Una ONG acusa a Marruecos de matar a 33 personas con drones en el Sáhara desde 2021
Los expertos solicitan a España que, como antigua potencia colonial, asegure la protección de los saharauis «contra todo abuso», como establece la ONU
Soldados saharauis patrullan cerca del muro de separación con Marruecos. | Javier Martín (EFE)
Una ONG acusa a Marruecos de matar a 33 personas con drones en el Sáhara desde finales de 2021. El país magrebí comenzó a utilizar esas armas un año antes, durante el ataque al paso fronterizo de Guerguert que sirvió al Frente Polisario para romper el acuerdo de alto el fuego firmado en 1991. El informe demanda responsabilidades a España, que «sigue controlando el espacio aéreo por donde las fuerzas de ocupación marroquíes atacan a civiles». Los expertos solicitan a nuestro país que, como antigua potencia colonial, asegure la protección de los saharauis «contra todo abuso», como establece la Carta de las Naciones Unidas.
«Estos ataques han dejado decenas de muertos y heridos, entre los que se encuentran mujeres y un niño. También han quemado y destruido camiones y automóviles de civiles que no circulaban dentro de las zonas que son objetivos militares del Frente Polisario, que lucha contra el ejército ocupante de Marruecos», revela el informe de Codesa, una ONG para la protección de los civiles saharauis.
El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, incluye una relación de víctimas saharauis y extranjeras (argelinos y mauritanos) que han sufrido un ataque mortal con drones desde el lado del muro que controla Marruecos. La organización contabiliza las muertes acaecidas desde el 21 de octubre de 2021, un año después de romperse el alto el fuego. Desde entonces, y hasta enero, contabiliza 33 asesinatos.
Los ataques de Marruecos
El informe solo menciona ataques a civiles, por lo que no incluye la agresión que sesgó la vida de Addah Al-Bendir, jefe de la Guardia Nacional del Frente Polisario. Tuvo lugar en abril del año pasado y motivó que los saharauis recurrieran a Irán para comprar unos drones conocidos como aviones suicidas. Marruecos acusó al régimen de Teherán de «patrocinar el terrorismo», aunque el movimiento supone la excusa perfecta para cambiar de tablero de juego y responder «de una forma apropiada».
«Las fuerzas de ocupación persisten en el uso de armas avanzadas y letales contra civiles. Según el derecho humanitario es necesario que la comunidad internacional actúe para poner fin a estos ataques con drones, armas y bombas inteligentes que violan el derecho a la vida y la seguridad física de la población civil nómada saharaui», insiste el informe. Codesa teme que, si continúa el silencio internacional, los civiles y activistas sean «blanco de drones y armas avanzadas».
La ONG demanda a la comunidad internacional una investigación «sobre los crímenes de guerra de lesa humanidad que se cometieron y se están cometiendo sistemáticamente al este y al oeste del muero de separación militar de las fuerzas de ocupación» y proteger a los civiles. Hace especial hincapié en la responsabilidad de España, que como antigua potencia colonial «tiene la responsabilidad histórica y jurídica de la descolonización del Sáhara».
Codesa considera que el Estado español «sigue controlando el espacio aéreo por donde las fuerzas de ocupación marroquíes atacan a civiles utilizando aviones no tripulados al este del muro de separación militar». Así lo determina Naciones Unidas, para quien España continúa siendo la potencia administradora del Sáhara.
El giro de Sánchez
Los expertos sostienen que ese escenario no se cumple: «Marruecos se apropió de las aguas territoriales y ahora, tras el giro copernicano de Pedro Sánchez el año pasado, se abre la puerta a la gestión o cesión del espacio aéreo del Sáhara». El Gobierno ha negado tal extremo, aunque estudia una gestión conjunta con Marruecos. Una posibilidad que Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, califica como un incumplimiento de la legalidad internacional.
«La organización de Aviación Civil Internacional atribuye la soberanía del espacio aéreo del Sáhara a España por ser la potencia administradora del territorio. Sin embargo, no cumple y es una situación muy preocupante porque Marruecos usa ese espacio para bombardear a la población civil», insiste Arabi. El periodista Tomás Bárbulo, autor de La historia prohibida del Sáhara español, solicita al Gobierno que asuma su responsabilidad.
«No es solo el espacio aéreo. Ser la potencia administradora significa que hay que cumplir con los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. Entre otras cosas, debe proteger a su población contra todo abuso», explica Ana Camacho, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. En su opinión, España debe denunciar «los crímenes cometidos en un territorio que no le pertenece» de la misma manera que Europa que se hace con la agresión de civiles en Ucrania.
Mario Guerra, experto en seguridad y antiguo oficial de Inteligencia de la Armada, difiere. Reconoce que la situación del Sáhara «es compleja», pero que España no tiene ninguna responsabilidad sobre estos ataques ni la seguridad de los saharauis. «La actitud del Gobierno es mirar hacia otro lado, especialmente desde el giro de Sánchez». El presidente del Gobierno envió una carta a Mohamed VI en la que se postulaba a favor del plan de autonomía planteado por Marruecos en 2007.
Armamento sofisticado
«Son drones pequeños y solo pueden derribarse con artillería antiaérea ligera, para lo que es necesario tener personal desplegado en la zona. España puede apoyar a la insurgencia, cosa que tampoco va a hacer». Guerra explica que Marruecos tiene recursos para «comprar armamento cada vez más sofisticado», mientras que el Frente Polisario debe hacer una guerra de guerrillas.
En el último congreso, celebrado en enero, además de reelegir a Brahim Ghali como líder, el Frente Polisario acordó intensificar la lucha armada. Con lo puesto, por eso una de las reivindicaciones de Codesa es que la comunidad internacional dote de drones a los saharauis. Compromís ha utilizado el informe para preguntar al Gobierno en el Senado si «va a continuar siendo rehén del régimen de Marruecos».
El Sáhara, que fue colonia española entre 1885 y 1976, es uno de los 17 territorios considerados no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la ONU. El proceso se interrumpió cuando España abandonó la zona tras la Marcha Verde organizada por Marruecos. El reino alauí ocupó entonces el 80% de los territorios, lo que dio lugar a un conflicto armado.
Tras años de lucha, ambas potencias firmaron un alto el fuego en 1991 y Naciones Unidas creó una misión, la Minurso, para organizar un referéndum, pero el proceso sigue sin celebrarse tres décadas después. Este programa especial de la ONU ya contabilizó 18 ataques con drones desde noviembre de 2021 a abril del año pasado.
