El Gobierno vasco rechaza trasladar más presos a la comunidad: no pueden atenderlos
El Ejecutivo ha señalado que no tienen la capacidad de atender en las condiciones adecuadas a más reclusos, incluso a los de la banda ETA
Entrada del centro penitenciario Álava. | Iñaki Berasaluce (Europa Press)
El Gobierno vasco está rechazando peticiones de traslado de presos que quieren cumplir su condena en Euskadi porque la población reclusa ha crecido en el último año y en este momento las tres cárceles vascas no tienen capacidad de acoger a más internos.
Esta situación que «limita la posibilidad de asumir» traslados ha afectado también a ocho presos de ETA cuyas solicitudes no han sido aceptadas, ha informado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en una comisión del Parlamento Vasco.
«Este hándicap podrá corregirse con el adecuado dimensionamiento de la plantilla y con el aumento de capacidad que va a suponer el futuro nuevo centro penitenciario Gipuzkoa en Zubieta», cuya puesta en marcha está prevista en 2024, ha explicado la consejera.
Ha detallado que desde el 1 de enero de 2021 la población penitenciaria ha pasado de 1.290 personas a 1.562, es decir 272 más. Un incremento que se debe a dos factores. El primero es que han ingresado más personas de las que han sido excarceladas: 875 frente a 748.
Antes de la transferencia a Euskadi de la gestión de las prisiones estas «difíciles situaciones» se resolvían «distribuyendo a buena parte de la población reclusa en otras comunidades autónomas» pero ahora «la práctica totalidad de quienes ingresan aquí se quedan aquí».
La segunda razón que hay detrás del aumento de población reclusa es «el flujo de traslados» entre el País Vasco y otras autonomías: en el último año han sido trasladadas a Euskadi 178 personas (de ellas 81 condenadas por terrorismo) frente a las 120 trasladadas al exterior.
El Gobierno vasco se abre a reformas
Este aumento del número de reclusos «no ha impactado negativamente en las condiciones de vida» dentro de la cárcel «pero sí limita la posibilidad de asumir todos los traslados de personas penadas que solicitan cumplir la pena en Euskadi», ha reconocido la consejera.
Esta situación «obliga a priorizar» a la hora de aceptar las peticiones de traslado en función de varios criterios, entre ellos el «arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción».
«En ocasiones hay que valorar también el desarraigo inducido por largos años de condena lejos del entorno familiar y social donde sí pueden tenerse posibilidades de reinsertarse», ha dicho la consejera sin citar de manera expresa a los presos de ETA. En este momento hay en las cárceles vascas 1.562 presos, de los cuales 1.381 son penados y 181 preventivos. Hay 841 reclusos en segundo grado y 441 en distintas modalidades del tercer grado, además de 230 en libertad condicional.
Para atender a esta población penitenciaria hay una plantilla «insuficiente» de 675 personas. Las vacantes se cubrirán con una OPE, aunque para convocarla antes es necesario crear los cuerpos y escalas penitenciarios y aprobar la Relación de Puestos de Trabajo.
Mientras esto ocurre se ha optado por «soluciones transitorias» como una bolsa de trabajo con 60 trabajadores cuya incorporación está prevista antes de final de año.
La «compleja herencia recibida» incluye también «limitaciones en las infraestructuras»: un «centro pequeño y antiguo» en Bizkaia, otro «aún más viejo en Gipuzkoa» –será sustituido por otro en 2024– y uno «moderno pero sin redimensionar la plantilla» en Álava.
El Gobierno defiende la política con ETA
Hay por tanto una «necesidad perentoria» de ejecutar «algunas obras imprescindibles» también en Martutene para «garantizar condiciones adecuadas», ha señalado la consejera, que pese a las dificultades de este primer año ha expresado su «satisfacción con el balance» y ha destacado la «fluida y positiva relación» con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
Ha reiterado que el modelo penitencio vasco apuesta por la reinserción por ser la manera más efectiva para evitar la reincidencia y por ello se han concedido más de 500 terceros grados, «una forma de cumplimiento de la condena» que «frente a reiteradas manipulaciones» no supone «excarcelación».
Sobre la revocación por parte de la Audiencia Nacional de la concesión de terceros grados a cinco presos de ETA, ha vuelto a defender el «trabajo riguroso de los equipos técnicos en la valoración individualizada de cada persona y en la motivación de sus propuestas».
«Eventuales impugnaciones o revocaciones no desautorizan ese trabajo», ha recalcado la consejera, que ha añadido: «No existe trato de favor, ni de desfavor, en ningún caso: ni para los traslados, ni para el tratamiento, ni para las progresiones».
