El Gobierno no indultará a Borràs por tratarse de corrupción y ante la proximidad de las urnas
La presidenta de Junts per Catalunya ha sido condenada a cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación por delitos de falsedad documental y prevaricación
Laura Borràs | Lorena Sopêna (Europa Press)
El Gobierno no contempla indultar a Laura Borràs, como sugiere la sentencia. La suspendida presidenta del Parlament ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por un delito de falsedad documental y otro de prevaricación. Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE descartan otorgar la medida de gracia, aunque sea de forma parcial, para evitar que la presidenta de Junts per Catalunya entre en prisión. Alegan dos motivos: a diferencia de los indultos a los líderes del 1-O «se trata de delitos relacionados con la corrupción» y «no vamos a indultar a Borràs antes de unas generales».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insinuó ese rechazo este viernes durante una rueda de prensa desde China. En su opinión se trata de «un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos». No obstante, no descartó el indulto por «ser respetuoso con el procedimiento de nuestro estado de Derecho» en el que tienen que pronunciarse distintas instancias judiciales y, en ultimo término, el propio Consejo de Ministros.
Las fuentes de Moncloa consultadas por este diario cierran la puerta completamente a la concesión de indulto parcial: «¿Pero cómo vamos a indultar a un condenado por corrupción?». Borràs fue condena el jueves por fraccionar hasta 18 contratos para adjudicarlos a dedo. Los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Sin embargo, los propios magistrados solicitaron un indulto parcial al Gobierno al considerar que se trataba de una condena excesiva al no existir lucro personal.
La promesa de Sánchez
Las fuentes consultadas recuerdan la promesa que realizó Sánchez hace unos meses durante la reforma del Código Penal para rebajar los tipos penales sobre la malversación y la sedición. El presidente se comprometió a que «no afecte a ningún caso condenado por corrupción». Algo que «no se ha producido», presume Moncloa. Y por ello, sostienen que está fuera de lugar contemplar ese escenario. Aún más teniendo en cuenta el calendario electoral, con las municipales y autonómicas el 28 de mayo y las generales, previsiblemente, el 10 de diciembre.
En Moncloa recuerdan que los indultos a los líderes del procés era una cuestión «radicalmente distinta» porque «no estaba relacionada con delitos relacionados con la corrupción sino con la convivencia en Cataluña». Un hecho al que hay que sumar el argumento temporal: fue Sánchez quien precipitó su decisión a principios de la legislatura para distanciarla en lo posible de unas elecciones generales.
Lo hizo desde la convicción de que, en caso de coste electoral, diera tiempo para amortiguar el golpe y el electorado progresista tuviera tiempo de asimilarlo como, entienden en Moncloa, ha ocurrido. «Los indultos han sido un éxito de convivencia en Cataluña, ha apaciguado las calles» y ha disparado al PSC, cuyo líder, Salvador Illa, ganó las últimas elecciones catalanas, celebradas el 14-F de 2021.
El caso de Borràs es muy distinto porque no guarda ninguna relación con el procés, explican los expertos jurídicos consultados por este diario. No se trata de una sentencia relacionada con el escenario político, sino con un mala praxis personal que, según los magistrados, ha derivado en un delito de falsedad documental y otro de prevaricación. La presidenta de Junts otorgó al informático Isaías Herrero 18 contratos por valor de 335.000 euros para poner en marcha y mantener las webs de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
«Un atropello democrático»
El beneficiario de esos contratos afirmó al tribunal que acordaron «dividir el trabajo en varios contratos» y que Borràs le pidió que presentara tres presupuestos «comparsa» para cada trabajo con el objetivo de simular la concurrencia de ofertas. La dirigente independentista ha tildado la sentencia como «un atropello democrático» y ha anunciado que la recurrirá al Tribunal Supremo.
Hasta que sea ratificada, el artículo 24 del Reglamento del Parlament le permite mantener el acta. Vox, PP y Ciudadanos ya han pedido a la Junta Electoral Central que se la retire. Borràs ha recalcado que no dejará el Parlament. Además, ha reclamado ser restituida como presidenta del Parlament, algo poco probable. Su partido, Junts per Catalunya, rechaza sustituirla porque supondría «aceptar una derrota», la que podría sufrir en caso de tener que negociar de nuevo el cargo.
El indulto es una medida habitual para librar de la pena a un condenado, aunque no cancela sus antecedentes. En España la regula una ley de 1870 para aquellos reos que tienen una sentencia firme, que en estos momentos no es el caso de Borràs, y no sean reincidentes. Su aprobación corresponde al Rey, aunque la tramitación la desarrolla el Ministerio de Justicia y se aprueba en un Consejo de Ministros.
Su uso ha sido controvertido en muchas ocasiones. El Gobierno de Felipe González indultó en 1988 al general Alfonso Armada, uno de los golpistas del 23-F. Una década más tarde, José María Aznar concedía la medida de gracia a los socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el caso Gal. Especialmente polémico fue el indulto que concedió José Luis Rodríguez Zapatero al banquero Alfredo Sáenz Abad, días después de perder las elecciones en 2011. O más reciente, los del procés.
Los últimos indultos los concedió el Gobierno en el Consejo de Ministros de esta semana, que aprobó la remisión del castigo de cinco condenados. En algunos casos, con ocasión de la Semana Santa, cuando las cofradías solicitan la medida de gracia. Estas deliberaciones excluyen a personas con sanciones elevadas, como las del caso ERE. El expresidente andaluz José Antonio Griñán sigue esperando la medida de gracia. Lo mismo que el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, delator de la Gürtel.
