El Gobierno critica a Llarena por su auto sobre Puigdemont y le pide que no se meta en política
Montero ha destacado que esta reforma «endurece las figuras penales de corrupción» con la creación del nuevo delito de enriquecimiento ilícito
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
El Gobierno considera que el auto de Pablo Llarena para procesar a Carles Puigdemont por malversación y desobediencia les da la razón, en el sentido de que no permitirá que el expresidente catalán pueda venir a España «con alfombra roja e impunidad, como defiende el PP». Fuentes gubernamentales y socialistas aseguran que este auto del juez «facilita la extradición» y podría favorecer la vuelta de Puigdemont a España en esta legislatura, uno de las promesas de Pedro Sánchez cuando pronunció la famosa frase: «¿De quién depende la Fiscalía?».
De esta forma, el Ejecutivo intenta desviar la atención de los rejones jurídicos que dedica el magistrado al Ejecutivo después del auto que emitió ayer en el que criticó la supresión del delito de sedición en el Código Penal que, en la práctica, supone una despenalización del ‘procés’. En una maniobra de evasión, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha querido este viernes darle un ‘toque’ al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por las consideraciones «políticas» que, a su juicio, vierte en el escrito judicial sobre la euroorden. Y le ha pedido que no entre en la legitimidad de la política para legislar.
Montero ha comparecido este mediodía ante los periodistas después de la reunión convocada por Pedro Sánchez en Ferraz de la Ejecutiva socialistas y de los ministros del PSOE en el Gobierno. Allí, al ser preguntada por el auto emitido este jueves por el magistrado del Tribunal Supremo, la ministra ha afirmado que no iba a entrar en los contenidos «de la misma manera» que piden que cada poder ejerza su responsabilidad: «Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación».
‘Zapatero a sus zapatos’
Con la línea de ‘zapatero a sus zapatos’, Montero reprendió veladamente al juez Llarena al recalcar que «la Justicia lo que tiene que hacer es administrar Justicia» y los políticos «legislar conforme a su escala de valores». Y ha asegurado que lo que busca el Gobierno con la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y reforma el de malversación es el «impulso a la convivencia» en Cataluña y el conjunto de España.
Por otro lado, Montero ha señalado que el auto de Llarena «pone de manifiesto que el PP ha mentido respecto a la reforma del Código Penal», ya que el principal partido de la oposición decía que el Gobierno «ponía alfombra roja a Puigdemont para que se paseara por nuestro país con impunidad». «Y el auto pone de manifiesto lo contrario, se reclama a Puigdemont para que responda ante la Justicia», ha añadido Montero, que ha afirmado que es algo que el PSOE ha defendido «siempre».
El Gobierno y el PSOE consideran que el auto «le quita la razón al PP» sobre la extradición de Puigdemont, lo que «no es lo mismo que dé la razón a otro», en referencia a que, pese a sus críticas, Llarena pudiera dar la razón al Gobierno sobre los efectos de mantener la inhabilitación a los condenados del procés, dado que el Ejecutivo intentó inicialmente sostener que la reforma no se hacía para favorecer a sus socios independentistas. En este sentido, Montero ha sacado pecho de unas iniciativas que buscar consolidar la convivencia en Cataluña frente a los ‘nostálgicos’ de la beligerancia del 1-O. Un punto en el que trazó paralelismos entre el propio Puigdemont y el PP porque «algunos tienen nostalgia del año 2017 pero ese momento se ha acabado».
El Gobierno evita entrar en el contenido del revés de Llarena pero defiende que su reforma del Código Penal «endurece las figuras penales de corrupción» con la creación del nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Y ha defendido que la reforma de la malversación no busca despenalizar la malversación, sino establecer penas diferentes en función de si ha habido o no lucro privado, ya que en su opinión «no puede tener el mismo reproche penal», aunque no ha llegado a garantizar que no haya una rebaja de penas en determinados casos.
