El PP estudia corregir su plan de Doñana antes del 28-M tras el choque con Sánchez y la UE
Desde la Junta de Andalucía se admite el «gravísimo error» político que hubo en marzo con el registro de esta regularización de regadíos
Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo en un reciente acto en Sevilla. | PP
El Partido Popular andaluz medita corregir su propia iniciativa de los regadíos junto al parque nacional de Doñana antes de las elecciones del 28-M. Lo podría hacer en las próximas semanas, durante el trámite de enmiendas al proyecto de ley en el Parlamento andaluz, según adelantan fuentes de la Junta de Andalucía a THE OBJECTIVE.
Desde el Ejecutivo andaluz ya han dicho que están abiertos a escuchar y aportar las enmiendas que le lleguen de otras formaciones políticas. Y este martes, el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, mostró un tono conciliador con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que emplazó a poner «sitio y hora» para una reunión bilateral acerca de la proposición de ley de PP-A y Vox para la regularización de regadíos. «La voluntad de diálogo se demuestra hablando, no amenazando», exigió el consejero andaluz de Medio Ambiente.
«En el trámite parlamentario se puede modificar el proyecto de ley. Lo primero es ver y escuchar a los agentes sociales, pero las enmiendas pueden registrarse antes del 28-M. Los tiempos dependen de la Mesa» del Parlamento andaluz, relata un alto cargo del Ejecutivo regional a este diario.
Esta fuente, que prefiere mantener el anonimato, subraya «el gravísimo error» que se cometió a principios de marzo, a menos de dos meses del inicio del ciclo electoral, con el registro de esta regularización de regadíos y culpa al grupo parlamentario de no administrar bien los tiempos en la precampaña. Justo en un momento en el que Juanma Moreno Bonilla gobernaba «en lo alto de la ola de popularidad».
Una provincia con muy pocos alcaldes del PP
Además, el condado onubense de municipios que se podría beneficiar del cambio legal no es prioritario para el PP en términos electorales. «No podemos disputar la Diputación de Huelva al PSOE. En esta provincia tenemos muy pocos alcaldes y ganar unos cientos de votos no justifica que perdamos miles en otros lados», advierte.
En el equipo de Juanma Moreno Bonilla precisan a este periódico que la tramitación parlamentaria «lleva unos plazos» y que en este momento no hay una previsión de cuándo podría empezar, aunque ponen en duda que ese paso se vaya a producir antes de los comicios municipales y autonómicos pues solo queda un pleno antes de la cita electoral.
Otras fuentes del PP andaluz discrepan del papel asumido en esta crisis política por Fernández-Pacheco, «la cara más amable del Ejecutivo», cuando los cambios legales en la zona norte de Doñana afectan a la ordenación territorial -dependiente de la cartera de Fomento- y a las políticas hídricas, que están en manos de la Consejería de Agricultura.
Asimismo, admiten que el presidente andaluz es consciente del desgaste político que este asunto está provocando en las últimas semanas ante el choque frontal con el Gobierno central de Pedro Sánchez y la advertencia, con palabras más suaves pero igual de contundente, de la Comisión Europea. El jefe del Ejecutivo pidió a los populares este martes en el Senado que salgan del «enroque», tiren «a la basura» su proyecto de ley y abandonen la «soberbia» en este asunto ante el riesgo de «cargarse un tesoro medioambiental» como es Doñana.
Desde Moncloa se elevó el tiro unas horas antes con una declaración en la que se dejó claro a Moreno que el Gobierno no está dispuesto a dialogar o negociar con la la Junta hasta que esta región no retire la proposición de ley que amplía los regadíos en varios municipios onubenses al norte de Doñaña.
La portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, recordó que hay una sentencia de 2021 que condena a España por la situación en el parque y que está en juego la declaración de dicho humedal como patrimonio mundial de la Unesco. «No vamos a negociar ilegalidades», la secundó Ribera en la misma rueda de prensa. «Moreno Bonilla conocía esta ilegalidad. (…) Y nos encontramos con esta proposición de ley al margen de la sentencia condenatoria. No hay nada que negociar», hizo hincapié la vicepresidenta. El Gobierno andaluz, sin embargo, no tiene intención de retirar su proyecto de ley, dejan claro las citadas fuentes.
