Bolivia suspende la exportación de alimentos por el riesgo de desabastecimiento
Los paros generales convocados en Santa Cruz han llevado al presidente Arce a tener que apostar por esta medida para resguardar «la seguridad alimentaria»
Protestas de los mineros bolivianos. | Manuel Claure (Reuters)
El Gobierno de Bolivia ha informado este miércoles de que suspende temporalmente la exportación de soja, azúcar, aceite y carne de ternera por el riesgo al desabastecimiento de productos del país debido al paro indefinido convocado por retrasos en el censo que impiden el acceso a ayudas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, ha comunicado que se ha suspendido la exportación de cuatro productos nacionales «en resguardo de la seguridad alimentaria».
Esta medida entra en vigor en la madrugada de este jueves «hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana», ha afirmado en una conferencia de prensa recogidas por la cadena de televisión Unitel.
Huanca ha responsabilizado a los impulsores de la huelga de las consecuencias de la paralización del sector productivo, así como de atentar contra la seguridad alimentaria de los bolivianos.
«Ellos son culpables sobre los daños y pérdidas millonarias que se están ocasionando al aparato productivo cruceño y nacional», ha dicho, antes de matizar que se trata de una medida preventiva.
En esta línea, el ministro ha pedido «reflexión» a las autoridades locales de Santa Cruz -donde está establecido un paro indefinido desde hace cinco días- para entablar negociaciones con el objetivo de retomar la producción de los alimentos.
Bolivia, en huelga
El Gobierno de Bolivia decidió aplazar hasta 2024 el censo poblacional previsto en un primer momento para el primer semestre de 2023 bajo el argumento de que no se dan las condiciones idóneas para llevarlo a cabo debido a una serie de deficiencias técnicas y logísticas como parte de las consecuencias dejadas tras de sí por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, la postura del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, –que es una de las piezas clave de la crisis política que provocó la salida de Evo Morales tras las elecciones de 2019-, sostiene que este aplazamiento es ilegal, ya que el censo debe realizarse cada diez años, y las anteriores estadísticas, que datan de 2012, no son fiables para redistribuir los presupuestos federales.
Existe una país latinoamericano que exige la realización de este censo puesto que sin él se impide el acceso a las ayudas del Gobierno por parte de los colectivos más empobrecidos.
Ante el fracaso del diálogo entre ambas partes para conseguir organizar el registro en 2023, hay una huelga indefinida en la ciudad de Santa Cruz, epicentro económico del país.
