El PSOE presionó a los alcaldes socialistas en Doñana para que no apoyaran a la Junta
Ferraz admite que sus regidores sobre el terreno son partidarios de la propuesta del PP porque no tienen «perspectiva ni distancia».
La polémica de Doñana «tiene matices». Son palabras de un dirigente socialista autonómico a THE OBJECTIVE, conocedor de la realidad de los agricultores que desde hace años operan de forma ilegal en los municipios en la zona del Parque Nacional de Doñana. El temor a abandonar a las familias que fían su supervivencia al cultivo de la fresa en los municipios onubenses y el sentimiento de culpa porque «nosotros también miramos para otro lado cuando gobernamos», les sitúa entre la espada y la pared, entre los agricultores y la presión de la dirección nacional del PSOE y la cúpula de La Moncloa, que han encontrado en Doñana el filón electoral para el 28-M en Andalucía.
Por este motivo, los alcaldes socialistas de los municipios afectados por el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana son partidarios de revisar las hectáreas que pueden ser cultivadas y que dejaron fuera a algunos agricultores en el plan aprobado en 2014. Es decir, los regidores del PSOE se sitúan de espaldas a la línea diseñada por su propio partido, pese a las presiones sufridas. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la dirección del PSOE se puso en contacto con ellos para «orientar» y contener su posición favorable a la regulación de algunos de esos cultivos ilegales, como propone el presidente andaluz, Juan Manuel moreno Bonilla, con el apoyo de Vox.
Rebelión municipal
Sin embargo, las presiones no dieron sus frutos y los alcaldes socialistas afectados por Doñana manifestaron públicamente su resistencia para apoyar a los agricultores. Los alcaldes de Bonares y Moguer, Juan Antonio García y Gustavo Cuéllar, han anunciado públicamente que los alcaldes de la comarca «están con los agricultores» y, por tanto, «a favor de la revisión del acuerdo de 2014, que tiene defectos». Y piden trascender de «colores políticos e ideologías para llegar a un acuerdo desde el consejo entre administraciones y no engañar a los agricultores».
El tercer socialista, Diego Pichardo, alcalde de Rociana del Condado, también manifestó su posición a favor en una reciente entrevista en La Brújula de Onda Cero, donde también se posicionó «a favor de que se revisen las condiciones para los agricultores a quienes han demostrado que deberían haber entrado» en el citado plan, que «tuvo errores y hay agricultores a quienes no se les da esta certeza jurídica. Tampoco podemos hacer una indefensión y dejarlos tirados». Los cinco municipios afectados por el Plan de ordenación de regadíos de la corona norte son Bonares, Moguer, Almonte, Rociana del Condado y Lucena del Puerto. Tres de ellos son del PSOE (Bonares, Moguer y Rociana del Condado). Los otros dos, están gobernados por la Mesa de Convergencia de Almonte, que aglutina a PP, PSOE y partidos independientes, e Independientes por Lucena (IPLUC).
Moncloa: «Han perdido la perspectiva»
Desde la dirección socialista restan importancia a esta rebelión municipal: «Tenemos alcaldes que lo defienden, lógicamente» pero alegan que «han perdido la perspectiva» y «no lo vive igual el que está en la frontera», motivo por el que «es necesaria la distancia en política». Varios miembros de la Ejecutiva socialista sostienen que «cuando uno está afectado no se puede tomar una decisión en base al interés general», de la misma forma que «el padre de una hija asesinada no puede legislar sobre la cadena perpetua». Según Ferraz, «las víctimas no pueden administrar justicia ni puedes poner al frente al que vive en primera persona la presión».
Se trata de una brecha entre el PSOE local y el nacional que podría anticipar una fuga del voto socialista y una rentabilidad electoral para el PP en estos municipios aledaños al Parque de Doñana. Es un escenario que niegan los socialistas, tanto en Moncloa como en Ferraz: «Moreno se está dejando muchos pelos en la gatera». Por ello, consideran que este es un «error de cálculo» del presidente de la Junta, «mal asesorado» por su equipo y que «además ha quedado al descubierto», puesto que «ni el Consejero de Medio Ambiente ni el de Sanidad han salido al quite o le han hecho de cortafuegos».
Ferraz: «Esto penaliza al PP»
Según un miembro del núcleo duro de Ferraz: «No me creo nada de que no les penalice Doñana. Al PP le desmoviliza el voto». Entre otros argumentos, porque ni siquiera los agricultores son un bloque monolítico: «Hay división. Me consta que hay una preocupación importante en el sector regularizado de la agricultura de Huelva. Los que tienen autorización de riego no tienen agua», explica un ministro aludiendo al asunto que más preocupa al Ejecutivo.«Doñana está seco, no tiene agua», y Moreno Bonilla «está perpetrando un atentado medioambiental».
A sumar otro argumento: la presión de Bruselas. El Gobierno descuenta las sanciones de la Comisión Europea, y más después del nuevo apercibimiento de esta semana y la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero teme, además, que se produzca un boicot al cultivo de la fresa y otros frutos rojos, siendo Huelva la mayor productora de toda Europa. «Está en juego la reputación de los productos españoles», advierten fuentes gubernamentales.
En Moncloa son beligerantes con esta cuestión y explican que la visita este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada tiene que ver con el filón electoral: «No lo hacemos por los votos» sino por «una cuestión de principios». Sin embargo, otras fuentes de la dirección socialista explican a THE OBJECTIVE que la defensa de Doñana le reporta votos al PP en los municipios afectados, pero al PSOE, en los núcleos urbanos y especialmente en la franja de edad del voto joven donde más cala la defensa medioambiental de Doñana y la protección del acuífero. El PSOE cree que puede rentabilizar especialmente este asunto en Sevilla y Huelva capital, motivo por el cual Sánchez improvisó su viaje a Doñana para movilizar a su electorado y consolidar su bastión en la capital hispalense al grito de «Doñana no se toca».