El Defensor del Pueblo Europeo también investiga a España por los fondos de la UE
Antifraude ya está intentando aclarar la denuncia sobre «presunta corrupción» en unos 500 millones de subvención
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El Defensor del Pueblo Europeo también se ha puesto manos a la obra para intentar aclarar el destino de una de las subvenciones de la Unión Europea, con cargo a los fondos Next Generation, que un grupo de empresarios de Castilla y León está intentando aclarar, como así ha venido desvelando THE OBJECTIVE. Las reiteradas negativas de distintos departamento ministeriales del Gobierno de Pedro Sánchez, como el de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, le ha llevado ahora a dirigirse al Defensor del Pueblo. Una nueva vía abierta tras la negativa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a facilitar la documentación requerida al Gobierno español en el marco de las investigaciones realizadas tras la denuncia ante la Fiscalía Europea.
El origen de esta investigación fue una información publicada por THE OBJECTIVE el pasado 23 de marzo bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, como españoles, ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
El proyecto de Biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla, iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León, integrado por Biorrefinería Multifuncional Barcial S.L., Desarrollos Bioenergéticos La Robla S.L., EA Bio Multifuncionall Buñuel Navarra S.L. y EA Multifunctional Biorefineries Green Holding Company S.L., envió el pasado mes de julio una reclamación «sobre mala administración», a la que ha tenido acceso a THE OBJECTIVE, al Defensor del Pueblo Europeo.
«Usurpación»
En su escrito ante el Defensor del Pueblo Europeo, firmado por Vicente Merino, portavoz de este grupo de empresarios, justifica la denuncia en que ha habido una «respuesta negativa a una petición de información (acceso a documentos) con base en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión y el Código europeo de buena conducta administrativa, dirigida a la OLAF en calidad de propietario industrial interesado y ante una aviso de presunto fraude en solicitud de fondos UE por terceros (presuntamente la multinacional Acciona): habiendo usurpado, presuntamente, un desarrollo industrial de mi propiedad (proyecto de Biorrefinería de Barcial del Barco y de La Robla). La cantidad podría superar, casi con total seguridad, los 500 millones de euros. En dicha petición, se solicita acceso a un documento en el que obra información requerida desde la OLAF al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (hace alusión a un proyecto de mi propiedad tal y como se acredita en la documentación adjunta). La propia OLAF reconoce que obra en su poder dicho documento».
Los afectados señalan que «desde la OLAF se me ha negado el acceso a dicho documento (respuesta realizada desde el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a la OLAF), que hace alusión a un desarrollo industrial de mi propiedad y que presuntamente ha sido usurpado. La negativa ha sido realizada con alegatos parciales y sin tener en cuenta que el desarrollo en ciernes es de interés público general y de una importancia social estratégica así como su relación con un presunto fraude a fondos UE y de usurpación de propiedad industrial (lo cual confiere interés público general a la cuestión per se). Además, el documento solicitado podría ser una prueba de relevancia que debería ser transmitido desde la OLAF a la EPPO (Fiscalía Europea) y desde mi consideración ser enviado a mi persona como propietario industrial interesado (ya lo he acreditado a la OLAF). La OLAF está informada desde hace meses (mínimo abril de 2022) de que hay un proceso penal abierto en España y de que esa documentación es de relevancia para su incorporación a una instrucción penal».
En el escrito ante el Defensor del Pueblo Europeo recuerdan que «la OLAF, y un funcionario de la misma, ha sido denunciada por mi parte junto a otros órganos españoles relacionados con la gestión del Plan de Recuperación y Resiliencia en España, en la instrucción que se sigue en el Juzgado Nº 6 de Zamora por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento en lo que respecta a la negativa recibida de acceso a dicha documentación solicitada».
Fruto de esta queja, el pasado día 4, este organismo de la Unión Europea envió una contestación a Vicente Merino en la que se señala: «Su reclamación se refiere a la negativa de la OLAF a dar acceso público a un documento recibido del Servicio Español de Coordinación Antifraude en el contexto del asunto OC/2022/0892 de la OLAF. Al denegar el acceso, la OLAF invocó dos excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento 1049/2001, a saber, la protección del objetivo de las actividades de investigación y la protección del proceso de toma de decisiones una vez adoptada la decisión».
El Defensor del Pueblo Europeo asegura que «en un esfuerzo por tratar el asunto lo antes posible, ya nos hemos puesto en contacto con la OLAF. En esta fase, nos centraremos en inspeccionar el documento al que se denegó el acceso». Finalmente, le indica que «nos pondremos en contacto con usted tan pronto como estemos en condiciones de informarle de la evolución del caso».
