Manuel Valls deja un pufo de 277.000 euros que tendrán que pagar Ciudadanos y Valents
Ambas formaciones afrontan el fiasco del 28-M con la desagradable losa de una multa electoral que ahora les reclama la Agencia Tributaria
Manuel Valls en un mitin de 2019 junto a Inés Arrimadas y Eva Parera. | Foto: EFE
Ciudadanos y Valents afrontan el fiasco en las elecciones del 28-M con la desagradable losa de un pufo que les dejó Manuel Valls tras su regreso a Francia y que pende sobre sus cabezas: la multa electoral de casi 277.000 euros que el Tribunal de Cuentas les impuso a finales de noviembre y que ahora les reclama la Agencia Tributaria.
En realidad, la sanción del órgano fiscalizador se dirigió a la coalición Barcelona pel Canvi-Ciutadans por incumplir un artículo de la Ley sobre financiación de los partidos políticos (Lofpp) y otro artículo de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg). La multa fue de 251.698,28 euros por la primera infracción; mientras que la segunda ascendió a 25.000 euros, de ahí que ambas juntas sumasen 276.698,28 euros. Fue la sanción económica más elevada de todas las impuestas a las formaciones que concurrieron a las elecciones locales de 2019.
«La sanción se impuso a la coalición, no a los partidos políticos que la conforman por separado. Las gestiones de cobro no las realiza el Tribunal de Cuentas, sino la Agencia Tributaria», precisa una portavoz de la Tribunal de Cuentas a THE OBJECTIVE. En realidad, el organismo eximió de toda culpa a Ciudadanos en su informe por el incumplimiento del artículo 4.3 de la Loffp.
En él se subraya que los partidos políticos «no podrán aceptar que, directa o indirectamente, terceras personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que genere la actividad de los partidos políticos».
El castigo del Tribunal de Cuentas recayó en Barcelona pel Canvi, la plataforma creada por el citado Valls, que organizó actos políticos en la Ciudad Condal antes de la campaña electoral con la ayuda de terceros, unos gastos que fueron censurados: «Del importe no declarado por la coalición, un total de 188.867,15 euros ha sido facturado y abonado por la Asociación Barcelona Capital Europea, incumplido lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Lofpp», se precisó en noviembre.
Además, la coalición fue condenada a pagar otros 25.000 euros por incumplir el límite máximo de gasto en publicidad. «La coalición ha superado el límite referido a los gastos de publicidad exterior (artículo 55 de la Loreg) en 3.552,32 euros, lo que ha supuesto un exceso del 9,97% sobre el límite (35.647,55 euros)», detalló el órgano fiscalizador.
Estos casi 277.000 euros son ahora una losa económica para Valents y Ciudadanos, aunque la formación de Eva Parera se desmarca de lo ocurrido en 2019 con el argumento de que el partido constitucionalista no existía por aquel entonces y que la coalición a la que se dirige la condena pecuniaria «la firmaron Manuel Valls y Ciudadanos», según recuerda un portavoz a este periódico.
Sin embargo, Valents es heredera de Barcelona pel Canvi a todos los efectos, tal y como atestiguan las escrituras a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Ante la notaria María Ana Querejeta, el partido de Parera asumió el 13 de septiembre de 2021 el mismo CIF que tenía la plataforma de Valls (G-67421461), un número identificativo que ha seguido utilizando en sus documentos internos desde entonces.
El futuro de Valents podría tener los meses contados después de que Parera finalmente no entrara en el Ayuntamiento de Barcelona, un escenario que ya anticipaban los sondeos en los últimos meses. El partido podría alegar entonces ante la Agencia Tributaria insolvencia económica para saldar la multa de 277.000 euros, o al menos la parte alícuota que le corresponda.
Esa posibilidad es la que más teme Ciudadanos porque si Valents echa la persiana, entonces Hacienda iría contra el otro socio de la coalición como «responsable subsidiario», según reconocen varias fuentes consultadas por este diario. La formación naranja ha salido malparada del 28-M en Cataluña pero con la perspectiva política de mantenerse viva en la comunidad autónoma en la que nació, donde cuenta aún con seis diputados autonómicos como principal reducto y fuente de ingresos económicos.
