La CIA presionó al CNI para que la pareja de Albares abandonase la china Huawei
Washington advirtió al servicio secreto español de que el puesto laboral de la ejecutiva podía afectar a la transferencia de información clasificada
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. | Foto: MAEC
El Gobierno de Estados Unidos ha trasladado en el último año al Ejecutivo español por varios cauces bilaterales, entre ellos el de los servicios secretos, su malestar e incomodidad por el hecho de que la ejecutiva franco-libanesa Therese Jamaa, pareja sentimental del ministro José Manuel Albares, estuviese trabajando en la cúpula de Huawei España, según desvelan fuentes diplomáticas españolas consultadas por THE OBJECTIVE.
La advertencia más seria sobre las consecuencias del puesto de Jamaa en Huawei la trasladó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), subrayan las citadas fuentes, en el sentido de que la situación en la que se encontraban Albares y su pareja era «insostenible» a ojos de Washington y, por tanto, podía afectar a la transferencia de información clasificada entre ambos servicios secretos.
EEUU lanzó el año pasado una especie de guerra tecnológica contra China al establecer un bloqueo al sector de los semiconductores en el gigante asiático. También impuso embargos a las empresas que construyesen fábricas en China en la siguiente década, por lo que la Administración Biden temió tras el fichaje de Jamaa por Huawei que informes confidenciales que se compartiesen con el CNI, dentro de la confianza existente entre ambos servicios secretos, fuesen conocidos en última instancia por Pekin.
El fichaje de Jamaa cuando Albares ya era ministro
Jamaa anunció este sábado en su perfil de Linkedin su salida de Huawei tras casi un año y medio como vicepresidenta de la filial española, un cargo que se creó expresamente para ella cuando Albares llevaba medio año como jefe de la diplomacia española. Desde la compañía tecnológica se indicó el lunes que su marcha se debía a «motivos personales» y que se remitían a las explicaciones que su ya exdirectiva había dado en esa red social. Por su parte, un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) niega «tajantemente» a este diario que EEUU haya expresado queja alguna a España por el puesto laboral que ella tenía en la compañía china.
Las fuentes consultadas por este diario coinciden en que el fichaje de Jamaa por Huawei causó preocupación desde el principio en Washington, sobre todo tras comprobar que el Gobierno incumplía su propio plazo de tres meses que se había marcado en la ley de ciberseguridad 5G para elaborar una lista de proveedores extranjeros vetados, aunque en la redacción del texto legislativo -que tuvo el apoyo del PP en el Parlamento- se incidía en que era una posibilidad y no tanto una obligación.
La Administración Biden había expresado en privado a España su interés de que se incluyese al gigante tecnológico chino en dicha lista negra de proveedores excluidos del sistema 5G, si bien Washington niega de forma oficial que algún funcionario o representante estadounidense haya pedido al Gobierno de Sánchez que elabore dicho listado.
«Esta es una decisión interna del Gobierno español», subrayaron en febrero fuentes de la Embajada norteamericana en Madrid a preguntas de este periódico. «Sin embargo, la seguridad del 5G es un tema de seguridad económica y nacional de alta prioridad para la Administración Biden y el Congreso de Estados Unidos. Estados Unidos continúa alentando a nuestros socios y aliados a promulgar medidas enérgicas para proteger sus redes 5G mediante la exclusión de proveedores poco confiables o de alto riesgo de todas las partes de sus redes 5G», hicieron hincapié desde el equipo de la embajadora Julissa Reynoso.
Precisamente, el anuncio de la marcha de la ejecutiva franco-libanesa de la filial española se ha producido seis días antes de la visita oficial de Pedro Sánchez a Washington, la primera con Biden en la Casa Blanca. Un hecho que ha sido interpretado en algunos sectores del Ministerio de Asuntos Exteriores como un gesto conciliador de la diplomacia española para restablecer la confianza entre ambos países, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por este diario.
Albares se divorció de la madre de sus cuatro hijos, la que fuera jueza de enlace entre Francia y España, Hélène Davo, durante su etapa previa de embajador en París. Cuando fue nombrado ministro de Exteriores, en julio de 2021, su actual pareja ya estuvo entre los invitados a su primer acto de bienvenida en el Palacio de Santa Cruz, la sede histórica del ministerio.
En aquel momento, la ejecutiva de origen libanés era la directora general de GSMA, la patronal que cada año organiza el Mobile World Congress en Barcelona. Seis meses después, en enero de 2022, Jamaa fue fichada por Huawei como vicepresidenta de su filial española cuando el Ejecutivo estaba elaborando la llamada ley de Ciberseguridad 5G. Aquel movimiento del gigante chino también causó preocupación en Moncloa y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño, que era el encargado de poner en marcha la nueva norma.
El PP fue el primero en advertir, de forma implícita, del riesgo de esta relación entre Albares y Jamaa, al lanzar después del verano varias preguntas sobre las medidas que ha tomado el ministro de Exteriores «respecto a la influencia de China y sus empresas estatales tras la aprobación del nuevo concepto estratégico de la OTAN».
Los aliados habían aprobado en la cumbre de la OTAN de Madrid un texto en el que se alertaba de que «las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de China ponen en peligro nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores». En este sentido, el principal partido de la oposición subrayó a Albares que Pekín «utiliza instrumentos económicos para ampliar su presencia en el mundo aspirando a controlar sectores tecnológicos e industriales clave». El ministro omitió cualquier comentario sobre el gigante asiático en sus respuestas parlamentarias, pero sí se comprometió en noviembre a no interferir en la legislación de telecomunicaciones que pudiera afectar a Huawei.
Albares no se inhibió en la ley del 5G
El Ejecutivo había promulgado en marzo del año pasado el decreto-ley de Ciberseguridad 5G, en el que se establecía un marco de obligaciones que allanaba el camino para vetar proveedores que significaran un riesgo para las infraestructuras estratégicas españolas. Una normativa que podría traducirse en el veto de suministradores chinos como Huawei o ZTE.
Albares no se inhibió en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó la citada ley de Ciberseguridad cuando Jamaa ya estaba en ese momento de número dos en la filial española de la multinacional china, según indicó el Ejecutivo en una pregunta a este diario a través del Portal de Transparencia, aunque no estaba obligado a ello, ya que se trataba de una normativa genérica que no señalaba a ninguna empresa en concreto, alegó un portavoz del ministro.
La OID subrayó entonces que Exteriores no era competente «en materia de legislación digital y de ciberseguridad» y que el Consejo de Ministros no había tomado «ninguna decisión sobre Huawei desde que Albares es ministro de Exteriores», por lo que el ministro no había adoptado «ninguna decisión en el ejercicio de su cargo relacionado con esa empresa».
La legislación sobre ciberseguridad plantea, a juicio de Exteriores, «un marco jurídico general que busca controlar los riesgos sobre el 5G» en España. «Algo que, en cualquier caso, establece un marco para las compañías en su conjunto y no para ninguna en particular. Por todo lo anterior, no existe conflicto de interés alguno», insistió la OID. Al final, Jamaa ha abandonado su cargo sin que el Gobierno ponga en marcha la lista de proveedores vetados del 5G, la principal amenaza para el negocio del fabricante chino en nuestro país.
El Gobierno de Sánchez ha aparcado la lista con el argumento de que el principal de los objetivos -que proveedores críticos no estuviesen en las redes 5G- se había cumplido. De esta forma, ha evitado el daño reputacional para el gigante asiático, algo bien valorado en Pekín, aunque Huawei ha perdido todos sus contratos con las telecos españolas ya que Telefónica, Orange y Vodafone optaron por abandonar a los asiáticos y construir sus redes con otros proveedores, caso de Nokia o Ericsson.
