El Gobierno desconoce cuántas personas se han cambiado de sexo gracias a la 'ley trans'
Los últimos datos de los que dispone el Ministerio de Justicia, facilitados por el Registro Civil, corresponden a 2022
De izquierda a derecha: la ministra de Justicia, Pilar Llop; la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; y la ministra de Igualdad, Irene Montero. | Europa Press
El Gobierno desconoce cuántas personas se han cambiado de sexo registral gracias a la ley trans, que entró en vigor el pasado 2 de marzo. Así lo admite en una resolución de Transparencia remitida a THE OBJECTIVE, que preguntó al Ministerio de Justicia por el número de varones que cambiaron a mujer, y viceversa, sirviéndose de la norma impulsada por la responsable de Igualdad, Irene Montero. La respuesta ha sido clara: no disponen de esos datos.
«Las solicitudes de rectificación registral de la mención relativa al sexo se presentan ante la persona encargada de cualquier Oficina del Registro Civil», recuerda la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en respuesta a este medio. Su responsable, Sofía Puente Santiago, admite que «la información de la que dispone este Centro Directivo es la relativa al número de inscripciones practicadas en los Registros Civiles relativas al cambio registral de la mención relativa al sexo, que consta en las bases de datos Inforeg y Dicireg». Es decir, la relativa a la evolución anual del número de cambios de sexo entre 2004 y 2022.
El Gobierno de España admite así su ignorancia en este asunto, pues no ha desarrollado ningún mecanismo para hacer seguimiento a estas cifras, como tampoco hay recogida en la norma la manera de detectar un fraude de ley. Originalmente, la consulta de THE OBJECTIVE fue remitida a Igualdad, pero esta desvió la petición a Justicia. Ninguno de los dos gabinetes ha sabido responder.
El gabinete que dirige Pilar Llop ha salido del paso ofreciendo unas cifras que ya remitió a este medio el pasado 10 de marzo, y que fueron publicadas en primicia: 1.306 personas acudieron en 2022 al Registro Civil para cambiarse de sexo. Casi cuatro al día. Casi cinco veces más que hace tan sólo diez años, en 2012, cuando fueron 280. En 2004, el primer año del que se disponen datos, acudieron tres.
Datos sin actualizar
Desde esta revelación, y seis meses después de la entrada en vigor de la ley trans, estos datos no han sido actualizados, pese a que distintos medios de comunicación -como este- han alertado de un colapso en el Registro Civil por hombres que quieren ser mujeres. Los funcionarios han admitido que estos son mayoría, y que además no quieren cambiarse de nombre, pues esta opción es tan sólo opcional.
Esta circunstancia es muy reveladora, pues antes de la entrada en vigor de la ley trans, la mayoría de las personas atendidas con disforia de género en los servicios públicos autonómicos eran mujeres menores de 25 años que optaban por lo masculino. Sin embargo, el Registro Civil ha recibido principalmente a varones mayores de esa edad, lo que evidencia que la norma no ha servido al objetivo con el que fue concebida («garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales», según la exposición de motivos), sino para que muchos hombres pasen a disfrutar de las 475 diferencias legales de las que en España solo gozan las mujeres, tal y como advirtió este medio de que sucedería.
Facilidades de la ‘ley trans’
Y es que muchos hombres habrían utilizado la ley, que no contempla procedimientos contra el fraude, para cambiarse de sexo. Los motivos por los que lo harían son variados: quieren evitar denuncias por violencia de género de su expareja, quieren recuperar a sus hijos, quieren hacerlo por acceder más fácilmente al cuerpo policial, quieren obtener ayudas, quieren desarrollar una investigación académica… o simplemente desean desvelar el fallo del sistema.
Esto es posible gracias a que la ley estrella de Irene Montero hace más fácil que nunca esta transición. Otros países, así como algunas regiones españolas, obligan a someterse a tratamientos farmacológicos y operaciones, pero ahora basta con «la libre declaración de la persona sentida» y la compleción de un formulario.
Una vez rellenado, el solicitante es citado para ratificar la solicitud y es informado de sus nuevos derechos. Transcurridos tres meses, es requerido para ratificar la petición y, de ser así, el varón pasa a ser mujer -o viceversa- a todos los efectos, sin necesidad de cambiar sus nombre ni aportar informes médicos y/o psicológicos (en aras de la «despatologización» de la disforia de género).
Los efectos en menores ‘trans’
Estas facilidades son extensibles a los menores de 18-16 años y de hasta 14 si cuentan con consentimiento paterno, que podrán también hormonarse, pese a que los agonistas de la GnRH (hormona liberadora de la gonadotropina) y sus análogos -la triptorelina y la leuprorelina– están altamente desaconsejados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Estos pueden generar problemas ligados «al esqueleto, el sistema cardiovascular, la tiroides, el cerebro, los genitales, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, tracto urinario, músculos, ojos y sistema inmunológico». Por si fuera poco, los agonistas de la GnRH «pueden ser perjudiciales para la salud mental y aumentar el riesgo de suicidio». Así lo desveló un estudio de Lesbians United. Por eso otros países pioneros en la implantación de leyes similares ya han reculado.
