La UE descarta tomar acciones contra el policía infiltrado que se acostó con ocho activistas
La Comisión Europea tumba la pregunta parlamentaria presentada por Anticapitalistas y no ve que se hayan vulnerado derechos fundamentales
Dos agentes de la Policía Nacional.
La Comisión Europea ha rechazado la petición de Anticapitalistas de investigar el caso del agente de la Policía Nacional que se infiltró en grupos anticapitalistas e independentistas de Cataluña y fue denunciado por cinco activistas por haber mantenido relaciones sexuales y afectivas con ellas. En una respuesta firmada por la comisaria de Asuntos Internos, Ylva Johansson, y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, consideran que es una cuestión de «seguridad interior» y que entra en «el ámbito de competencias de España».
El eurodiputado Miguel Urbán fue el pasado febrero el autor de la pregunta parlamentaria que pedía a las instancias comunitarias intervenir por la vulneración de derechos que a su juicio se había producido al extralimitarse de sus funciones en el marco de una operación encubierta.
Nada más trascendieron los hechos, Urbán elevó su pregunta en la que relata cómo el agente de la Policía Nacional «encadenó y superpuso relaciones con mujeres de diferentes proyectos políticos para dar credibilidad a su personaje y conseguir información». Y remacha que se trataba de «otro caso más de infiltración y espionaje contra los movimientos sociales o las fuerzas políticas en Cataluña»
Fuentes del partido explican a THE OBJECTIVE que ven «interpretable» la opinión emitida por la Comisión Europea de considerar que no se está incumpliendo ningún derecho fundamental en este caso concreto.
En el escrito de respuesta, la UE también señala que «la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea solo se aplica a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, lo que no sucede en este caso citado por Su Señoría. Incumbe a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, velar por que los derechos fundamentales se respeten y se preserven realmente de conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
Cinco mujeres denuncian al agente
Cinco de las ocho mujeres que mantuvieron relaciones con el agente decidieron en febrero llevar ante los tribunales sus relaciones consentidas con el agente por considerar que fue un caso de «abuso sexual y tortura».
El colectivo Iridia, vinculado a los sectores de la izquierda antisistema y que ha recibido 500.000 euros en subvenciones de la Generalitat, lleva la defensa de estas mujeres contra el agente infiltrado.
Según sus abogadas, «se ha vulnerado el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, ejerciendo violencia institucional sexualizada contra las mujeres a quienes se ha instrumentalizado por ser militantes y activistas».
