Una ONG internacional advierte al Congreso de los efectos negativos de abolir la prostitución
Human Rights Watch argumenta a los diputados españoles que la abolición tan sólo «expondrá a las trabajadoras sexuales a un mayor riesgo de violencia».
La Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución protesta contra la ley impulsada por el PSOE ante la sede de Ferraz. | Europa Press
La ONG internacional Human Rights Watch ha enviado una carta al Congreso de los Diputados de España en la que desaconseja con rotundidad la aprobación de la ley abolicionista de la prostitución, impulsada por todos los grupos políticos a excepción de Ciudadanos y los partidos separatistas catalanes, como ERC y la CUP. El organismo sostiene, tal y como han venido defendiendo las prostitutas en THE OBJECTIVE, que comparte el interés por asegurar marcos jurídicos contra la explotación, pero que la abolición sólo «expondrá a las trabajadoras sexuales a un mayor riesgo de violencia, incluida la violencia policial».
Entre una extensa enumeración de argumentos y fuentes, la misiva manifiesta aspectos como que la proposición de ley, aún en tramitación, «plantea una mirada punitiva de la protección de los derechos humanos» que «desestima el hecho de que el derecho penal no crea empleos alternativos, no saca a nadie de la pobreza y, por lo general, tiene un impacto desproporcionado en las comunidades vulnerables».
La ONG también señala cómo las investigaciones demuestran «una discrepancia entre el discurso ideológico que equipara la comercialización del sexo con el tráfico y la explotación sexual, y las realidades que viven las trabajadoras sexuales y las personas que se dedican al comercio sexual». En este sentido, recuerda que «España ya cuenta con leyes destinadas a proteger a las víctimas de explotación sexual».
Contraponiendo el modelo punitivista y el regulacionista, Human Rights Watch apuesta por el segundo: «Los estudios demuestran que en Nueva Zelanda, desde 2003, cuando el país adoptó un modelo de despenalización del trabajo sexual, no ha habido un aumento de este tipo de trabajo y, lo que es más importante, no hubo un incremento de la trata ni de violencia contra las trabajadoras y los trabajadores sexuales».
En cambio, los países en los que se inspiran los diputados españoles para la norma abolicionista experimentaron un aumento de violencia contra las prostitutas. 129 entrevistas realizadas a trabajadoras sexuales en Noruega, Suecia y Dinamarca durante un período de tres años apuntaban a que apenas el 6% de las personas entrevistas se consideraban sometidas a trata de personas.
El Gobierno de España ha deslizado, en su empeño abolicionista, que un 90-95% el número de mujeres prostituidas que son víctimas de trata o de explotación sexual. Sin embargo, las cifras que aporta la ONG internacional estarían más cerca de las arrojadas por las académicas Carmen Meneses y Mariona Llobet, que cifran las víctimas de trata en entre un 10% y un 12% del total de mujeres que se prostituyen.
Por todo lo expuesto, la carta remitida a la Cámara Baja concluye que «las leyes para terminar con la demanda o basadas en el modelo nórdico tienen efectos devastadores, y a veces incluso letales, para las mujeres». Además, instan a los diputados a iniciar «un proceso inmediato y exhaustivo de consulta con actores que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales y con organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales en España». Algo que no ha sucedido, pese al empeño de las prostitutas.
Estas, aglutinadas en la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, remitieron el pasado mes de noviembre 350 cartas al Congreso, una por diputado, pidiendo que se paralizase la aprobación de la norma. Pero no recibieron una sola respuesta, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
