El Gobierno prepara las exhumaciones del Valle de los Caídos en plena precampaña electoral
El Tribunal Supremo dio luz verde a las inhumaciones tras rechazar el recurso de una asociación. Los operarios llevan semanas trabajando en el acceso
Acceso a la basílica del Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press)
El anhelo de la familia Lapeña, Fausto Canales o Francisca González está cada día más cerca de cumplirse. Llevan toda una vida tratando de recuperar los restos de sus parientes, enterrados sin consentimiento en el Valle de los Caídos. Tras décadas de silencio y siete años de trabas burocráticas, por fin lo van a conseguir. El Tribunal Supremo ha dado luz verde a las exhumaciones tras rechazar el recurso de una asociación que trataba de evitarlas. Los operarios llevan semanas trabajando en el acceso de las criptas y la inhumación de los cuerpos es «inminente», explican a THE OBJECTIVE fuentes cercanas a esas labores.
El Valle de los Caídos, ubicado en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, es la construcción más emblemática del franquismo. Levantado con la ayuda de presos republicanos, que así veían reducidas sus penas, se abrió al público en 1959. Desde entonces y hasta los años ochenta fueron trasladadas desde fosas comunes de toda España cientos de víctimas de la Guerra Civil.
En sus criptas se encuentran los restos de 33.000 personas, un tercio sin identificar. Muchas de ellas leales a la Segunda República que fueron asesinadas durante la contienda. Acabaron en Cuelgamuros después de que sus tumbas fuesen profanadas. Tras décadas de silencio, la familia Lapeña, natural de Calatayud (Zaragoza), interpuso una denuncia para recuperar los restos de Manuel y Antonio.
Valle de los Caídos
El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial dio luz verde en 2016 a las exhumaciones de los hermanos Lapeña, las primeras en el Valle de los Caídos, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica aprobada una década antes durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Familiares de otras víctimas se adhirieron a la petición para recuperar a sus parientes.
El Gobierno encargó en 2021 a Tragsa las obras para acceder a las criptas del Valle de los Caídos. Concedió una subvención de 665.000 euros para identificar y exhumar a las víctimas. Patrimonio Nacional, organismo que gestiona el espacio, consideró que la empresa pública cuenta «con los medios humanos y técnicos suficientes para la realización de los trabajos». Sin embargo, un juzgado se cruzó en el camino y acordó suspender las labores de forma cautelar.
Esa decisión motivó que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial aplazara la licencia urbanística hasta que la sentencia fuese firme. Los familiares de las víctimas amenazaron con denunciar a la alcaldesa, Carlota López (PP), por entorpecer las inhumaciones. A pesar de que la licencia estaba en suspenso, el Gobierno retomó a principios de diciembre los trabajos para recuperar los restos de 118 víctimas en el Valle de los Caídos.
Semanas más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó las medidas cautelares. Los trabajos para acceder a las criptas se intensificaron hace cinco semanas, según ha podido confirmar este diario. A principios de esta semana, el Tribunal Supremo eliminaba el último escollo para iniciar las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que amenaza con llevar el caso al Tribunal Constitucional.
«Las exhumaciones son imparables»
«Las exhumaciones son ya imparables. Da igual dónde vayan porque ya no hay medidas cautelares», afirma Fausto Canales, que a sus 89 años continúa luchando por enterrar dignamente a su padre, asesinado por unos falangistas en Aldeaseca (Ávila) durante la Guerra Civil. «Esperamos que los trabajos empiecen pronto y esto se resuelva cuanto antes», insiste Silvia Navarro, que busca recuperar los restos de su tío-abuelo, asesinado en el Cementerio Municipal de Calatayud.
Las familias no han sido informadas de las labores. Fuentes cercanas a esos trabajos aseguran a THE OBJECTIVE que en las próximas semanas estarán en disposición de comenzar las exhumaciones: «Es inminente». Una portavoz del Gobierno reconoce que el pronunciamiento del Tribunal Supremo es «una buena noticia» porque «supone que no va a haber ningún retraso más». Sin embargo, evita establecer una fecha para el inicio de las inhumaciones: «Se está avanzando en los preparativos».
«Llevan 25 días trabajando. Han blindado la basílica, trabajan en la capilla del sepulcro y no permiten entrar a los monjes», lamenta una de las personas consultadas. Le preocupa que los trabajadores de Tragsa dañen los osarios o «profanen» alguna tumba, ya que muchas familias se han opuesto a las inhumaciones. Los operarios no están autorizados a iniciar las inhumaciones hasta que se persone la comisión de forenses que nombró el Gobierno en verano de 2021.
Este grupo tiene la tarea de vigilar cada movimiento de huesos que se realice en las criptas. Formado por siete especialistas, entre ellos dos eminencias de la antropología como Francisco Etxeberria y Francisco Ferrándiz, su función es identificar los restos. Ambos tienen una experiencia contrastada, pues han participado en inspecciones preliminares y colaborado con las asociaciones memorialistas en decenas de exhumaciones de fosas de la Guerra Civil.
