Cayetana Álvarez de Toledo irá a juicio el 2-N por llamar «terrorista» al padre de Iglesias
Francisco Javier Iglesias reclama a la diputada del PP una indemnización de 18.000 euros por un delito contra el derecho al honor
Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso. | Ignacio Gil (Europa Press)
La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo irá a juicio el 2 de noviembre por llamar «terrorista» al padre de Pablo Iglesias en una entrevista. Francisco Javier Iglesias solicita una indemnización de 18.000 euros por un delito contra el derecho al honor. La defensa de Álvarez de Toledo pide que se desestime la demanda porque el demandante ha reconocido públicamente que perteneció al comité que fundó el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). La vista se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora.
La exportavoz parlamentaria de los populares llamó «hijo de terrorista» a Iglesias durante una sesión en el Congreso a finales de mayo de 2020, cuando aún era vicepresidente del Gobierno. El entonces líder de Podemos consideró las palabras «un delito» y anunció que apremiaría a su padre a emprender acciones legales contra Álvarez de Toledo. Lo hizo, pero por las declaraciones que realizó unos días más tarde, el 1 de junio, en una entrevista publicada en ABC.
«No insulté al vicepresidente segundo. Recordé un hecho fáctico reconocido por él y por su padre, equiparable al hecho de que yo soy marquesa: es hijo de un terrorista. El FRAP es una organización terrorista, sus víctimas son reconocidas como víctimas del terrorismo por el Ministerio del Interior: cinco asesinados», sostuvo Álvarez de Toledo en aquella publicación.
Iglesias vs Álvarez de Toledo
Francisco Javier Iglesias interpuso la demanda el 17 de junio de 2020. La presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora, que inicialmente se inhibió a favor del Tribunal Supremo por la condición de aforada de Álvarez de Toledo. El padre del exvicepresidente del Gobierno recurrió la decisión al considerar que tales manifestaciones se habían producido fuera del Congreso. El alto tribunal decidió entonces devolver el caso al juzgado zamorano.
El juicio comenzará el 2 de noviembre, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. El padre del exlíder de Podemos solicita que se publique la sentencia en dos diarios de tirada nacional y una indemnización de 18.000 euros. Cree que se ha vulnerado su derecho al honor porque las palabras de Álvarez de Toledo fueron «ofensivas» y tuvieron «una gran repercusión mediática». Su abogada, Ana María Cortés, ha rehusado hacer declaraciones.
La diputada del PP también prefiere guardar silencio de momento. Su defensa pedirá que se desestime la demanda. Basará su alegato en que Álvarez de Toledo dijo la verdad, ya que considera que el propio Francisco Javier Iglesias ha reconocido que formó parte de una organización llamada comité pro-FRAP. Lo hizo en una entrevista publicada en Público el 28 de mayo de 2020, tras las polémicas palabras de la parlamentaria popular en el Congreso.
«Pertenecí al comité para la creación del FRAP (…) Y tengo que decir que estoy orgulloso de todos mis compañeros y no reniego en absoluto de mi pasado, pero abandoné la organización a principios de 1974 por estas discrepancias. Creía que el Frente tenía que ser mucho más amplio. Y fue en el año 1975 cuando el FRAP dio el paso de entrar en la lucha armada. Para mí fue un error», insistía el padre del exvicepresidente del Gobierno en el texto.
La organización surgió de una escisión maoísta del PCE y estaba dirigida por Julio Álvarez del Vayo. En 1973 cometió el primero de los cinco asesinatos que se le atribuyen. A estos hay que sumar otros dos que perpetró el comité fundador del FRAP, al que pertenecía el padre de Iglesias, el Primero de Mayo de 1973. El Ministerio del Interior reconoció oficialmente en 2011 a los dos policías asesinados, Juan Antonio Fernández y Manuel Pedregal, como víctimas del terrorismo.
La cárcel de Carabanchel
«Álvarez de Toledo no le atribuye ningún acto concreto. El padre de Iglesias no pudo participar en esos crímenes porque estaba detenido, pero reconoce que perteneció al comité pro-FRAP, cuyas víctimas mortales tienen reconocida oficialmente la condición de víctimas de terrorismo, por lo que el comité era una organización terrorista», explica el abogado de la demandada, Rubén Múgica, víctima del terrorismo. Su padre, el histórico dirigente socialista Fernando Múgica, fue asesinado por ETA el 6 de febrero de 1996.
El progenitor del exlíder de Podemos afirmó en la citada entrevista que ese Primero de Mayo estuvo detenido por repartir propaganda unos días antes. Pasó mes y medio en la cárcel de Carabanchel. El propio Iglesias ha aludido a esta etapa de la vida de su progenitor en más de una ocasión. En un artículo publicado en Público en 2012 con motivo de la muerte de Santiago Carrillo, Pablo Iglesias mostraba su admiración por el ex secretario general del PCE, pese a sus diferencias. Y explicaba: «Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo».
El exvicepresidente del Gobierno también se refirió al asunto en Twitter para hacer una recomendación musical: «Una canción que me cantaba mi padre frapero de peque». Álvarez de Toledo aseguró en la entrevista con ABC que, al margen de la actividad que ejerciera el padre de Iglesias, «militaba en esa organización terrorista». E insistía: «Bajo la máscara del antifranquismo se esconden muchas cosas: hubo antifranquistas demócratas (…), pero hubo que no lo fueron. Y matar a personas no es ser demócrata».
La diputada del PP sostuvo en la entrevista con ABC que el exvicepresidente del Gobierno no le insultó en el Congreso al llamarle marquesa. «Si tuvieran que retirar del diario de sesiones la expresión hijo de terrorista, también habría que retirar lo de marquesa porque es un hecho fáctico». No es la primera vez que el padre de Iglesias demanda a un político por este asunto. Ya ganó una causa en 2019 a Hermann Tertsch, que lo relacionó con un asesinato del FRAP. El eurodiputado de Vox tuvo que abonar una indemnización de 15.000 euros.
