El Gobierno y la Generalitat reconocen la falta de rigor de sus censos sobre la Guerra Civil
Ambos gobiernos justifican la ausencia de 2.037 víctimas del Frente Popular, pero se comprometen a incorporarlas tras las informaciones de THE OBJECTIVE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dialoga con el de la Generalitat, Pere Aragonès.
Tanto el Gobierno de España como la Generalitat de Cataluña tienen una misma laguna en materia de memoria histórica: no cuentan las 2.037 víctimas del Frente Popular inhumadas en los llamados cementerios clandestinos. El Ejecutivo Central no las contabiliza en el Archivo General de la Administración ni en el Centro Documental de la Memoria Histórica, mientras que el Govern no las ubica en su mapa oficial de fosas. THE OBJECTIVE ha obtenido por fin de ambas administraciones una explicación: sus censos están «obsoletos» y «desactualizados». Admiten que carecen de rigor, en definitiva.
Este medio ha informado en las últimas semanas de cómo las instituciones que pregonan la ahora llamada memoria democrática ignoran sistemáticamente a los dos millares de represaliados por las Patrullas de Control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. Un crimen de lesa humanidad acreditado por el informe judicial que llevó a cabo el juez Josep Maria Bertran de Quintana, nombrado por las autoridades republicanas para investigar desde 1937 aquellos cementerios clandestinos.
Ahora, el Ministerio de Cultura, en una solicitud de información del abogado Guillermo Rocafort en base a la Ley de Transparencia, admite que «desconoce el motivo por el cual no aparecen [en el censo] aquellas fosas clandestinas a las que alude el interesado», pero señala que «este portal fue pionero en la materia de Memoria Histórica y Democrática, y entonces no existía tanto conocimiento sobre la materia como en la actualidad». También precisa que «no es una base exhaustiva de víctimas» y que «toda esa información (que incluye) no ha sido revisada posteriormente con carácter previo a su difusión».
También es interesante su explicación sobre por qué dicho censo contabiliza hasta 12 veces a algunos criminales republicanos, computados como víctimas del bando nacional. El Departamento que lidera Miquel Iceta sostiene que «la repetición es consecuencia, sobre todo, de la acumulación de datos de distintas procedencias y fondos documentales, sin que haya habido una depuración archivística posterior». Se compromete, además, a enmendar dichos errores «si fuera oportuno».
Es decir, desde su creación con la Ley de Memoria Histórica en 2007 dicho censo no ha cumplido su fin esencial, recogido en el artículo 22 (Derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados), que establece que «a los efectos de lo previsto en esta Ley, se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos». Y es que ha obviado los datos de las víctimas de los cementerios clandestinos, a pesar de que sus nombres aparecen vinculados al Portal de Archivos públicos Españoles (PARES), dentro del Archivo Histórico Nacional.
A juicio de Rocafort, esto demuestra que ese censo «no responde a los principios de integridad y de objetividad, sino a un mero interés de la izquierda española en victimizarse, encubrir sus delitos y responsabilidades durante la Guerra Civil y, finalmente, imponernos un relato histórico que no se sostiene y que hace aguas por todos los lados». También señala que «hace daño a la verdad y a la reparación de las víctimas», por cuanto «ha encumbrado a asesinos multi reincidentes del Frente Popular y ha invisibilizado a miles de víctimas inocentes de la Guerra Civil».
¿Y la Generalitat?
Respecto a la Generalitat de Cataluña, esta dispone de un mapa de fosas que tampoco sitúa los cementerios clandestinos, con el agravante de que se encuentran situados en la región: Moncada y Reixac, Molins de Llobregat, Roses de Llobregat, Les Corts, Prat de Llobregat, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Olot, l’Escala… Hasta un total de 2.037 víctimas causadas por el bando republicano. Así figura en el informe del juez Josep Maria Bertran de Quintana, admitido como verídico por el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta de varios diputados de Vox.
El informe, que data del 18 de noviembre de 1937, contiene un balance demoledor, y supuso la detención de 5 militantes del PSUC, uno de ERC y otro de Estat Català, junto a otros del POUM y de la CNT, relacionados con los asesinatos de Sitges. Unas cifras vergonzantes para los antifascistas de la época, pero también para sus herederos ideológicos, hoy al cargo de la Generalitat de Cataluña, que han ocultado el informe y las víctimas que éste contiene en su portal dedicado a la Memoria Democrática.
La Dirección General de Memoria Democrática de la Generalitat Catalana ha reconocido por escrito a la Asociación Raíces, en un escrito al que también ha accedido THE OBJECTIVE, que su mapa de fosas está «obsoleto»: «La versión web del mapa fue creada en 2010 y se ha actualizado hasta finales de 2020. Sin embargo, esta aplicación está obsoleta y en breve será reemplazada por una nueva visualización de las fosas, a la cual se podrá acceder a través del Banco de la Memoria Democrática, y que incluirá nuevos filtros de búsqueda que permitirán distinguir las distintas tipologías de fosas del período de la Guerra civil y la dictadura franquista existentes en Catalunya».
El Govern continúa afirmando que «algunas de las fosas intervenidas en el sumario instruido en 1937 por el juez Josep Maria Bertrán de Quintana y que constan en su Informe de actuaciones se podrán consultar a partir de la categoría de ‘represión en la retaguardia’. No obstante, estimamos oportuna su petición y estudiaremos la posibilidad de singularizar las fosas relacionadas en el informe elaborado el 18 de noviembre de 1937 por el Juzgado Especial de Cementerios Clandestinos, puesto que prueban la actitud proactiva que llevó a cabo la Generalitat republicana para depurar responsabilidades en las arbitrariedades y actos delictivos perpetrados durante los primeros meses de la Guerra Civil de 1936-1939 en Catalunya».
A juicio de la Asociación Raíces es «evidente» que la Generalitat «humilla sistemáticamente a las víctimas del Frente Popular en Cataluña, a las que ha invisibilizado durante décadas con un Censo obsoleto, como hace también el censo de víctimas de la Guerra Civil que depende del Ministerio de Cultura del Estado», y desea manifestar que «el nuevo mapa de fosas, llamado ahora ‘banco de la memoria democrática’ será otra base de datos sesgada y tendenciosa, porque sólo responde a fines ideológicos y no a criterios de verdad, justicia, reparación y no repetición, tal y como dirían las asociaciones memorialistas».
