El PP avisa que Sánchez vulnerará la ley si perdona 70.000 millones a Cataluña
Génova denuncia que el PSOE critique que las bajadas de impuestos y no que se dé dinero por ser investido presidente
La posibilidad de que Pedro Sánchez intente condonar la deuda de Cataluña, unos 70.000 millones de euros, para conseguir los votos de Junts para su investidura puede ir en contra de la Constitución y de la Lofca (Ley Orgánica del Sistema de Financiación Autonómica), según aseguran a THE OBJECTIVE fuentes populares. Sobre todo si decide tirar de decretazo, como ha sido habitual en la última legislatura. Y es que este perdón tendría que materializarse a través de una ley y nunca por un decreto porque «a ver cómo justifica la urgencia», señalan estas fuentes.
Para perdonar estos 70.000 millones de euros, la parte correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo de pago y ayuda financiera que se activó tras la crisis suprime desde el año 2012, los socialistas «tendrían que hacerlo con una norma con rango de ley y si se lo hacen solo a una Comunidad autónoma puede ser anticonstitucional. En esta legislatura han dado entregas fuera de modelo, pero como le daban a todas las autonomías, la cosa quedaba más difuminada. Pero si se lo dan solo a unos pocos, eso no puede ser. Se está estirando la cuerda con las subvenciones a las comunidades autónomas nominativas hasta extremos insostenibles», señala este dirigente popular experto en cuestiones económicas que ha tenido responsabilidades de gobierno.
«Cuando tú le das dinero a una comunidad autónoma de los impuestos generales, y no se lo das a todas, no es que beneficies a la comunidad. ¿Es que son de peor condición los españoles que viven en una comunidad que los que viven en otra? Esto va de españoles, no de gobiernos de las comunidades», insiste.
Este dirigente popular advierte de que hay que ver si la intención de Sánchez podría ir también «contra la Lofca, depende de cómo lo hicieran». «Cuando dieron la noticia dijeron que la condonación no sería solo para Cataluña, sino para otras comunidades que estuvieran en iguales condiciones, pero hay comunidades autónomas que no han acudido al FLA, por ejemplo Madrid, tú no puedes hacer eso. No le puedes dar dinero a unas comunidades sí, y a otra, no, y condonar deuda significa darles dinero», afirma.
«Cosas muy raras»
La Lofca es un desarrollo de la Constitución que recuerda que «todos los españoles somos iguales entre sí y tenemos que tener las mismas oportunidades. Si te financian de forma distinta según la comunidad en la que vivas no tienes las mismas oportunidades», explican desde el PP. «Ellos que dicen que es anticonstitucional que en Madrid bajen los impuestos o perdonen el impuesto de patrimonio ¿ahora va a ser más constitucional que a ti te den más dinero porque que tengas un partido que te presiona para darte los votos para que te invistan como presidente?», se preguntan.
La condonación de la deuda, siempre según la versión de los populares, es que se tendría que ejecutar «con una norma con rango de ley, pero habría que ver si tiene que ser una ley orgánica, si no podría entrar en colisión con la Lofca o con la Constitución». Además, recuerdan, «tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, esto no es una cosa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, si es una ley pasará por el Congreso. Por decreto ley desde luego que no lo puede hacer porque a ver dónde está la urgencia. Aunque, bueno, estamos viendo unas cosas muy raras».
En relación a la posibilidad de bloqueo de esta condonación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, estas fuentes populares recuerdan que, aunque la mayoría de los consejeros de Hacienda son ahora del Partido Popular, el presidente, el ministro de Hacienda del Gobierno de turno, tiene un voto de calidad. También podrán asistir a las reuniones a invitación del presidente, con voz pero sin voto, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Hacienda y el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, así como aquellos altos cargos de la Administración del Estado cuya presencia se considere conveniente.