El Gobierno recula ante el informe del CGPJ y enmienda la 'ley de maltrato animal'

El aviso del Consejo General del Poder Judicial ha surtido efecto. El PSOE quiere que el maltrato a un animal tenga menos reproche penal que a una persona, un extremo que el proyecto normativo que lidera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra no contemplaba. El grupo parlamentario socialista ha registrado una enmienda al proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de maltrato animal para dejar en un máximo de dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días la pena por lesiones a un animal cuando no requieren tratamiento veterinario, para diferenciarlo del castigo por lesiones leves a una persona, penado de uno a tres meses.

La enmienda se alinea así con la propuesta de informe que el Pleno del CGPJ tiene previsto aprobar este jueves 24 de noviembre y que ha sido adelantado este lunes. Una ocasión que ha aprovechado el PSOE, que en la justificación de su enmienda da la razón al Poder Judicial y no ve «tolerable» que unas mismas lesiones ocasionadas a un animal merezcan una penalidad superior que las producidas a un hombre, y en ese sentido, ha propuesto cambiarlo en el Congreso de los Diputados.

Así consta en las enmiendas presentadas al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley del Código Penal en materia de maltrato animal -que se tramita de manera paralela al proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal- con el fin de, por un lado, evitar que se provoque daño a los animales con ánimo de ejercer violencia vicaria así como para frenar la impunidad que percibe la sociedad española frente a los delitos de maltrato animal, no solo a las mascotas, sino también a todos los vertebrados, independientemente de si son domésticos o viven en estado silvestre.

Ambos proyectos de ley fueron propuestos por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. En este momento, se encuentran en fase de tramitación legislativa en el Congreso de los Diputados.

Modificación «puntual»

La diputada del grupo parlamentario socialista Isaura Leal, que firma la enmienda, propone modificar el texto del apartado 1 del artículo 340 bis del Código Penal de modo que su punto cuarto, establezca que si las lesiones producidas al animal no requiriesen de tratamiento veterinario estas se castiguen con una pena de multa de uno a dos meses –en vez de hasta tres meses como figura en el proyecto de ley– o por trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

El PSOE justifica que la redacción actual del Proyecto de ley contempla una mayor pena que el tipo penal de lesiones que regula el artículo 147 del Código Penal. Sin embargo, añade que los bienes jurídicos a cuya protección sirve la intervención penal son distintos en ambos preceptos.

Leal argumenta en la enmienda que la respuesta punitiva, en función del principio de proporcionalidad, debe ser acorde con la naturaleza de bien protegido. En el caso de lesiones contra las personas, su integridad corporal o su salud física y mental. Este derecho fundamental está reconocido en el artículo 15 de la Constitución y recuerda que recientemente una sentencia del Tribunal Supremo añade que «es criterio de enorme valor exegético la comparación con las penas señalada a las lesiones causadas a las personas».

En definitiva, el PSOE considera que «no sería tolerable que unas mismas lesiones ocasionadas a un animal mereciesen una penalidad superior que las producidas a un hombre».

Informe del CGPJ

En su propuesta de informe, el CGPJ señala precisamente que si se compara el delito de lesiones de animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario con el delito leve de lesiones a las personas que no requieran tratamiento medico o quirúrgico, la pena es la misma, es decir, una pena de multa de uno a tres meses. Considera que esta modificación penal puede afectar al principio de proporcionalidad.

Así, observa que la pena de prisión prevista en el anteproyecto para este supuesto es superior a la que está actualmente fijada para el delito leve de coacciones, el de amenazas leves, el de lesiones que no precisan tratamiento médico o quirúrgico o el de maltrato de obra en el ámbito de violencia sobre la mujer.

La propuesta de informe también alerta del efecto contrario en relación a la proporcionalidad de las leyes y señala algo parecido a lo ocurrido con la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí. Así, indica que, según la exposición de motivos del anteproyecto remitido por el Gobierno, este pretende acabar mediante el endurecimiento de las penas con lo que describe como «una sensación de impunidad generalizada ante el maltrato animal, con penas poco efectivas ante dichas acciones y carentes de efectos disuasorios».

«El prelegislador señala, en este sentido, que las penas a imponer actualmente suelen ser inferiores a dos años, motivo por el que los condenados no ingresan en prisión al poder ser suspendidas o sustituidas», añade el CGPJ.

Enmiendas de Podemos

Por su parte, Unidas Podemos plantea con sus enmiendas, también en línea con el CGPJ, la eliminación de la multa como alternativa a la pena de prisión por maltrato animal recogido en el artículo 340 porque considera que es «un retroceso» ya que en este momento cometer este delito «únicamente» está castigado con penas de prisión, por lo que las multas alternativas a la pena de presión son «más leves que las impuestas en el ámbito administrativo», de modo que los autores de maltrato animal podrían resultar «más favorecidos» en un proceso penal que en uno administrativo.

Para Unidas Podemos, no puede sostenerse la elección entre la pena de prisión y la pena de multa, en aplicación del principio de proporcionalidad y por razones de justicia social y la gravedad del delito. Así, reflexiona que ese hecho conduciría a la situación en la que la pena impuesta por agredir a un animal sería menor que la prevista para el delito de hurto, algo que califica de «totalmente incongruente y desproporcionado».

Asimismo, advierte de que la posibilidad de sustituir la pena por multa podría quedar en la práctica «como una pena inaplicable, reducida incluso a mero simbolismo», lo que es contrario a los objetivos de la reforma. por otro lado, propone elevar las penas propuestas con prisión de seis meses a dos años y en caso de que el maltrato ocasione la muerte al vertebrado la pena de cárcel pasaría de 1 a 3 años, uno más de lo actualmente previsto.

Enmiendas de otros grupos parlamentarios como Junts per Cat, Compromis, Más País-Verdes Equo o ERC coinciden en la apuesta por elevar las penas contempladas en el proyecto de ley y de las que, precisamente, advierte el Consejo General del Poder Judicial en su escrito de este lunes. Cs, por su parte, coincide también con UP en la importancia de que las penas no puedan conmutarse por multas. Vox y PP presentaron enmiendas a la totalidad de esta norma para que sea devuelta al Gobierno y que fueron rechazadas en el pleno del Congreso el 6 de octubre.