De okupas a ONG antisistema: así es la 'red clientelar' que Colau riega con subvenciones
La cesión de patrimonio a entidades okupas y antisistema ascendió a casi 24,4 millones de euros durante los primeros años de mandato de la alcaldesa
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. | Europa Press
Forman parte de la presunta «red clientelar» a la que Ada Colau, según un informe aportado al Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, habría regado con 40,8 millones de euros durante sus primeros tres años de mandato (2015-2018) en concepto de ayudas, contratos, cesión de espacios públicos y subvenciones directas. Se trata de entidades sociales vinculadas al movimiento okupa, organizaciones antisistema y/o inependentistas, ONG feministas o dedicadas a la cooperación internacional, sindicatos y empresas vinculadas al entorno del partido de Colau.
Casi todas esas entidades están enfocadas en las actividades sociales a las que se dedicaron durante años, antes de dar el salto a la política, la alcaldesa de Barcelona y otros fundadores de En Comù Podem. Entre ellos, los diputados Gerardo Pisarello y Jaume Asens. Según el informe aportado recientemente al juez que investiga a la alcaldesa de Barcelona por irregularidades en las subvenciones concedidas a entidades afines a Colau, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, casi la mitad de las ayudas totales corresponden a la cesión de espacios públicos para «casals Okupas».
La cesión y reforma de patrimonio público a entidades okupas y antisistema ascendió a casi 24,4 millones de euros durante los dos primeros años de mandato de Colau. Es la mayor de las partidas destinadas a sostener la supuesta red clientelar de Colau, según consta en el informe aportado recientemente al juez por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (organización a raíz de cuya querella se abrió la causa). Se trata de edificios como la antigua fábrica de la Can Seixanta (valorada en 9,1 millones de euros), el Ateneo de la Armonía (5,6 millones de euros) o el Ateneo del Eixample (4,7 millones de euros).
3,4 millones en subvenciones a okupas
El informe, elaborado por Alberto Pichel Martínez (ex asesor del Área Económica del Ayuntamiento de Barcelona designado por Ciudadanos), denuncia que esas entidades antisistema y okupas no solo se habrían beneficiado con la firma de convenios para la cesión y reforma de inmuebles públicos valorados en 24,1 millones de euros. Además, según el mismo documento, ese tipo de asociaciones y otras de carácter independentista habrían recibido otros 3,4 millones de euros en subvenciones directas.
Entre las más beneficiadas, una vez más, aparece el colectivo que gestiona el casal Okupa del Ateneo de la Armonía, con 485.305 euros, y el que gestiona el «Casal de la Font d’En Fargues» con con 231.000 euros. Pero entre las entidades que subvenciones directas recibieron en los tres primeros años de Colau también se encuentran organizaciones y federaciones deportivas de carácter independentista, como la Fundació del Basquet Catalá, que percibió 303.259 euros, a los que hay que sumar otros 240.000 euros para «selecciones catalanas». Por detrás se sitúa el Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña (IDCH), beneficiaria de 231.411 euros, siempre según el informe titulado ‘El chantaje del silencio: la red clientelar de Ada Colau’.
Como ya adelantó este diario, el informe acaba de ser aportado por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática al Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona. Su autor, Alberto Pichel Martínez, ha sido el último testigo en declarar ante el juez que instruye la causa. Designado por Ciudadanos como asesor del Área Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Pichel elaboró el informe en 2019 concluyendo que Colau y su entorno habrían concedido de forma «arbitraria» todas estas subvenciones y ayudas «para mantener a su red clientelar y prepararse ante una eventual pérdida» de la alcaldía en las elecciones municipales de aquel año.
El documento había permanecido guardado hasta ahora en un cajón, según fuentes jurídicas, porque el entonces candidato de Ciudadanos a las elecciones municipales Manuel Valls apostó por hacer una campaña moderada y sin filtraciones. El informe apunta a que las organizaciones que forman parte del Observatori DESC, en las que trabajaban Colau, Pisarello, Asens y otros fundadores de Barcelona En Comù-Podem antes de dar el salto a la política, se habrían beneficiado de otros casi 2,8 millones en ayudas, contratos o subvenciones durante los tres primeros años de mandato de la alcaldesa.
13 millones concedidos a dedo
Pero la lista de entidades beneficiarias de esta presunta ‘red clientelar‘ no termina ahí. Ni tampoco las presuntas irregularidades denunciadas. «La mayoría del dinero ha salido del Ayuntamiento sin concurso público, a través de la adjudicación directa y contratos menores de muy dudoso cumplimiento en cuanto a la limitación económica de los mismos y otorgados a las cooperativas de amiguetes antes que proteger a los industriales y comerciantes que dan empleo y pagan sus impuestos», señala el informe.
Apenas una decena de cooperativas, entidades o empresas del entorno podemita, siempre de acuerdo al documento elaborado por Pichel Martínez, habrían sido beneficiarias de 13 millones de euros en subvenciones o contratos públicos adjudicados a dedo. «El 90% de los contratos han sido menores, otorgados a dedo con el único criterio de la pertenencia a colectivos afines a la causa Colau sin garantizar los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades», añade el documento que obra ahora en manos del juez. La que más contratos y subvenciones directas obtuvo fue la organización feminista Fundació Surt, con 4,2 millones de euros.
«Todas estas cooperativas, que vienen del entorno antisistema y están vinculados a los casals de okupas, aseguran
tener como objetivo la implantación en Barcelona de lo que denominan la economía de autogestión. Pese a esa
autogestión todas acaban viviendo con toda naturalidad del riego de subvenciones», indica el informe. «Colau ha tejido una red clientelar de perroflautas y otros parásitos inútiles, mientras no autoriza nuevos hoteles y pierde los más importantes eventos de nuestra ciudad a costa de recortar las inversiones sociales prometidas durante su campaña», añadía el reporte.
La Fiscalía apoya a Colau
Pichel ratificó durante su declaración como testigo ante el juez la tesis de la acusación popular ejercida por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Insistió en las múltiples irregularidades detectadas en su informe en la tramitación de las ayudas a las entidades vinculadas a Colau. Sin embargo, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía Anticorrupción considera que la declaración ante el juez de Pichel «aporta nada distinto que pueda modificar sus conclusiones».
El Ministerio Público ya solicitó el pasado año el cierre de la causa al entender que las irregularidades investigadas no presentan indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación denunciados. Anticorrupción entendía que, de lo actuado hasta entonces, había quedado acreditado que Colau había delegado parte de sus funciones, como la concesión de subvenciones, a otros cargos y técnicos municipales, y no constaba que diera indicaciones de ningún tipo de instrucción en esta materia. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona falló en sentido diametralmente opuesto y ordenó reabrir el caso en noviembre pasado. Por el momento, Colau se mantiene como única investigada.
