Irene Montero termina la legislatura sin impulsar una sola campaña contra la prueba del pañuelo
El Ministerio de Igualdad no ha desarrollado campaña, iniciativa o protocolo para erradicar esta práctica, pero sí ha dedicado millones a combatir el «antigitanismo»
La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene durante un acto de campaña de Podemos-IU. | Europa Press
La prueba del pañuelo consiste en introducir un trapo blanco en la vagina de la prometida para romper el himen y así comprobar su virginidad antes de la boda. Es una práctica típica del pueblo gitano muy criticada por las feministas, que la consideran «patriarcal» y «sexista». Por eso mismo llama la atención que el Ministerio de Igualdad no haya impulsado una sola campaña de concienciación, iniciativa legislativa o protocolo para intentar erradicarla.
El gabinete de Irene Montero admitió el pasado 31 de mayo a THE OBJECTIVE, en una resolución de Transparencia, que «no existe ninguna iniciativa legislativa en marcha o campaña planificada en relación» a la prueba del pañuelo. La respuesta llegó tan sólo un día después de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes Generales para convocar elecciones, por lo que la legislatura termina sin medidas en este sentido.
Igualdad especifica en su respuesta que «la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 contempla en su medida 64 la realización de estudios específicos sobre mujeres gitanas o de otras etnias o grupos racializados y otras culturas en relación con la violencia que padecen por el hecho de ser mujeres».
La ministra de Igualdad jamás se ha pronunciado públicamente sobre la prueba del pañuelo. Acaso porque su empeño en esta legislatura ha sido el de combatir el «antigitanismo» que, a su juicio, existe en la sociedad española.
Con este fin, ha regado de cantidades millonarias de dinero público a la Fundación Secretariado Gitano. En abril de 2022, sin ir más lejos, le concedió un contrato por valor de 2.923.859,65 euros con el objetivo de nutrir el servicio para la asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica. Además, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 contemplaron 125.000 euros para esta sociedad en concepto de integración de mujeres de etnia gitana, en el marco del programa SARA.
Un tema «tabú»
La crítica a este ritual gitano es tabú en España. Así se demostró en 2021, cuando la jurista feminista Paula Fraga fue hostigada en redes sociales -llegando a ser amenazada de muerte- por aseverar que la prueba del pañuelo es «una práctica patriarcal que atenta contra la integridad moral y que debería estar ya prohibida».
Compartió este mensaje en su cuenta de Twitter como reacción a un vídeo en el que se veía a una adolescente acompañada de una mujer mayor que alzaba el pañueño ante la multitud. «Esta niña está como su madre la ha parido. Ha honrado a su madre, a su padre, a su suegro, a su suegra y a su familia», gritaba orgullosa la gitana.
Tras el escarnio al que fue sometida durante varias jornadas, la feminista de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres recibió también muchos otros mensajes de apoyo en solidaridad. Ninguno por parte de las integrantes del Ministerio de Igualdad.
