Las enmiendas de ERC blindan otro 1-O y benefician a los políticos del 'procés'
El grupo nacionalista ha pedido la reforma del delito de malversación, que solo castigaría a los cargos públicos que se apropien el dinero público
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián. | Europa Press
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha presentado sus enmiendas al delito de sedición, que entre otras propuestas recogen un blindaje de otro acto similar al vivido el 1 de octubre de 2017 en Cataluña (referéndum ilegal y protestas y acciones contra las autoridades) y benefician a los políticos del procés acusados de malversación a través de una rebaja de las penas y de la inhabilitación para ejercer un cargo público. En la actualidad hay más de 20 altos cargos de ERC y Junts con procesos judiciales abiertos por este delito por su implicación en el referéndum ilegal de 2017.
La formación nacionalista añade de esta forma la reforma del delito de malversación, plan que apoyará el PSOE tras las negociaciones entre ambas formaciones. Tal y como avanzó THE OBJECTIVE, las enmiendas presentadas por ERC pretenden rebajar las penas a aquellos cargos públicos que no se lucren con los dinero público.
La formación ha propuesto que se rebajen a la mitad las penas para los políticos y autoridades que «sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», que pasará a suponer una pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años, todo ello a través de la creación de un nuevo artículo 432 bis.
La reforma que propone la formación nacionalista y la horquilla de fechas que plantea en su enmienda no es casualidad. De ser aprobada por las Cortes, el Tribunal Supremo podría revisar las penas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, quien vería rebajada su condena por malversación en el ‘procés’ y que podría concurrir a las elecciones catalanas de 2025.
Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de cárcel para «la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público».
Y ese artículo 252 señala que «serán punibles (…) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».
«Se propone una modificación del delito de malversación de caudales públicos que vuelve a la estructura planteada en 1995, donde lo que se considera malversación son las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares», puede leerse en el documento.
Ocupación de locales
ERC también apuesta por suprimir el apartado 16 del Artículo Primero relativo a los desórdenes públicos por lo que respecta a ocupación de locales: «Los hechos recogidos en el actual artículo 557 ter, que en la propuesta se convierte en el 557 bis, no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal pues las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios no producen una afectación de la paz pública. Por este motivo se propone suprimir este artículo del Código Penal».
Como informó este periódico, las principales entidades independentistas, así como Junts per Catalunya, se opusieron al nuevo delitos de desórdenes agravados que planteó el Gobierno porque, a su juicio, «criminalizaba la protesta política». Ahora ERC, en sus enmiendas, ha recogido esta reclamación para evitar que otro 1-O pueda ser delito, al haber ocupado «pacíficamente» los colegios electorales.
ERC pide rebajar las penas de desórdenes a un año
La propuesta del partido catalán vendría a rebajar las penas contempladas en la modificación planteada por el Gobierno. El Ejecutivo propuso derogar el delito de sedición y sustituirlo en su lugar por uno de desórdenes públicos agravados, que contempla penas para las autoridades de tres a cinco años de prisión -frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente- e inhabilitación de 6 a 8 años –frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual-.
El partido catalán propone rebajar a un año la pena mínima del tipo agravado, explica, «con una doble finalidad». «En primer lugar, para que la pena propuesta sea coherente con la gradación de penas previstas en el capítulo, pues es un criterio habitual que los tipos agravados no empiezan a partir de la pena máxima del tipo básico. En segundo lugar, para dejar un margen más amplio a los jueces para adaptar la pena a la gravedad y las circunstancias concretas de cada caso», explican.
Asimismo, la formación propone reformar el tipo básico de desórdenes públicos y que se castigue «con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia causando lesiones a las personas o produciendo daños en las propiedades».
Esta propuesta, señalan, tiene «la voluntad de mejorar la adecuación de los preceptos recogidos en esta reforma a los principios democráticos y evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada por parte de los tribunales, limitando así una eventual voluntad de entenderlos como un delito de peligro».
