Yolanda Díaz toma la iniciativa y ofrecerá a Junts un «arreglo» para evitar una amnistía por el 1-O
Sumar busca legitimar ante la opinión pública una amnistía ‘de facto’ por el 1-O y envía emisarios a Barcelona y Waterloo
Yolanda Díaz en un mitin de Sumar. | Europa Press
La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, tomará la iniciativa en la difícil negociación con el partido de Carles Puigdemont. La vicepresidenta segunda del gobierno ha encargado a Jaume Asens tomar contacto con el entorno del expresident de la Generalitat. Asens colaboró con Toni Comín en los días posteriores a la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017. Es cercano a ese grupo y una persona de su confianza. Y Díaz quiere apelar directamente a ellos. Su enfoque pasa para hacer entender la inviabilidad de un referéndum para la independencia, pero sí aceptar un «arreglo» jurídico para los miles de enjuiciados por el procés. Todo con la máxima «discreción».
Díaz se mueve en el marco de exigencias de Puigdemont. Tal y como desveló este diario en exclusiva, Puigdemont no quiere limitarse al diálogo con los socialistas. Sabe que Junts, con sus siete diputados, será clave en la próxima legislatura y en la investidura, y todo apunta a que intentará aprovecharse del bloqueo parlamentario para lograr un acuerdo que esté por encima de lo que alcanzó ERC: el indulto a los principales dirigentes encarcelados y una mesa para el diálogo en la que Junts nunca ha creído. Hablando incluso con el Partido Popular, si hace falta.
Pero Díaz quiere frenar cuanto antes todas las opciones que no pasen por establecer una conexión directa y preferencial con el bloque de la izquierda (PSOE y Sumar). El trabajo de Díaz se centra en empezar a moldear a nivel de opinión pública la viabilidad de un gran pacto jurídico-político con Junts. Algo parecido a una operación de educación pública y legitimación, que asuma de facto la amnistía, aunque bajo otra fórmula técnica.
Educar a la ciudadanía
Puigdemont habla de referéndum y amnistía. No quiere limitarse a otro indulto, que dejaría sin resolver la cuestión judicial de miles de activistas, cargos políticos y funcionarios involucrados en el procés. Quiere demostrar que ERC solo ha obrado para salvar a los suyos, y más concretamente a sus dirigentes más conocidos. Mientras que él prefiere ofrecerse a la ciudadanía catalana como el gran artífice de una amnistía a gran escala que liberaría de sus juicios y condenas a alrededor de 4.000 personas.
Díaz no se decanta por una amnistía en cuanto tal. Sino que busca otro tipo de arreglo, aunque los efectos de su política serían los mismo. La idea es enmarcar esa operación en una pacificación con todo el sector independentista, que permita pasar página y obtener a cambio el sí o la abstención de Junts en la investidura. Para ello, sin embargo, hace falta dirigir y moldear el debate público, convirtiendo en asumible un pacto que puede ser interpretado incluso para sus votantes de izquierdas como cuestionable. Esa será en el corto plazo la misión de la lideresa de Sumar, y todo apunta que con el visto bueno de la Moncloa.
Con ese fin, Díaz no se limita a enviar a Asens a Waterloo, la ciudad de Bélgica donde se ha refugiado Puigdemont. También ha activado en el interior, es decir, en Barcelona, a sus personas de confianza. Se trata de Aina Vidal, cabeza de lista por la Ciudad Condal de los Comunes en las últimas elecciones generales, quien según sostienen las fuentes consultadas hablará con los independentistas. Es una negociación a doble banda, que tiene el objetivo de avisar a los nacionalistas que si no apoyan a Sánchez estarán favoreciendo a la derecha.
«Diálogo, diálogo, diálogo» es el lema de la campaña de Díaz. Lo lleva esgrimiendo desde hace tiempo, y lo repitió en la noche electoral, cuando aseguró su intención de ponerse manos a la obra ya esta semana. Dijo que su plan consistía en abrir contactos con «todas las fuerzas políticas progresistas y democráticas», lo que incluiría también a Junts (y el PNV). Llama la atención esa correlación, puesto que importantes sectores de Sumar y algunos de sus intelectuales de cabecera han sostenido que Junts era una formación de corte derechista. Han llegado incluso a calificarlo de partido de extrema derecha, asociado a otras experiencias europeas y de Estados Unidos, lo que en su momento enojó a los posconvergentes.
Cuestión política, no moral
Pero la prioridad es política, y no ideológica o moral. Y se centra en lograr el apoyo de todos los independentistas para la investidura. Con los 31 escaños de Sumar y los 122 del PSOE, hacen falta los síes de ERC, Bildu y uno entre PNV y Junts (además de la abstención del otro). Se trata de un encaje difícil, pero no imposible, aseguran desde el frente de la vicepresidenta. Ella es, por otro lado, la más interesada en desactivar posibles escenarios de bloqueo en el Congreso, con consecuente repetición electoral, así como las tentaciones de pactos entre el PSOE y PP, tal y como informó este diario.
De momento «ha ganado tiempo», aseguran los afinas a Díaz para referirse a los 31 escaños alcanzados el pasado 23 de julio. Pero su futuro pasa por la entrada en el Gobierno. En el cuartel general de Sumar se mostraron entusiastas con el resultado obtenido en las urnas. Aunque Podemos ya ha empezado a erosionar esa imagen triunfalista y a recordar que se perdieron 700.000 votos y siete escaños con respecto a las generales de 2019.
Las palabras de Ione Belarra suenan claramente a declaración de guerra. Los portavoces de Sumar, sin embargo, intentan extinguir el incendio. Pero el malestar existe y también la sensación de que hay que correr para evitar escenarios parecidos a los de 2019. Entonces, Sánchez e Iglesias tardaron semanas en buscar un entendimiento, y la negociación fracasó acabando en una repetición electoral, que es lo que más preocupa al entorno Díaz.
De repetirse los comicios se reabriría la caja de Pandora de la negociación con Podemos, y aumentaría el desgaste de un liderazgo todavía en construcción. La misión de los emisarios de Díaz es impedir que eso ocurra, aunque eso implique pactar con todos los nacionalistas, incluso los de corte derechista. Y para ello es esencial primero educar y después legitimar, asumen. En eso se ha volcado la vicepresidenta segunda: ofrecer a Puigdemont una fórmula jurídica alternativa a la amnistía pero que tenga el mismo efecto de librar de su condena y juicio a los miles de personas involucradas en el 1-O.
