El PP pide la comparecencia de tres ministros del PSOE ante las dudas en la regulación del 5G
Esta solicitud se produce en un contexto en el que el Gobierno todavía no ha desvelado su ‘lista negra’ de operadores vetados para desarrollar estas redes
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. | Europa Press
El PP se exaspera ante las dudas que genera el desarrollo del 5G en España. Con el propósito de solventarlas, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo ha solicitado la comparecencia de tres ministros del PSOE para que aporten las debidas explicaciones sobre la situación actual del despliegue de esas redes en nuestro país, así como sus implicaciones en la seguridad nacional. Así lo ha hecho constar el Grupo Parlamentario Popular a través de varias misivas firmadas por su portavoz Cuca Gamarra, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, dirigidas respectivamente a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño; al ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
En concreto, Cuca Gamarra solicita la comparecencia de los tres ministros en las comisiones del ramo que les corresponde a cada uno: la de Asuntos Económicos y Transformación digital en el caso de Calviño, la Comisión mixta de Seguridad Nacional en el de Bolaños, y la de Asuntos Exteriores en lo referido a Albares. A este último, además, se le requiere que explique las implicaciones que tiene el desarrollo del 5G en el concepto estratégico de la OTAN aprobado en la reciente cumbre de Madrid celebrada en junio del año pasado.
Esta solicitud se produce en un contexto en el que el Gobierno todavía no ha desvelado su ‘lista negra’ de operadores vetados para desarrollar redes 5G en España, y en la que se desconoce si estarán gigantes chinos como Huawei. El Ejecutivo está aún ultimando el Esquema Nacional de Seguridad de Redes y Servicios 5G, la regulación que establecerá la política de seguridad en la utilización de estas infraestructuras. Según informó THE OBJECTIVE, los planes del Ejecutivo pasan por tener cerrado este nuevo esquema en el primer trimestre del año para así poder abordar cuanto antes la postergada elaboración de la lista de proveedores vetados de las nuevas redes de telecomunicaciones de 5G.
En el marco de la Ley de ciberseguridad 5G publicada a finales de marzo del año pasado, este Esquema Nacional de Seguridad 5G es precisamente el paso previo antes de abordar esta listado de suministradores de «alto riesgo» de tecnología 5G que no podrán estar presentes en las redes españolas ni en infraestructuras críticas de nuestro país. Un listado que ya ha vetado a empresas chinas como Huawei en Reino Unido y que estos meses abordan –además de España– países como Alemania o Francia.
Durante su intervención en las jornadas anuales de DigitalES, la patronal de las operadoras de telecomunicaciones, el entonces director general -actualmente secretario general de telecomunicaciones- Arturo Azcorra, indicó que su idea era tener la lista de proveedores de alto riesgo antes de finalizar 2022, o a comienzos de este. Un listado que además se elaborará junto con las infraestructuras que podrían ser consideradas críticas según la nueva ley.
Sin embargo, el hecho de que todavía no se publique el Esquema Nacional de Seguridad de Redes y Servicios 5G da pistas de que este plazo probablemente se supere y que no se tenga la lista hasta bien entrado el primer semestre de este año.
Ayudas a Telefónica, Orange y Vodafone
En paralelo, el Gobierno ha reservado 482,1 millones de euros para el despliegue de infraestructuras activas de 5G en zonas rurales, un montante que debería adjudicarse a finales del año 2023, según consta en el Plan Estratégico de subvenciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Estamos hablando de una de las mayores cifras en subvenciones aprobadas por esta cartera hasta la fecha, y solo equiparable con los 477,2 millones del plan de fibra óptica en zonas rurales.
Este plan, denominado Único 5G Activas, es una de las mayores demandas de las operadoras de telecomunicaciones, que hasta la fecha solo pueden recibir ayudas a infraestructuras pasivas en 5G. Estas son las que se destinan a las torres de telefonía móvil, pero sólo a componentes como hardware o aparatos energéticos, mientras que la infraestructura activa toma en cuenta la tecnología y el software que se requiere para adaptar estos emplazamientos al entorno 5G, tanto en torres como carreteras o instalaciones eléctricas.
De esa manera, las ayudas pasivas -se han lanzado 150 millones este año, sin el interés del sector- sólo están dirigidas a los dueños de las torres como Cellnex, Totem (filial de Orange), Vantage (filial de Vodafone) y American Tower, mientras que las ayudas activas se enfocan directamente a las operadoras que desplieguen las redes de 5G como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil, esta última sin espectro en la última subasta de 700 MHz.
