El Gobierno abolirá la prostitución sin saber cuántas personas la ejercen en España

El Consejo de Ministros aprobará este martes la Ley Integral Contra la Trata, que supone de facto la abolición de la prostitución, sin disponer de datos fiables sobre el número de mujeres que son víctimas de trata, y sin saber cuántas personas quedarán en la calle como consecuencia. Sin saber, en definitiva, cuántas prostitutas ejercen en España. Esto es así porque el Ministerio de Igualdad no ha encontrado a nadie que, por un importe de 85.000 euros, investigue esta realidad.

Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, Irene Montero prometió esta cantidad a quien le confeccionara un estudio sobre la «estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución» en nuestro país. Pero el Portal de Contratación anuncia que dicho contrato ha quedado «desierto». Esto es, Igualdad no ha encontrado adjudicatario.

Cabe recordar que la Delegación contra la Violencia de Género justificó en septiembre la convocatoria porque «los datos y estudios sobre prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual a nivel nacional e internacional son escasos, y los que hay presentan numerosas limitaciones (generalmente son de tipo cualitativo y/o usan muestras no representativas y sesgadas), lo que se traduce en que coexisten una gran variedad de cifras y datos».

Esta convocatoria supuso, en la práctica, una admisión de la ignorancia del Ejecutivo en esta materia, pese a que -en su empeño abolicionista- ha deslizado durante meses distintas cifras para justificar la necesidad de combatir lo que, en su opinión, supone una «lacra». La principal, que 45.000 mujeres ejercerían la prostitución en España. Un dato que se extrae del informe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y data de 2012. La otra cifra, que un 90-95% el número de mujeres prostituidas que son víctimas de trata o de explotación sexual.

Ambas son discutibles, ya que no se fundamentan en estudios recientes ni fiables. El propio sector afectado por la abolición asegura que más de 150.000 familias viven del mismo, y académicas como Carmen Meneses o Mariona Llobet cifran las víctimas de trata en entre un 10% y un 12% del total de mujeres que ejercen la prostitución. 

Sin subcomisión de investigación

PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo del Partido Popular en el Hemiciclo, aprobarán la abolición de la prostitución sin conocer a ciencia exacta las cifras que rodean esta polémica actividad. La propuesta del PNV para crear una subcomisión que permita elaborar «un diagnóstico veraz» del tema y así «legislar en consecuencia» no se votará este miércoles en la Cámara Baja, y ha quedado postergada sine die.

Esto ha provocado la indignación de Susana Pastor, la portavoz de ASTRAS (Asociación Trabajo Sexual) que se ha reunido con los distintos partidos -también con socialistas y populares- para pedirles su apoyo a la iniciativa jeltzale. En balde. «Siguen hacia adelante con la abolición sin pensar en todas las personas que sufrirán, y ya están sufriendo, agresiones», lamenta en conversación con este medio.

La líder de las prostitutas denuncia que la norma provocará una «clandestinización» de la actividad (no se erradicará, pero sí se llevará a cabo en lugares más precarios) y un auge de la violencia sexual contra ellas. Así estaría sucediendo ya, aun cuando la norma no se ha aprobado: «Hay clientes que, como se creen que la ley está aprobada, se niegan a pagar a las trabajadoras sexuales o se niegan a irse cuando han terminado el servicio. Es un aperitivo de lo que pasará en un futuro».

La abolición de la prostitución

La norma socialista para abolir la prostitución modifica el artículo 187 del Código Penal para «castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Esto es, prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Esta medida no ha generado quejas del gremio.

Pero la polémica estriba en que también se castigará la tercería locativa. Es decir, que se penalizará al que destine de manera habitual y con ánimo de lucro un local para que se practique la prostitución con entre dos y cuatro años de prisión. También se castigará a los puteros. Los clientes o consumidores de sexo pagado serán multados de 12 a 24 meses, una pena que aumentará en caso de que la prostituta sea menor de edad. Es por eso que se habla de abolición: nadie podrá pagar por sexo.

Si el Congreso de los Diputados finalmente aprueba la abolición de la prostitución y no se estudia al sector, las prostitutas darán los nombres de aquellos diputados que son clientes. El escándalo estará entonces servido. Y es que, según adelantan, hay «puteros» dentro «de todos los partidos políticos abolicionistas» (PSOE, PP y Unidas Podemos). También, dicen, «la expareja de una ministra de Igualdad».