El Gobierno admite que la Fundación Largo Caballero elabora sus censos de memoria

El Gobierno de España, por la insistencia de un particular, por fin ha transparentado sus gastos en censos de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Tal y como figura en la resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desembolsado un total de 153.114,62 euros, destacando dos partidas de 11.902 (en 2020) y 10.000 (2021) a la Fundación Largo Caballero. Un total de 21.902 euros para crear un «censo unificado de represaliados de la Unión General de Trabajadores durante el franquismo».

Se da así la paradoja de que la fundación en honor al Lenin español, celebrado hoy por los socialistas pese a su pasado beligerante, es la encargada de arrojar luz en materia de memoria democrática. Concretamente, de contabilizar cuántos sindicalistas habrían sido fusilados por el anterior régimen.

La información ha sido obtenida por el abogado Guillermo Rocafort, que ha tenido que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante las evasivas del Ministerio de la Presidencia. Al obtener respuesta, ha podido constatar que estos censos han quedado al cargo de «entidades muy ideologizadas» como la propia Fundación Largo Caballero, la CGT y la Asociación 14 de Abril. «Da medida de la subjetividad de los censos», zanja el experto en transparencia.

Censos subjetivos

Y es que, tal y como contó este periódico, el censo oficial del Gobierno sobre víctimas de la Guerra Civil y represaliados del franquismo, que se basa en datos del Centro Documental de Memoria Histórica, oculta 2.037 asesinatos del Frente Popular -los fusilados en los llamados cementerios clandestinos de Cataluña-, a la par que contabiliza hasta 12 veces a algunos criminales republicanos, computados como víctimas del bando nacional. 

Es, por ejemplo, el caso de José Bartrina Costa, que aparece mencionado hasta en una docena de ocasiones: casi una por cada localidad y provincia donde cometió un delito. Pero hay muchos más casos similares, como el de Miguel Grau Sola (11), Juan Bartrina Sala (8), Jose Constanseu Casanovas (6), Pedro Dalmau Ribas (5), José Moret Martí (5) o Martín Carbonell Purcallas (2). 

Por otro lado, no aparecen los muertos en los cementerios clandestinos del Frente Popular, donde fueron inhumadas más de dos millares de víctimas de las Patrullas de Control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. Este crimen de lesa humanidad está recogido en el informe elaborado por el juez Josep Maria Bertran de Quintana, nombrado por las autoridades republicanas en 1937 para investigar aquellas fosas, y que ha sido admitido como verídico por el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta de varios diputados de Vox en 2021.

Tampoco figura José Antonio Primo de Rivera y sí aparecen, sin embargo, como víctimas personajes frentepopulistas como Andreu Nin o Buenaventura Durruti. Se da así la paradoja de que muchos que podrían considerarse criminales del bando republicano aparecen contabilizados como represaliados del franquismo (algunos en varios ocasiones), mientras que miembros del bando nacional no figuran ni una sola vez como víctimas de la Guerra Civil.

Largo Caballero

Francisco Largo Caballero fue ministro de Trabajo tras la proclamación de la Segunda República (14 de abril de 1931), cargo que mantuvo durante el gobierno del primer bienio presidido por Manuel Azaña. También fue presidente del Consejo de Ministros durante la Guerra Civil.

La beligerancia de su discurso y su buena sintonía con Iósif Stalin -con quien se enviaba misivas- le hicieron valedor del sobrenombre del Lenin español. No en vano, llegó a decir que los socialistas irían a la guerra si «las derechas» ganaban las elecciones de febrero de 1936. No fue necesario, pues el Frente Popular se impuso en aquellos comicios. Tras la victoria, se enfrentó públicamente a Indalecio Prieto. Mientras éste último defendía la democracia republicana, Largo Caballero abogaba por la dictadura del proletariado. Dos proyectos irreconciliables.

Cuando se produjo el golpe de Estado de julio 1936, el ínclito socialista exigió que se entregaran armas a todos los obreros y sindicalistas, y él mismo visitó con un fusil en el frente madrileño. Tras el derrumbe del Gobierno de José Giral, en plena Guerra Civil, Largo Caballero asumió el cargo de presidente y ministro de la Guerra, integrando a socialistas, comunistas y anarquistas en las brigadas mixtas.

Tras la guerra, se exilió en Francia. Ahí fue detenido por la Gestapo e internado en el campo de concentración de Sachsenhausen, hasta que fue liberado por el Ejército Rojo. Murió en París en 1946.

En una entrevista perdida que fue publicada por El Mundo en abril de 2021, Largo Caballero aseguraba que «habrá soviet en España cuando caiga Azaña» y el periodista Edward Knoblaugh señalaba de él que «asaltará el poder cuando esté dispuesto» y que «antes de cinco años España será soviética».