde con los principios de la Unión Europea, en concreto con la separación de poderes. Desde luego en España lo tenemos muy complicado. Los partidos políticos, cuando están en la oposición, lo ven muy claro, pero cuando llegan al gobierno ya no lo ven tan claro; ha habido muchísimos incumplimientos de programa de gobierno. Recuerdo cuando el PP ganó con mayoría absoluta en el año 2013, llevaba en el programa electoral que se iba a cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, e hizo exactamente lo contrario. El PSOE también lo ha llevado en su programa electoral… es decir, hay una resistencia por una cosa muy práctica, que es que a los políticos les interesa esa influencia sobre el Poder Judicial. No nos engañemos, en España, el principal contrapeso es el Poder Judicial, y lo hemos visto en el caso del procés, cuando otros muchos contrapesos institucionales no funcionaron. El que funciona, al final es el contrapeso de los jueces, por lo tanto, a ser posible, hay que tenerlos controlados.

P. ¿Qué otros contrapesos necesitamos revitalizar para no dejar solo al Poder Judicial?

R. Pues básicamente todos los contrapesos institucionales. El problema que tenemos en España es que tenemos bloqueados la mayor parte de lo que deberían ser checks and balances, los contrapesos institucionales. El Poder Judicial todavía se mantiene, principalmente en la parte de base, pero está muy mediatizado. Y lo que son organismos reguladores como el Tribunal de Cuentas, lo acabamos de ver en la última renovación, es un reparto de cromos. Y este organismo, en el caso del procés, iba en una dirección y ahora va en la dirección contraria. Su cometido, que es comprobar si ha habido una mala gestión del dinero público, no puede ser una cuestión política, tiene que ser una cuestión técnica. Para eso se crean los tribunales de cuentas, para ver si se gestiona bien o mal el dinero público. En el momento en que eso se convierte en una cuestión política, ya no es un contrapeso real. Otro caso es el Tribunal Constitucional, en la medida en que los partidos aspiran a que se convierta en una especie de tercera cámara, y simplemente ratifique lo mismo que ha salido en el Congreso. Pero el Tribunal Constitucional está para decidir si lo que ha salido en el Congreso por mayoría, es o no constitucional.

P. Son órganos contra mayoritarios.

R. Sí, son órganos contra mayoritarios, órganos que tienen que ser profesionales y que tienen que servir de límite al poder. Y a esos límites se pueden sumar los medios de comunicación y la propia Administración. Entonces, en la medida en que los partidos colonizan también la dirección de la Administración pública, de nuevo se están perdiendo contrapesos.

«La democracia no sólo depende de las reglas formales, sino también de las reglas informales»

P. El gobierno actual ha sido el que más nombramientos de no funcionarios ha hecho para puestos que la Ley presume para funcionarios. Una cuestión que ha salido mucho en este sofá es hasta qué punto la salud de una democracia depende del respeto a las normas no escritas. ¿Qué riesgos ves tú en estas conductas?

R. Es desde luego un tema muy interesante. La democracia no sólo depende de las reglas formales, sino también de las reglas informales. Lo que dice la regla es que para esos cargos hay que nombrar a un funcionario de carrera, y sólo si se puede justificar que no hay ningún funcionario con la capacidad técnica y profesional para ocupar ese puesto, se puede hacer ese nombramiento alternativo. Ha habido un aumento claro en ese tipo de nombramientos y también más laxitud en cómo se justifican esos nombramientos. Se han roto claramente ciertos límites informales. El caso más evidente es Cataluña, donde ya se han traspasado los límites formales y los informales. El fin justifica los medios, y para conseguir sus objetivos, las reglas les sobran. Y quizá eso es lo más preocupante, que haya un incremento de casos, pero también una flexibilidad en la justificación, porque estamos hablando de prácticas profundamente iliberales, que de alguna manera se han ido extendiendo y me temo que se van a seguir extendiéndose. Por otro lado, esto también es típico de los populismos, ya sean de izquierdas o de derechas: llevan en el ADN este desprecio por los contrapesos y por las reglas informales. Y por tanto, en la medida en que tenemos una política cada vez más populista en España, lógicamente ese discurso cala cada vez más.

P. Uno de los grandes problemas que tiene la regeneración en España es que depende de que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos. ¿Cuáles, en tu opinión, serían las reformas, más necesarias para afrontar el futuro?

R. Pues hay muchas, pero una que me parece fundamental sería profesionalizar y reforzar la Administración pública, en sentido amplio. No me refiero solo a Ministerios y Consejerías; me refiero, por ejemplo, a las entidades públicas, a los organismos de control, a los organismos de contrapeso. Creo que la gente confía mucho en los cambios de gobierno, y piensan que cuando llegue al poder el partido al que votan, arreglará las cosas. Pero el problema es que cada vez tenemos más falta de capacidad del Estado. Siempre pongo el ejemplo de los fondos europeos porque se entiende muy bien. Da igual la política que decida llevar a cabo el Gobierno, el problema es que la Administración no tiene capacidad suficiente para gestionar el volumen de fondos europeos, porque no tienen los recursos humanos necesarios, no están formados en lo necesario, ni los procedimientos son los adecuados. Tenemos además una Administración enormemente envejecida, la media de edad está en los 53 años aproximadamente, y hay una gran cantidad de funcionarios que se van a jubilar en los próximos años, tanto a nivel estatal como autonómico. Si no se aborda este problema con tiempo, buscando los perfiles necesarios -porque no tiene ningún sentido reclutar ahora como se hacía en los años 80- no estaremos abordando el problema de fondo, que es esa falta de capacidad del Estado. Y creo que este problema se está haciendo cada vez más evidente, porque el poder de lo público cada vez es mayor. Lo hemos visto en la pandemia, porque en las épocas de crisis el poder público es esencial. Y si ese poder público, insisto, con independencia de un gobierno de derechas o de izquierdas, no tiene el músculo para llevar a cabo sus políticas, vamos a sufrir mucho. Los políticos pecan de un cortoplacismo enorme, y nombran asesores por su ideología, no por su perfil técnico. Pero entonces ¿cómo van a desarrollar las políticas públicas? ¿Con qué funcionarios, con qué recursos, con qué procedimientos? En Hay Derecho utilizamos la expresión «legislar para la foto». Pues esto empieza a pasar también a nivel de Administración: crean ministerios y direcciones generales con nombres larguísimos, y parece que por nombrarlos, las cosas encomendadas ya van a pasar. Pero esas cosas pasarán solo si detrás hay una estructura, una planificación y unos recursos; si no, te quedas simplemente con el nombre. Por eso tengo la sensación de que hemos pasado de legislar para la foto, a gobernar para la foto.

P. Pero no es solamente un problema de número de funcionarios, ¿no? Lo pregunto porque la actual oferta de empleo público es la mayor de la historia.

R. Pero si convocas una oferta de empleo público con los mismos perfiles que en el siglo XX, donde se pide a los auxiliares administrativos que sepan mecanografía, ¿de qué nos va a servir? Necesitamos otros perfiles y eso pasa por modificar los sistemas de acceso.

P. No se puede generalizar, pero tal vez muchos opositores consideran que la obtención de la plaza es la estación de llegada, no el punto de partida.

R. Últimamente doy bastantes charlas a gente joven y te dicen que entran con mucha ilusión, porque hay mucha gente que entra con vocación de servicio público, y que me dicen que el problema es la inercia, los procedimientos obsoletos, una cultura de trabajo tan antigua, que hace que muy poca gente sobreviva la primera etapa. Y entonces, cuando eres funcionario y superas la etapa de estar ilusionado y querer cambiar las cosas, te quedan dos salidas, o marcharte, o resignarte. Entonces, no es que saques una oposición y pienses que esa es la estación de llegada, pero al cabo de cinco o diez años, son pocos los que al final perseveran, la mayoría entra en esa etapa de desencantamiento.

P. Vamos a cerrar con una pregunta habitual, ¿a quién te gustaría que invitáramos a ‘Vidas cruzadas’?

R. Pues me gustaría que invitarais a Daniel Gascón, porque es una persona que, desde un ámbito muy diferente al que yo trabajo, ha captado muy bien cuáles son los asuntos esenciales del Estado de Derecho y además es un comunicador estupendo.