Los juristas piden paralizar la reforma del Código Penal sobre el maltrato animal
Los profesionales aseguran que los fallos en la redacción de la norma suprimen «la explotación sexual como delito» y llevará a graves errores
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. | Rafael Madero (Europa Press)
En un último intento, la organización INTERcids, formada por jueces, magistrados, fiscales y otros expertos en protección animal ha instado a paralizar la reforma del Código Penal sobre maltrato animal si no se corrigen antes de su debate final «los graves retrocesos» y «errores» que mantiene, y que habría que subsanar.
Esta reforma «no debería seguir adelante si el pleno del Senado la próxima semana no es capaz de llegar a acuerdos para incorporar en la reforma las enmiendas necesarias para evitar retrocesos, corregir errores e introducir las mejoras necesarias que justifican mínimamente haber iniciado este proceso».
Según esta organización formada por jueces, magistrados, fiscales, procuradores, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y otros muchos profesionales pertenecientes al sistema de operadores jurídicos expertos en protección animal, la Comisión de Derechos Sociales en el Senado ha hecho «caso omiso» a las argumentaciones jurídicas de INTERcids para evitar «el gravísimo error» que se está cometiendo con esta reforma.
La organización advierte de que esta reforma «suprime la explotación sexual como delito y condiciona la punibilidad de los actos sexuales con animales a la causación de lesiones» y además mantiene la posibilidad de que los jueces impongan penas de multa en lugar de prisión a conductas de maltrato grave a los animales.
Por otro lado, deja sin resolver el problema de los animales decomisados para evitar que regresen con su maltratador, y asimismo «ignora la necesaria adaptación de determinados artículos del Código Penal, como los de delitos contra la propiedad a la reforma del Código Civil sobre el régimen jurídico de los animales». Por ello, cualquier persona propietaria de animales no podrá denunciar la desaparición de estos a manos de terceros.
La organización denuncia además que los perros y otros animales para la caza y «otras actividades (pastoreo, deporte, terapias asistidas o policía y ejército) siguen excluidos del proyecto».
«Se trata de la primera ley de protección animal en España que deja fuera a estos animales, precisamente los que más protección y control necesitan por parte de los poderes públicos», lamenta la organización.
