El Congreso rechaza aprovechar los pinganillos del Senado y contratará sus propios medios
No los pedirá prestados y solo ha preguntado por el sistema que se utiliza, asumiendo el coste económico del servicio
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. | Europa Press
El Congreso de los Diputados no utilizará para el debate de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo de los días 26 y 27 los pinganillos del Senado, rechazando la opción de pedir prestado este servicio, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de la Cámara Alta. La posibilidad de que puedan utilizarse las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, si llega a aprobarse la proposición de ley que han presentado el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV , hace necesario que en un tiempo récord tengan que contratarse los medios adecuados para hacer posible la traducción.
En un principio, se barajó la opción de pedir prestado al Senado los pinganillos, ya que en la Cámara Alta se pueden utilizar las lenguas cooficiales en los debates de las mociones, por lo que ya cuenta con experiencia en la prestación de este servicio. Pero finalmente, los servicios del Congreso ya se han dirigido a sus homólogos del Senado y simplemente se han interesado sobre el método utilizado. En ningún momento le han pedido que le cedan los aparatos necesarios, ni el personal que se contrata puntualmente para estos debates de mociones en plenos y en comisiones.
En cualquier caso, si se hubieran prestado, o no, el Congreso de los Diputados tendrá que asumir el coste de este compromiso al que ha llegado el PSOE con los grupos parlamentarios nacionalistas con el objetivo de intentar garantizarse la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en el caso de que fracase la investidura de Feijóo y el presidente en funciones reciba el encargo del Rey Felipe VI.
El Senado cuenta este año con un presupuesto de 280.000 euros para la partida de este servicio de traducción. Inicialmente, el Senado adquirió los aparatos electrónicos y cuenta con una plantilla de traductores externos a los que contrata para las sesiones plenarias. Estos traductores son trabajadores que no forman parte de la plantilla del Senado. Al no ser personal oficial de la Cámara Alta, en el caso de que el Congreso hubiera pedido prestado este servicio, tendría que asumir el coste económico de los mismos, ya que cobran por trabajo realizado no una asignación fija.
El trámite parlamentario para modificar el Reglamento del Congreso se llevará a cabo a través de una Proposición de Ley que podría ser este miércoles analizada en la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, que se ha convocada para un día después de su cita habitual, los martes. Sería el primera paso para una polémica reforma que ya fue rechazada por el PSOE en la anterior legislatura .
Como ya ha publicado THE OBJECTIVE, el Grupo Parlamentario Popular se ha sentido engañado por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ya que su primer compromiso fue presentar una propuesta a la Mesa y negociarla con los grupos parlamentarios. Una circunstancia que nunca ha llegado a producirse y que quedó rechazada cuando se anunció la presentación de esta iniciativa parlamentaria.
PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV registraron la semana pasada su ley para usar las lenguas cooficiales en los debates del Congreso. La idea de estos partidos es que la reforma se apruebe en dos semanas para que pueda aplicarse ya en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, previsto para los próximos 26 y 27 de septiembre, y para ello han pedido la tramitación por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos parlamentarios a la mitad, y que se debate «en lectura única» en el Pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.
Con la mayoría absoluta que suman estas seis formaciones, los proponentes planean un Pleno en la semana del 19 al 21 de septiembre para aprobar la reforma y que entre en vigor de inmediato. Lo único que se retrasa es el uso de lenguas cooficiales al presentar textos escritos, pues se establece un periodo de transición de un máximo de seis meses para adaptar los servicios de la Cámara, tiempo en el que los grupos podrán registrar iniciativas en euskera o catalán, pero deberán acompañar la traducción al castellano.
