La 'ley de vivienda' obligará a los propietarios a asumir los gastos y honorarios de la inmobiliaria
La nueva norma del Ejecutivo añade una regulación sobre el precio de los arrendamientos y cambia la definición de «grandes tenedores» de propiedades
Carteles de venta y alquiler de viviendas y plazas de garaje en el barrio de Almagro. | Jesús Hellín (Europa Press)
La nueva ley de vivienda del Gobierno va tomando forma. Entre las medidas que van conociendo los medios de comunicación se encuentra la obligación para los propietarios de asumir, una vez se apruebe la norma, los gastos y los honorarios de las agencias inmobiliarias, que en muchas ocasiones eran un escollo a la hora de acceder a una vivienda de alquiler.
De esta forma, los gastos y honorarios inmobiliarios correrán siempre a cargo del propietario. Fuentes de la negociación consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que de esta forma se terminará «con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, puedan acceder a una vivienda».
Afirman que el desembolso inicial que suponía este pago, que equivalía en muchos casos a un mes de arrendamiento, era inasumible por muchos clientes. «El servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere», explican.
Claves de ‘ley de vivienda’
El Gobierno y sus socios sacarán adelante esta norma tras varios años de negociaciones. Podemos y ERC son los principales vencedores del proceso al arrancarle al PSOE sus principales exigencias, incluso aquellas más alejadas de los principios socialistas.
Según fuentes de la negociación, «para evitar aumentos descontrolados en el precio del alquiler, durante el 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor , mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual».
En segundo lugar, se rebaja la definición de gran tenedor de vivienda de diez a cinco. De esta forma se permite que sean los territorios quienes decidan si endurecen las condiciones en las que operan los llamados «fondos buitre» en el mercado inmobiliario.
«Las Comunidades Autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de Gran Tenedor de los 10 inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco inmuebles que finalmente incluirá la Ley», señalan las fuentes de la negociación.
Esta cuestión es de especial relevancia para los republicanos, pues dota de más autonomía a Cataluña para que la nueva legislación sea complementaria a la ley catalana de la vivienda.
La norma incluye la eliminación de la subida de los alquileres en caso de que se produzca un aumento en el coste de la vida, reflejado en el Índice de Precios de Consumo, logrando, de esta forma, que los arrendados reduzcan el coste de la vivienda, aunque recortando los beneficios de los propietarios.
Prohibición de los desahucios
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, una «demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos», según ERC y EH Bildu.
También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años. Se estipula además el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables. Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.
Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente. Del mismo modo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.
