Irene Montero adjudica a dedo el 78% de sus contratos y la mitad son a las mismas empresas
De los 434 contratos adjudicados por el Ministerio de Igualdad en lo que va de legislatura, 338 fueron menores y sin apenas supervisión
La fórmula elegida por Montero, que solo afecta de media al 10% de los contratos emitidos por el resto de los organismos públicos, evita los trámites del concurso. | Europa Press
El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero adjudica a dedo tres de cada cuatro de contratos de servicios y obras de su departamento, eludiendo de esta forma la fiscalización de esas licitaciones. El abuso de estos contratos siempre ha estado bajo la lupa porque en ocasiones son troceados con el fin de evitar controles y el cuestionamiento sobre adjudicadores y adjudicatarios.
Los pliegos de los contratos menores pueden adjudicarse a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Mientras, la supervisión es mínima y del asunto se ha encargado en más de una ocasión el Tribunal de Cuentas desvelando la partición de contratos para saltarse los filtros.
Las exigencias para la adjudicación también son más simples que en el caso de los contratos generales y se regulan a partir del artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Así, los contratos menores están previstos para obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y contratos de servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros.
Igualdad prefiere los contratos menores
Al detalle y a partir de los contratos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el ministerio de Montero ha licitado en lo que va de legislatura 434 contratos, de los que 338 llevan el epígrafe de menores. Más de la mitad rozan la cifra límite para el control y un porcentaje muy destacable contempla 14.999 euros. Esta cantidad es suficiente para saltarse múltiples controles de transparencia y la obligación de convocar un concurso público para licitar una obra o servicio.
Además, los contratos menores evitan meses de demora en la concesión, ya que no tienen que afrontar los plazos de presentación de ofertas, el estudio de éstas por una mesa de contratación y cualquier tipo de contratiempo, como los recursos de las empresas que aspiran a la licitación.
La fórmula elegida por el ministerio de Montero evita los trámites del concurso, unas reglas claras para elegir ganadores e impide que muchas empresas acudan, aunque sea para suministrar tóner o cambiar los folios de las impresoras de los departamentos de Igualdad. En torno al 10% de los contratos menores de los organismos públicos rozan los 15.000 euros, el límite para que sean fiscalizados.
Las mismas empresas
Uno de los principales problemas es dejar en el límite las contrataciones -15.000 euros- para eludir muchos de los trámites del control, pero luego ir cediendo contratos complementarios a la misma empresa. Según los detalles a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, casi la mitad de estos contratos menores -159- se los distribuyeron las mismas empresas y personas físicas. Buena parte de estos contratos tienen que ver con diseños, estudios sobre discriminación de la mujeres, infografías, «creaciones artísticas», merchandising y manuales.
Precisamente, adjudicar varios contratos menores a una misma empresa en el mismo ejercicio estaba prohibido por la ley, pero el Gobierno de Pedro Sánchez modificó ese punto mediante un decreto al comienzo de la legislatura con la excusa de que había que adaptar la normativa española a una directiva europea.
En el caso del Ministerio de Igualdad, la mitad de los contratos roza el límite de los 15.000 euros. El contrato más importante facilitado por Igualdad, en este caso no menor, fue el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género. El citado pliego estaba valorado en 46 millones de euros y ha sido financiado con fondos europeos.
