La dueña de un burdel denuncia «presiones» tras amagar con revelar clientes diputados
Susana Pastor tuvo que cerrar el local que regentaba en un municipio valenciano tras amenazar con dar nombres de políticos que pagaban por servicios sexuales
Susana Pastor, presidenta de Astras. | The Objective
El negocio marchaba viento en popa, pero los aires comenzaron a cambiar tras unas declaraciones. Susana Pastor, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales (Astras), denuncia que recibió «presiones» y tuvo que cerrar el local que regentaba en Torrente, el pueblo valenciano en el que nació el exministro José Luis Ábalos. Sucedió en octubre, después de que la empresaria amenazara con revelar los nombres de los diputados que tenían como clientes si salía adelante la norma que impide ejercer la prostitución.
El Congreso tramita desde septiembre una proposición de ley para modificar varios artículos del Código Penal. La propuesta, registrada en junio por el PSOE, busca castigar el proxenetismo de forma más amplia y multar a quienes paguen por sexo. El texto incorpora la tercería locativa, es decir, sanciona a aquellos que obtienen lucro por proporcionar un lugar donde ejercer la prostitución.
Muchas trabajadoras sexuales se quejaron de la iniciativa. Pastor puso voz a la indignación y amenazó con revelar los nombres de los diputados que pagaban por tener sexo si los cambios normativos salían adelante. Entonces comenzó su calvario. Asegura que en ese instante empezó a recibir visitas de policías de paisanos.
Diputados en los clubs
«Controlaban a las chicas, pedían documentos del local y se ponían en la puerta para espantar a los clientes», asegura Pastor a THE OBJECTIVE. En los dos años que llevaba abierto el centro nunca había tenido problemas. Relaciona sus palabras con lo sucedido: «Hablé de más y tuve presión policial. Pero no me arrepiento».
Pastor explica que la semana en la que soltó la bomba la policía estuvo tres veces en su local de Torrente. «Lo hacían de paisano. Yo me preguntaba qué hacían los agentes en mi casa cuando no tenía ningún antecedente. Y mucho menos por proxenetismo o por trata». La presidenta de Astras desvela que las visitas fueron a más y que llegó un momento en el que acudían a diario.
«Estuvieron una semana aparcando en la puerta. Siempre de paisano. Se quedaban en el coche y solo salían cuando llegaba alguna chica o un cliente. Les pedían documentación para ahuyentarles», insiste Pastor. Fue cuando lo vio claro: tenía que cerrar el local porque nunca la dejarían en paz. Bajó el telón a finales de octubre.
Tres encargadas y la limpiadora que trabajaba en el centro perdieron su empleo. La decena de mujeres que alquilaban las habitaciones regularmente tuvieron que buscarse otro lugar donde ofrecer sus servicios. «Las chicas son clientas. Ellas venían aquí y contrataban un servicio», especifica Pastor. Las defiende porque «cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera». Otra cosa, afirma, es la trata: «Todos estamos en contra de eso».
Rifirrafe con Ábalos
La presidenta de Astras sostiene que alguien dio un toque de atención a los agentes. «La orden venía de arriba». Descarta al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, el partido al que pertenece Ábalos, con el que ha protagonizado más de un rifirrafe. El último, a raíz de la condena de 6.000 euros impuesta a la periodista Cristina Seguí por arremeter contra el exministro de Transportes en Twitter. Pastor ideó que las prostitutas de su asociación destinaran una pequeña cantidad para sufragar la multa.
«Era policías locales, no municipales. En los últimos meses también me han parado mucho mientras conducía. Nunca me había pasado. Ya es casualidad que me paren a mí siempre con lo grande que es Torrente», se queja Pastor. La mujer ha tenido que reinventarse, aunque no descarta volver al negocio que acaba de dejar.
No se arrepiente de sus palabras. «Dije lo que tenía que decir. No me van a callar. Cada uno defiende su pan», reconoce Pastor. En su opinión, sus declaraciones tenían como objetivo velar por la integridad de las mujeres que ejercen la prostitución. «Yo perderé económicamente, pero si llega la abolición otras perderán la vida, porque no tendrán seguridad».
Pastor afirma que en España hay más de 150.000 trabajadoras del sexo. El Gobierno calcula que son 45.000. El dato está incluido en un informe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio del Interior, y data de 2012.
Este diario ya avanzó que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha encargado un estudio para actualizar la cifra. Pagará más de 100.000 euros. Donde no hay acuerdo es en el porcentaje de estas mujeres que son víctimas de explotación sexual. El Ejecutivo calcula que más del 90% y la presidenta de Astras lo rebaja a un solo dígito.
