La Audiencia condena a 425 años de cárcel a la exjefa de ETA 'Anboto' por un atentado fallido

La Audiencia Nacional ha condenado a 425 años de cárcel a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto. El tribunal considera probado que fue la encargada de conducir el coche bomba que la banda terrorista utilizó en el atentado frustrado contra la Policía Nacional el 19 de mayo de 1985 durante un partido de fútbol en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria. Anboto, que fue una de las encargadas de poner voz al comunicado que anunciaba la disolución de ETA, ya estaba condenada a 20 años de prisión en Francia y a otros 122 en España.

Los magistrados de la Sala de lo Penal condenan a Anboto como autora de 20 delitos de asesinato en grado de tentativa, otro de tentativa de atentado contra agentes de la autoridad y un delito de estragos por la colocación del vehículo en las inmediaciones del estadio del Alavés. El coche no llegó a explosionar porque fue desactivado por los especialistas del Tedax.

Esta condena contra la antigua jefa de ETA llega después de que el Tribunal Supremo anulase la absolución dictada por la Audiencia Nacional en primera instancia a favor de Anboto. El alto tribunal instó a repetir el juicio y a dictar otro fallo al considerar que el tribunal inicial omitió una prueba de huellas «con una argumentación no racional». Entonces, «la única prueba palmaria» era una huella del dedo pulgar de Eusebio Arzallus Tapia. El resto de las huellas fueron archivadas como anónimas.

Contra ETA

El Supremo revocó la sentencia absolutoria porque a su juicio los magistrados cometieron un «grave error» al omitir de forma incorrecta unas huellas encontradas en uno de los vehículos utilizados por el comando terrorista y que se correspondían con las de la propia Anboto. La Fiscalía solicitaba 488 años de cárcel para la exjefa de ETA.

Durante el juicio, el fiscal afirmó que fue él quien solicitó comparar las huellas consideradas anónimas con las de la acusada ante los avances tecnológicos en las bases de datos de huellas y después de que la Audiencia Nacional lograra condenar a José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, por el atentado en el cuartel de la Guardia Civil de Llodio (Álava) en 1985 tras encontrar su ADN en las colillas de los cigarrillos que había fumado mientras preparaba los explosivos.

«Todas las huellas identifican» a Anboto «como la persona que conduce el coche bomba al lugar donde aparece», insistió el fiscal, que rechazó que su acusación formara parte de una «caza de brujas» contra miembros de ETA, como sostenían los abogados de los exdirigentes etarras. La antigua jefa de la organización y su compañero Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza, ya tuvieron que personarse en la Audiencia en julio para declarar ante el juez que investiga el asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque ambos se negaron.

La letrada de los etarras explicó que Anboto había sido entregada por las autoridades francesas por hechos distintos a los que se investigaban en la causa. En esa ocasión, la abogada ya criticó «la cascada» de procedimientos que se están abriendo en los últimos meses contra los miembros de ETA y que, a su juicio, «no tienen base ni en la legislación ni en la jurisprudencia». En su opinión, estas citaciones «suponen desde el punto de vista de los derechos y jurídico una situación excepcional y un atropello».

Anboto, hija de un miembro de ETA, comenzó a cooperar con el comando Araba siendo muy joven. Prestaba su vivienda para acoger miembros de la organización y esconder explosivos. Cuando su familia fue detenida en una operación policial en 1981, huyó A Francia. Es la segunda mujer que consiguió ocupar un puesto de dirección en la banda terrorista tras Yoyes, asesinada por sus propios compañeros acusada de traición. Anboto está acusada de 14 asesinatos y tiene pendiente una decena de juicios.

Como jefa de la organización dirigía las operaciones de cobro, gestión y distribución del denominado impuesto revolucionario. Fue detenida junto a su compañero sentimental y cerebro de la banda, Mikel Antza, en 2004 en Francia, donde fue condenada a 20 años de prisión. Fue extraditada a España en 2019. Años antes puso voz en el vídeo que anunciaba la disolución de la banda terrorista.