Encuesta | ¿Hace bien el PSOE en presentar una reforma del 'solo sí es sí' sin Podemos?
Los socialistas han tomado la decisión tras no alcanzar un acuerdo con sus socios de coalición, que se resisten a ceder con la norma de Igualdad
El Partido Socialista no esperará a sus socios de coalición, Unidas Podemos, para reformar la ley del solo sí es sí. La norma, promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, será modificada según el plan de los socialistas, quienes durante una semana habían ofrecido a los morados la posibilidad de pactar el nuevo texto, que reformará las penas para los delincuentes sexuales, sin éxito.
De esta forma y tal y como te hemos contado en THE OBJECTIVE, los socialistas irán al Congreso con su propia propuesta, que tal y como adelantó la Cadena Ser recupera la anterior horquilla de penas, cuya rebaja ha provocado los beneficios para más de 400 delincuentes sexuales en España, que han visto reducidas sus penas gracias a los fallos de la norma.
Podemos ha conocido que sus socios tomarán la vía unilateral -que si nada cambia será sustentada por el PP, lo que dará los votos necesarios para alcanzar la mayoría para su aprobación- a través de los medios de comunicación.
En una entrevista en Tve, el portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha compartido su sorpresa por esta vía y ha defendido la importancia y los beneficios de la ley de Igualdad asegurando que el establecer penas mayores no evita las violaciones -discurso abrazado en las últimas semanas por los miembros de la parte morada del Gobierno ante las excarcelaciones y rebajas de los delincuentes sexuales-.
El Ministerio de Igualdad ha lamentado que el PSOE haya decidido tomar este camino parlamentario sin ellos y ha considerado «inexplicable» que teniendo opciones para el acuerdo opten por «romper» para presentar la misma propuesta que el Partido Popular.
Fuentes de Igualdad han asegurado a Efe que el PSOE no les ha comunicado su decisión y han mostrado su «preocupación» porque PP y PSOE «sumen sus votos» para volver al esquema de la violencia o la intimidación. «El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo sólo sí es sí y vamos a hacer todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del Código Penal», han aseverado las fuentes consultadas.
La reforma que propone el PSOE
La proposición de ley del PSOE, según avanzó este domingo la Ser, mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la ley cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. De esta forma, se recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí la haya, siempre que en esos casos haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.
En la exposición de motivos de la proposición socialista se indica que la reforma «no afecta al corazón de la norma ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual».
Sólo se persigue, según el texto, «blindar la ley en favor de las víctimas para que en casos graves no haya posibilidad de penas bajas», mediante una «respuesta normativa diferenciada».
«El documento también recoge tres disposiciones transitorias para la revisión de condenas cuando la norma entre en vigor. Dice que jueces y tribunales ‘aplicarán la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial’», refiere el citado medio.
Así mismo, el texto que se llevará a la Cámara añade que «en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del código».
La Proposición de Ley «también incluye una modificación en la ley de la infancia que elaboró el departamento del entonces vicepresidente, Pablo Iglesias. La norma elevó los años de inhabilitación y amplió la lista de delitos sexuales contra menores que la llevan aparejada para que los condenados pudieran acceder a profesiones, oficios o actividades con menores de edad».
La proposición de ley explica que la competencia para acordarlo es de las Audiencias Provinciales «lo que ha provocado una saturación de estos órganos judiciales, que podría producir dilaciones en los enjuiciamientos en perjuicio de las víctimas y de su adecuada recuperación» por lo que, agrega, «propone volver a la legislación anterior a la entrada en vigor de esta ley para que también conozcan de estos hechos los juzgados de lo penal».