La Fundación Franco planeó llevarse su archivo a Francia para no tener que entregarlo al Estado

Un camión cargado con 33.000 documentos, con nocturnidad y alevosía, que parte desde Madrid en dirección a Francia. Esa fue la vía de escape que contempló la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) para evitar que todo el legado del dictador quedara en manos del Gobierno de Pedro Sánchez. El exilio como último recurso para esquivar la Ley de Memoria Democrática, que haría que pasase a formar parte del patrimonio documental del Estado en caso de ilegalización.

Así lo confiesan fuentes cercanas a la fundación a THE OBJECTIVE. El muñidor de la maniobra habría sido Jaime Alonso, vicepresidente de la FNFF, que contactó entre finales de 2022 y principios de 2023 con un grupo reducido de personas para urdir la escapatoria. Pero ya habría desistido, según estas mismas fuentes.

El motivo por el que se fraguó la huida era el miedo de los franquistas al empeño de PSOE y Podemos por ilegalizar su entidad, inscrita en el registro de fundaciones desde 1977. El Gobierno, a través del Protectorado de Fundaciones, estudia cómo acometer su extinción, aunque la última palabra la tendrá un juez. De momento, «tranquilidad absoluta» en la FNFF. Así lo confiesa su presidente, Juan Chicharro: «Mientras no se modifique la ley orgánica del derecho de asociación no tienen nada que hacer, pero con esta gente se puede esperar uno de todo».

El general retirado de Infantería de Marina asegura que no tuvo nada que ver con el plan, y recuerda que el archivo debe mantenerse en la sede, ubicada en la madrileña calle de Edgar Neville, porque llevárselo «sería una ilegalidad». «Tenemos un convenio con el Ministerio de Cultura», arguye Chicharro, que recuerda que el legado del dictador permanece aún «abierto a historiadores y a todo el público en general».

La fuentes consultadas por este medio, conocedoras del plan inicial, explican que existe una «guerra civil» en la fundación que podría explicar que su presidente pudiera no estar al tanto. También apuntan a cómo «[Jaime] Alonso ha gastado mucho dinero dinero en ese archivo y estaba asustado porque se lo pudieran quitar».

Sin subvenciones

El archivo, que contiene alrededor de 33.000 legajos, es el principal activo de la Fundación Francisco Franco. Estos representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos del dictador: correspondencia con otros jefes de Estado (entre ellos Adolf Hitler, Benito Mussolini o Winston Churchill), informes confidenciales, borradores de leyes con anotaciones manuscritas, etc.

El archivo es privado, pero de accesibilidad pública. En este sentido, tal y como recoge el artículo 105-B de la Constitución, cualquier ciudadano puede acceder a su contenido. De hecho, jamás se le ha negado el acceso a nadie que lo haya solicitado.

La documentación estuvo durante años en las manos de la familia del dictador y de la fundación, hasta que en 2003 llegaron a un acuerdo con el Gobierno de José María Aznar para la realización de copias microfilmadas que ahora se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Cobraron 150.000 euros por su digitalización, pero no han vuelto a recibir una partida pública.

El exilio

El exilio a un «país libre» siempre ha estado en mente de la Fundación Francisco Franco para evitar el afán «liberticida» del Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo confesó el propio Juan Chicharro en septiembre de 2020, desatando numerosos ofrecimientos de acogida en Portugal, Estados Unidos o Rusia. Finalmente desistió para «combatir» y, en caso de «morir», hacerlo «con las botas puestas».

Sin embargo, la idea romántica del exilio no habría abandonado la mente de los franquistas. En caso de que prospere el empeño de los socialistas por liquidar la asociación y hacerse con el archivo, siempre les quedará Francia.