Sánchez acusa a PP y Vox de defender la explotación laboral infantil
El presidente se hace eco de un texto aprobado por la Eurocámara para presionar con multas a las empresas que no respeten los derechos humanos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
El PSOE ha arrancado la campaña con una estrategia de ataques directos a PP y Vox. Si este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, etiquetaba a estos partidos como «derecha extrema» y «extrema derecha», este jueves da un paso más y les acusa de defender la explotación laboral infantil.
«Con #VoxPP todo retroceso es posible, hasta la explotación laboral infantil», ha compartido el jefe del Ejecutivo a través de Twitter, haciéndose eco de un texto aprobado por la Eurocámara para presionar con multas y sanciones a las empresas que no respeten los derechos humanos o el medio ambiente, y que ha sido respaldado por 366 votos a favor, 225 en contra (entre ellos los eurodiputados de PP y Vox) y 38 abstenciones. De este modo, el presidente deduce que una posición contraria a este documento implica defender uno de los puntos que se abordan en el texto, en referencia a la explotación de los menores.
Entre las nuevas reglas aprobadas en el documento, que establece la posición negociadora del Parlamento y que ahora debe negociarse con los estados miembros para fijar el texto final, figura reclamar a las compañías que identifiquen y, cuando sea necesario, prevengan, terminen o mitiguen el impacto negativo de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente, como el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
En otro punto del documento aprobado, se establece que las empresas deberán implementar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5° y en el caso de grandes empresas con más de 1.000 empleados, el cumplimiento de los objetivos del plan tendrá un impacto en la retribución variable de un consejero (fe bonus).
Las nuevas reglas también exigen que las empresas se comprometan con las personas afectadas por sus acciones, incluidos los activistas ambientales y de derechos humanos, introduzcan un mecanismo de quejas y supervisen periódicamente la eficacia de su política de diligencia debida.
Aplicable a empresas extracomunitarias con actividad en la Unión Europea
Las nuevas normas se aplicarán a las empresas con sede en la Unión Europea, independientemente de su sector, incluidos los servicios financieros, con más de 250 empleados y una facturación mundial superior a 40 millones de euros, así como a las empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación mundial superior a 150 millones de euros.
También se incluirán empresas extracomunitarias con una facturación superior a 150 millones de euros, si al menos 40 millones se generaron en suelo comunitario y para aquellas empresas no pertenecientes a la Unión que no cumplan las normas, las sanciones contemplan que se prohíba su contratación pública en la UE.
