El Gobierno enfría un cambio de la 'ley del solo sí es sí’ confiando en una decisión del Supremo
Fuentes del Ejecutivo rechazan la reforma porque «Podemos votaría en contra y no habría mayoría», pero dejan sola a Montero
La ministra Irene Montero con Fernando Grande-Marlaska. | Europa Press
El Ejecutivo está atado de pies y manos hasta que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia sobre la rebaja de las penas mínimas que está provocando la ley del solo sí es sí. Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE explican que el Gobierno esperará a que el alto tribunal unifique los criterios para la revisión de las condenas. Algo que esperan que se produzca en el mes de diciembre, pese a que los plazos que señaló este miércoles la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza de Podemos Victoria Rosell, ascendían a un año.
En Moncloa confían en que el escándalo político derivado de la aplicación de la ley de Irene Montero tenga poco recorrido porque «la jurisprudencia del Supremo es muy estricta a la hora de fijar las revisiones de las penas y eso se verá a largo plazo, cuando se resuelvan los recursos que se interpongan». De momento, el alto tribunal ya tiene sobre la mesa los recursos a la Ley y la Fiscalía tendrá que fijar posición a instancias del Gobierno.
Y hasta que eso ocurra el Gobierno no va a actuar, y quizá después tampoco lo haga. Porque en la cuota socialista del Ejecutivo de coalición enfrían ya la reforma legislativa a la que abrieron la puerta ministras socialistas como Pilar Alegría y María Jesús Montero, alineadas con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, en la órbita de Podemos. Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centró el foco en la jurisprudencia del Supremo y no en la reforma de la Ley. Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE añaden que esta reforma no sería viable desde el punto de vista parlamentario.
Según miembros del Ejecutivo, queda descartado que el Gobierno actúe por la iniciativa gubernamental en el parlamento, porque ello exige un largo procedimiento que incluye la solicitud de los informes preceptivos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado. «No daría tiempo en esta legislatura», explican estas fuentes, dado que queda apenas un año de actividad parlamentaria que en realidad se reduce a pocos meses, habida cuenta de que, tras el parón por la Navidades que se retomará en el mes de febrero de 2023 -enero es periodo inhábil en las Cortes-, comenzará la precampaña de las elecciones municipales de mayo del 2023, y difícilmente podría ver la luz un acuerdo entre los grupos parlamentarios en periodo preelectoral.
De hecho, este es uno de los motivos por los que el Gobierno ve altamente improbable iniciar los trámites de la modificación legislativa, ni siquiera si se recurre a la iniciativa de los grupos parlamentarios a través del trámite de urgencia. En este caso, por la vía de una proposición de ley sería rápida. En apenas un mes podría elevarse a pleno la votación, como ha ocurrido con la proposición de ley del PSOE para modificar el Código Penal en lo relativo a los delitos de sedición. Pero «Podemos votaría en contra y no habría mayoría parlamentaria».
Desde la órbita morada del Gobierno, también descartan esta vía de la corrección de la norma en las Cortes: «No está claro que vayamos por la vía de la modificación». Podemos pone el acento en los jueces aunque moderan la crítica empleada por la titular del ramo, Irene Montero, y su equipo. «Los jueces que han rebajado penas están operando desde el automatismo, sin tener en cuenta que se han fundido los delitos de abuso y agresión. Es decir, mal».
La soledad de Montero
La ministra Montero reapareció este jueves en el Senado en un acto del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el Senado, donde coincidió con el presidente del CGPJ, organizador del acto, Rafael Mozo. Siguiendo su crítica a los jueces «machistas» que se niegan a aplicar una ley que no tiene brecha alguna ni incorrección en su articulado, la titular de Igualdad insistió en la necesidad de que exista «formación para velar para que los profesionales del sistema de justifica manejen los temas con sensibilidad». Y pidió a la Fiscalía General del Estado que colabore con «su importante rol para lograr la aplicación efectiva de la Ley frente a las feroces resistencias».
El Gobierno ha dejado sola a Montero en sus críticas a los jueces y ha querido incluso desautorizarla públicamente por su «exceso verbal». La encargada de hacerlo fue la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien mandó su «absoluto respeto a todos los jueces y juezas de los juzgados de primera instancia, a los magistrados en su trabajo y en su desempeño». Y añadió: «Creo que es muy importante que no olvidemos nunca la separación de poderes. Hay que tener siempre un respeto absoluto a la acción de los jueces. Es el respeto del Gobierno y también el mío personal».
En privado, el Gobierno admite que las palabras de Montero no son aceptables, pero más por las formas que por el fondo. Y, sobre todo, por echar más gasolina al fuego poniendo en bandeja al PP una nueva ofensiva contra la ministra de Igualdad, a quien piden su dimisión al igual que algunas asociaciones de jueces y el propio CGPJ. Las críticas llegan incluso desde el PSOE y sus territorios. El presidente valenciano, Ximo Puig, abogó por «corregir la Ley si tiene defectos» y recordó que «todos tenemos nuestra responsabilidad. No se trata de erosionar el funcionamiento estado derecho con algunas declaraciones generamos inquietud sobre el estado de derecho. Este país debe serenarse». Una corrección a la que también instó el barón manchego, Emiliano García-Page: «Irene Montero debería rectificar, aunque no dimitir».
