Varapalo judicial contra el PSOE: Estrasburgo investiga la ley gala que abole la prostitución
El TEDH admite una demanda de prostitutas contra la norma que inspira a los socialistas
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y la diputada socialista y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo conversan durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. | EP
Varapalo judicial contra el PSOE. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la denuncia de 361 prostitutas (entre las cuales figura alguna de nacionalidad española) contra la ley abolicionista de Francia, que es en la que se inspira el ala socialista del Gobierno de España. En el comunicado, el TEDH admite por primera vez que «la mera existencia de la ley tiene un impacto negativo sobre los trabajadores sexuales».
El sector español, aglutinado en la Plataforma Stop Abolición, celebra que «el Tribunal Europeo es muy selecto en los casos que admite a trámite, por lo que la probabilidad de un fallo en contra de la actual legislación francesa es muy alta actualmente». Y esperan que los legisladores de nuestro país tomen nota.
La norma gala es, mutatis mutandis, muy similar a la que los socialistas pretenden sacar adelante en caso de que Pedro Sánchez vuelva a salir elegido presidente, pero cuenta también con la venia de Unidas Podemos y del Partido Popular. Si la francesa castiga a los clientes con multas de entre 1.500 y 3.000 euros o penas de siete años de prisión, la propuesta del PSOE pasa por multas de 12 a 24 meses, pero con una pena que aumentaría en caso de que la prostituta sea menor de edad.
La demanda que ha admitido este tribunal europeo denuncia la criminalización de la compra de relaciones sexuales, incluso entre adultos que consienten, como consecuencia de la Ley gala nº 2016-444, de 13 de abril de 2016, que nació con el objetivo de «reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y a apoyar a las prostitutas». Esta legislación, según recoge el TEDH, «tiene un impacto negativo sobre los trabajadores sexuales», ya que «los demandantes han presentado pruebas que indican ampliamente que la clandestinidad y el aislamiento inducidos por esta criminalización aumentan los riesgos a los que están expuestos».
Esto es algo que Susana Pastor lleva tiempo denunciando en este medio, en el que advirtió de que «como salga adelante la ley España se va a convertir en una gran Casa de Campo». La presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales celebra que «por fin se escuche al sector» pero es poco optimista sobre las implicaciones que esto pueda tener en España, ya que «las feministas radicales han demostrado que no les importan las mujeres que trabajan en el sector».
La madame defiende que tan sólo el 10-12% de las prostitutas son víctimas de trata, basándose en informes de las académicas Carmen Meneses y Mariona Llobet, pero el Gobierno de España, en su empeño abolicionista, desliza una cifra cercana al 90%. «Yo les reto a que me saquen informes que demuestren eso; si lo hacen, yo dejo esta lucha», desafía Susana Pastor a Yolanda Díaz, Carmen Calvo, Gabriela Bravo e Irene Montero, exponentes políticos del abolicionismo en España.
La ley contra la prostitución
La ley para la abolición de la prostitución, o ley de trata, fue la principal bandera ideológica del PSOE en la pasada legislatura, enarbolada a partir del 40º Congreso del partido, donde el programa pasó a ser abiertamente «abolicionista». Los socialistas lograron que la norma fuera admitida a trámite en el Congreso, con el apoyo del PP y división de una parte de Unidas Podemos. Vox se abstuvo, y sólo Ciudadanos y los partidos nacionalistas se opusieron frontalmente.
Pero finalmente, tanto PSOE como Podemos renunciaron a continuar con su tramitación parlamentaria para no agrandar la fractura abierta por la ley del sólo sí es sí entre los socios de la coalición, pero sobre todo por el miedo del PSOE a tocar un asunto que avivara el escarnio por el caso Tito Berni. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han amagado con retomar esta iniciativa en la XV legislatura, y las prostitutas ya han avisado de que saldrán a la calle para evitar su aprobación.
