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El PP aparca hasta el lunes las negociaciones para intentar controlar la Mesa del Congreso

Si los populares consiguen la Presidencia podrán frenar la intención de Sánchez de gobernar por decreto

El PP aparca hasta el lunes las negociaciones para intentar controlar la Mesa del Congreso

Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. | Europa Press

El Partido Popular no iniciará de inmediato las negociaciones con los partidos políticos para intentar buscar un acuerdo que le garantice la Presidencia del Congreso de los Diputados. Su triunfo en las elecciones generales del pasado 23 de julio no es suficiente para retener el cargo de la tercera autoridad del Estado, ya que la alianza del PSOE con Bildu y las formaciones independentistas pueden arrebatarle este puesto. El objetivo es controlar la Mesa, el órgano que ordena la actividad parlamentaria, que puede dificultar la intención de Pedro Sánchez de gobernar por decreto, ya que en el caso de que la tramitación fuera como proyecto de ley, se pueden dilatar los plazos de presentación de enmiendas.

De momento, los populares no iniciarán, al menos hasta el próximo lunes, los contactos para intentar armar esta mayoría, antes de que el próximo día 17 se constituyan las Cortes, según apuntan a THE OBJECTIVE fuentes de esta formación política. Será entonces cuando se conforme la Mesa en la que el PP tiene cuatro de los nueve puestos garantizados, en función de sus resultados electorales.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señaló este lunes que, «en los próximos días, cuando lo veamos conveniente, quedan muchos días por delante», trasladarán a los grupos políticos que «somos la primera fuerza política, el primer partido en el Congreso y en el Senado». A su juicio, «eso debe de tener su visibilidad al máximo nivel», en clara referencia a la Presidencia de la Cámara Baja. Este deseo solo es posible si el resto de la oposición «no le quiere entregar todo el poder a Sánchez: Gobierno y parlamento», según subrayan a este medio fuentes populares.

Los socialistas, según estas fuentes, están orillando la negociación de la Mesa y no «hablan de la importancia que tiene». «No podemos entrar en su marco, solo hablan de investidura ¿pero qué pasa con la Mesa? Si el PNV y ERC le dan la Mesa al PSOE ya le han dado la investidura y te has plegado al Gobierno. Le has dado la legislatura. La única forma de tener controlado al Gobierno es tener controlada la Mesa», apuntan desde Génova.

Meses de demora

Si Pedro Sánchez llega a un pacto de investidura, en el caso de que la Mesa del Congreso estuviera en manos del Partido Popular, la oposición podría dificultar la intención de éste de gobernar por decreto. El estrecho margen de votos entre ambos bloques, el que lidera el PP y el PSOE, obligan a Sánchez a tomar muchas decisiones vía decreto, que solo necesita ser convalidado por la mayoría absoluta. Pero los grupos que la apoyan pueden tener la tentación, como sucede en muchas ocasiones, de aprobar su tramitación como proyecto de ley. Ello implica abrir un plazo de enmiendas para cambiar el decreto y aquí es donde puede actuar una mayoría de la Mesa, aprobando sucesivas ampliaciones en el trámite de enmiendas, lo que demora la aprobación de la iniciativa.

A estos meses de demora se unirán los otros dos, como máximo, que puede añadir el Senado. Los populares tienen la mayoría absoluta en la Cámara Alta y la aplicarán para ampliar también el plazo de enmiendas. Sin embargo, el único efecto práctico es el manejo de los tiempos, porque los proyectos de ley tienen que volver al Congreso si hay cambios respecto al que ha llegado del Senado.

En esta negociación también se podrá medir la temperatura entre el Partido Popular y Vox, que ha subido muchos grados después de las elecciones del 23 de julio, con reproches mutuos por la cuota de responsabilidad que han tenido en que el centro-derecha no haya podido sumar una mayoría absoluta para desalojar a Sánchez de La Moncloa. Como gesto de buena voluntad, los populares podrían ceder un lugar en la Mesa a Vox, y así abrir una vía de diálogo en los pactos regionales que se encuentran bloqueados, como son los de Murcia y Aragón.

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