El PNV celebra la reforma de la sedición, aunque pide estudiar otra para el artículo 155
El presidente del País Vasco, Urkullu, ha celebrado el plan del Gobierno nacional y ha pedido una reflexión acerca del modelo del Estado
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, se dirige a intervenir en un debate de política general, en el Parlamento Vasco. | Iñaki Berasaluce (Europa Press)
El lehendakari, Iñigo Urkullu, del PNV, cree que la decisión del Gobierno central de sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, con la consiguiente reducción de penas de cárcel por presuntos delitos asociados al proceso soberanista catalán, «refuerza las vías políticas frente a las vías judiciales» a la hora de abordar «cuestiones políticas», y debería conllevar una reforma del artículo 155 de la Constitución y una «reflexión» sobre el modelo de Estado.
Urkullu, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco, se ha referido, de esta forma, al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la sustitución del delito de secesión por el de desórdenes públicos agravados, lo que conllevará una reducción de las penas de cárcel asociadas a los presuntos delitos relacionados con el proceso soberanista catalán.
El lehendakari ha afirmado que la decisión del Ejecutivo central es «positiva», y que, «si además entendida así por los partidos catalanes», resulta «más positiva todavía».
Iñigo Urkullu ha considerado que el anunciado cambio en el Código Penal «sirve de refuerzo de las vías políticas frente a las vías judiciales a la hora de abordar cuestiones políticas».
El PNV pide reformas
En este sentido, ha señalado que la sustitución en el Código Penal del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados «refuerza nuestro planteamiento de siempre de que los debates políticos deberían sustanciarse mediante vías como el diálogo, la negociación y el acuerdo con un propósito de acuerdo político».
Además, ha considerado que la decisión del Ejecutivo central «viene a poner en cuestión» y debería llevar a una reforma del artículo 155 de la Constitución -en virtud del cual el Estado intervino la autonomía catalana durante el proceso soberanista-, así como a una «reflexión» sobre «lo que el modelo de Estado real debe ser en este siglo XXI».
