Vox lleva al Congreso un «plan de acción» para «revertir» las leyes del Gobierno de Sánchez
El portavoz Iván Espinosa de los Monteros considera que las normas del Ejecutivo han distanciado a los españoles y ponen en riesgo la seguridad nacional
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que su formación va a desplegar en la Cámara Baja un «plan de acción» para empezar a derogar leyes del Gobierno de Pedro Sánchez, como la de Memoria Democrática, con el objetivo de ir «revirtiendo» su «nocivo legado» y, a partir de ahí, poder «empezar a construir» ya en la próxima legislatura.
En rueda de prensa, antes de la reunión de la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros ha detallado que la primera proposición de ley que va a registrar Vox con este objetivo persigue finiquitar las normas «contrarias a la integridad nacional y la integridad de las instituciones» que ha impulsado el Ejecutivo de coalición.
El dirigente de Vox, ha acusado al Gobierno de haber «desmantelado el régimen de garantías previsto en la Constitución» y de haber «acabado con la neutralidad del Estado, restringido la libertad y promovido el enfrentamiento entre españoles».
Vox pide «reunificar» España
Con el objetivo de «deshacer este legado de división y enfrentamiento» y la «mutación constitucional» que achaca a Sánchez, Vox plantea una serie de medidas para «reunificar España» y avanzar hacia un país «sin división, sin asalto a las instituciones y sin sectarismos ideológicos».
En este contexto, esa primera iniciativa legislativa plantea, además de derogar la Ley de Memoria Democrática, hacer lo mismo con todas las que, según Vox, suponen «un ataque a la separación de poderes».
Entre ellas figura la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recortó competencias de este órgano convirtiéndolo, ha denunciado Espinosa de los Monteros, en un «órgano político».
En la misma línea, Vox aboga por la derogación de la disposición adicional quinta de la ley del Ingreso Mínimo Vital por la que se cede la competencia de su gestión a las comunidades que tienen regímenes económicos especiales.