Exteriores suspende la investigación a la embajadora en La Haya por temor a prevaricar
UGT advirtió a Albares de que el subsecretario y los inspectores podrían incurrir en los delitos de prevaricación administrativa y usurpación de funciones públicas
El Ministerio de Asuntos Exteriores decidió este martes suspender in extremis la inspección de servicio a la embajada española en los Países Bajos, en la que se iban a documentar las quejas de varios empleados en los últimos meses por presuntos casos de acoso laboral y abuso de autoridad a cargo de la actual embajadora, Consuelo Femenía, y su número dos, el ministro consejero Jorge Ávila, según desvelan fuentes diplomáticas y sindicales a THE OBJECTIVE.
El equipo de inspectores, liderado por el embajador Alonso Dezcallar, se encontraba en la capital holandesa cuando la embajadora les comunicó la orden recibida desde Madrid de aplazar las declaraciones. El motivo, según las citadas fuentes, fue el temor a prevaricar al no tener los inspectores la certificación acreditativa de haber superado el curso selectivo que imparte el Instituto Nacional de Administración Pública, tal y como denunciaron los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y SISEX en una carta conjunta a la que tuvo acceso este periódico.
UGT fue más allá y envió la pasada semana una carta al ministro José Manuel Albares con el epígrafe Gravísima acusación contra la Subsecretaría, en la que advirtió de que el subsecretario, Luis Cuesta, podría incurrir en «un delito tipificado penalmente (art. 228) como prevaricación administrativa» por este caso, mientras que los inspectores, «sin estar debidamente habilitados», podrían cometer el delito de usurpación de funciones públicas (art. 166).
«Consideramos, imperiosamente, un deber por parte del subsecretario que justifique de forma fehaciente e inmediata, la acreditación de la que gozan estos inspectores, las fechas de los cursos seguidos, prueba de su asistencia y cuándo obtuvieron la acreditación. De lo contrario, el subsecretario sería presuntamente responsable de la posible impugnación de la inspección, así como de la responsabilidad penal, tanto suya como de los supuestos inspectores», alertó UGT en su escrito al jefe de la diplomacia.
Piden a Exteriores una inspección «independiente»
Este sindicato recordó que las inspecciones de servicio «afectan a todo el personal». Es decir, tanto diplomáticos como cancilleres, administrativos, auxiliares y laborales. «Todos por igual, y sin excepción, pueden contar con el incondicional apoyo de la UGT para defender sus derechos frente a las irregularidades que puedan sufrir por parte de la administración», puntualizó.
UGT propuso a Albares que, con el fin de asegurar que la inspección general de servicios «ejerza adecuadamente la función de control interno y de evaluación» en el ministerio «de manera independiente», los sindicatos estén «implicados como garantes de la adecuada aplicación de la normativa laboral, así como en la evaluación y mejora de los procedimientos».
Exteriores decidió aprobar la inspección en La Haya después de que tres trabajadores -dos chóferes y una auxiliar administrativa- hayan renunciado a sus puestos en la embajada y cuatro personas más -un diplomático, un ordenanza, una oficial y una auxiliar- hayan pasado por diferentes bajas laborales en los últimos meses debido al trato que reciben de sus superiores.
A ello hay que sumar que, a principios de noviembre, había cuatro plazas vacantes por cubrir, por lo que la citada legación española se encuentra en una delicada situación. En las últimas semanas se han convocado comisiones de servicio para trabajar en esta embajada durante dos o tres meses que se han quedado desiertas, un hecho que preocupa en el equipo de Albares.
THE OBJECTIVE tuvo acceso a varios correos electrónicos que los trabajadores de la embajada en La Haya han enviado en los últimos meses al subsecretario Cuesta. La misiva más llamativa fue la carta de despedida de una auxiliar administrativa, M.M-L, remitida el pasado 4 de noviembre a Madrid ante la «alarmante» situación que se vivía dentro de la legación española.
M.M-L es una trabajadora francesa que ha estado contratada por la embajada española ante los Países Bajos en los últimos cinco años como secretaria del ministro consejero para seguir los temas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), un organismo de la ONU con sede en la ciudad holandesa y que está dirigida en la actualidad por el diplomático español Fernando Arias.
La auxiliar describió un equipo local «fuerte y unido» antes de la llegada de Femenía y Ávila en enero y junio del año pasado, respectivamente, cuyo trabajo se hacía «de manera fluida y eficaz» hasta entonces. Con el ministro consejero la relación profesional fue «muy tensa» desde el principio. «No soportó mi manera de trabajar ni de ‘ser’ desde un principio, criticándome, exigiendo que le envíe un acuse de recibo para cada correo que me enviaba para confirmarle si le entendía o no, y acusándome de ‘perder las cosas’ solo porque no le contestaba en seguida», señaló en su carta a Exteriores.
M.M-L reveló en la misiva que la embajadora y su ministro consejero decidieron que la auxiliar francesa representase a España en las dos reuniones más importantes de la OPAQ, las del consejo ejecutivo de junio y octubre, una tarea que Exteriores encomienda en exclusiva a los diplomáticos y que Femenía y Ávila se saltaron, al considerar que formaba parte del cometido de esta trabajadora dentro de la embajada con el argumento de que «los diplomáticos no nos podemos duplicar».
La empleada gala aportó en su carta varios correos electrónicos dirigidos a sus superiores en la embajada. El 8 de julio, tras ser enviada a la reunión de alto nivel de la OPAQ mientras Ávila se encontraba de vacaciones, M.M-L recordó al ministro consejero que su trabajo en la embajada era «auxiliar, y no diplomática ni representante de España, para estar sentada en el Consejo Ejecutivo de la OPAQ sustituyendo a un diplomático».
La propia Femenía terció en la polémica indicándole que «no hay más remedio que, para seguir los temas, a veces tenga que ir a escuchar» a las reuniones más importantes de esta agencia de la ONU, pero la tranquilizó (ver correo de abajo) en el sentido de que no se trataba «de tomar ninguna decisión, ni de opinar, ni hacer ninguna intervención, que eso, sí, no es su nivel».
Sin embargo, ese compromiso de la embajadora no se cumplió pese a que M.M-L pidió en agosto que su presencia se limitase a las reuniones de carácter técnico como oyente. «Les ruego que no me vuelvan a enviar sola, en sustitución del personal diplomático, a las reuniones políticas y diplomáticas de alto nivel de la OPAQ», les pidió a sus superiores.
La empleada francesa, obligada a ir a la reunión
Finalmente, Femenía y Ávila obligaron a la trabajadora francesa a ir a la reunión del consejo ejecutivo de la OPAQ a principios de octubre. Ese día hubo una votación de varios países sobre el presupuesto para 2023, «un documento importante» advierte M.M-L en su carta de despedida a Exteriores. La auxiliar de nacionalidad francesa se encontró de repente en la sala que tenía que votar en nombre de España sin haber recibido instrucción alguna. «Yo, por no saber qué hacer, salí de la sala y escribí a mis dos jefes para preguntar qué hacer en este caso», recuerda sobre aquel momento.
La embajadora le respondió sin demora «que pensaba que España no tenía que votar en esta ocasión» porque ya no era miembro del consejo ejecutivo de la OPAQ, pero que llegado el caso siguiese «la tendencia general de los países de la Unión Europea». El ministro consejero, por su parte, lejos de agradecer a M.M-L que solventase la papeleta de esa forma, atacó a la trabajadora en un chat interno cuando acabó la reunión: «¿Cómo te atreves a molestar a la embajadora por un tema como éste?»; «¿Acaso es la primera vez que vas a una reunión de la OPAQ?»; «¿Cómo decidiste que España tenía que votar?»; «Es una falta de lealtad y de profesionalidad», le espetó Ávila.
M.M-L describe a Exteriores el mal ambiente existente dentro de la embajada, donde la motivación «ha desaparecido» y el espíritu de trabajo colectivo «está ahora destruido». A ello se añade que la comunicación interna «ya no existe» y que las tareas pasan de una persona a otra «sin ninguna consideración por las diferentes categorías de personal», lo que ha llevado a situaciones de duplicidad de tareas en las que afloran «críticas y broncas» de forma reiterada con cada asunto que se encarga.
«Se nos dice que nunca nada está bien hecho, cuando todos llevamos años trabajando bien y sin ninguna queja por parte de nuestros jefes anteriores. Varios de mis compañeros me confirman que ellos también experimentaron situaciones conflictivas parecidas a las mías con los dos nuevos jefes», subraya la administrativa francesa que dejó la embajada a principios de noviembre.
A principios de 2021, siendo Arancha González Laya la ministra, Exteriores publicó un decálogo de Pautas de Relaciones Laborales en el que se asumía el compromiso de «tolerancia cero con respecto a los comportamientos o las actitudes que puedan implicar un abuso de autoridad en el ejercicio del cargo o una grave desconsideración con las demás personas».
Este documento se centra en el trato respetuoso «a todos los compañeros y las compañeras de trabajo, superiores, de igual nivel y subordinados/as» e incluye la advertencia de que «cuando se demuestre fehacientemente la comisión de estos hechos, se tomarán las medidas administrativas que sean precisas».
En cuanto a aquellos que ocupen una «posición de liderazgo» -básicamente, altos cargos, embajadores o cónsules-, estos tienen una «especial responsabilidad» en el desempeño de su trabajo. «Debe evitar un liderazgo autoritario, y en su lugar optar por ejercer un liderazgo democrático favoreciendo la participación en la toma de decisiones de todos los miembros del equipo», se indica en el documento.
La relación con los compañeros de trabajo, «cualquiera que sea la posición que ocupen en el equipo, de mayor o menor rango que uno», tiene que basarse de manera «respetuosa y dignamente», se subraya en el decálogo aprobado por Laya. Y quedan prohibidos los menosprecios: «Abstengámonos de emplear términos despectivos y de incurrir en prácticas o comentarios discriminatorios. No etiquetemos ni juzguemos a los demás. No consintamos que los demás lo hagan», se hace hincapié en las Pautas de Relaciones Laborales. Unas directrices que no se están cumpliendo en la embajada en La Haya y que ahora investigará la inspección de trabajo, subrayan las citadas fuentes.
En los últimos años se ha destituido a algunos embajadores o cónsules a los que se investigó por presuntos malos tratos al personal que tenían a su cargo. El último de ellos fue el cónsul general en Jerusalén, Ignacio García-Valdecasas, en mayo de 2021 por orden expresa de Laya tras confirmarse casos de abuso de autoridad del diplomático con el personal laboral que trabajaba a sus órdenes en Tierra Santa.
Tras la publicación de esta noticia, la Oficina de Información Diplomática (OID) ha enviado a THE OBJECTIVE el siguiente comunicado:
«La de la Embajada en La Haya es una inspección ordinaria, incluida en el programa de inspecciones para 2023 aprobado el año pasado. La Subsecretaría ha considerado prudente suspender temporalmente la inspección prevista y revisar los protocolos de actuación. No es inhabitual que por razones del servicio se pospongan algunas inspecciones.
En todo caso, la actuación de la Inspección General de Servicios se realiza siempre con el apoyo de los servicios jurídicos del Ministerio, cumpliendo estrictamente con la legislación vigente, por lo que en ningún caso cabe prevaricación, ni ningún tipo de ilícito penal, en su desarrollo.
Sobre las supuestas denuncias realizadas, a la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no le consta ninguna denuncia concreta de ningún miembro del personal de la Embajada en la Haya. En cualquier caso, el objetivo de las inspecciones es efectuar recomendaciones para ayudar a mejorar el funcionamiento de las Representaciones de España en el exterior».