La Justicia militar archiva la última denuncia del Yak-42 veinte años después de la tragedia
Considera prescrito el posible delito de deslealtad que el juez togado de Zaragoza pudo cometer con las actas de defunción de los militares
El Tribunal Militar Central ha decidido archivar la última denuncia relacionada con la tragedia del Yak-42 en Turquía acaecida el 28 de mayo de 2003, según un auto del pasado 21 de marzo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva y con el que se cierra el caso veinte años después del accidente, en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán. Contra esta decisión (leer abajo) no cabe recurso, por lo que se da carpetazo al último expediente abierto en la Justicia militar.
El tribunal castrense, presidido por el coronel auditor Gonzalo Melón, ha avalado el cierre de las diligencias previas -paso previo a decidir si abre una investigación- que el titular del Juzgado Togado Militar Central número 1 decretó a finales del pasado año tras una denuncia presentada por Juan Manuel Molina, comandante de artillería en situación de retiro, el 28 de julio de 2022 contra el juez togado de Zaragoza que en 2003 emitió las actas de defunción de los militares que fallecieron en el Yak-42 y que, a día de hoy, sigue siendo el hecho más luctuoso dentro de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.
El denunciante consideró que ese magistrado al frente del Juzgado Togado Militar número 32 de Zaragoza colaboró, fuera de su demarcación, en un grave delito con la falsificación de actas y emisión de certificados falsos con fines delictivos. Molina sostuvo que los hechos podían ser calificados de «un gravísimo delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisión de un juez militar en materia civil».
El Juzgado Togado Militar Central número 1 abrió diligencias tras la denuncia y mandó un oficio al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para conocer el estado de las actuaciones que se seguían sobre los mismos hechos, junto con el informe del fiscal jurídico militar en el que se pedía comprobar el objeto y las circunstancias de la denuncia.
Tanto este juzgado como ahora el Tribunal Militar Central admiten que los hechos denunciados solo eran susceptibles de encuadrarse en el presunto delito de deslealtad, si bien el mismo había prescrito a los diez años. Además, el auto deslegitima la denuncia por «la escasez de la información remitida, la descripción demasiado genérica e inconcreta de los hechos», así como la falta de elementos de prueba». Por lo que se archiva la denuncia.
El Yak-42 era un avión subcontratado por el Ministerio de Defensa, dirigido en aquel entonces por Federico Trillo, que se estrelló en Trebizonda (Turquía) en una maniobra de aproximación al aeropuerto. Los familiares de las víctimas denunciaron que el avión no reunía las condiciones de seguridad necesarias y hubo condenas en la vía civil por falsear identificaciones de un gran número de los fallecidos.