Sánchez defiende por primera vez la «amnistía» para superar la «crisis territorial» del 1-O
El jefe del Ejecutivo se ha desmarcado de la propuesta que trasladará Sumar a Junts: «No es la posición del PSOE»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, menciona por primera vez en público la palabra «amnistía», que ha eludido pronunciar en varias ocasiones durante las últimas semanas cuando se le ha preguntado por este asunto. Se ha referido de forma explícita a esta medida, exigida por los independentistas para apoyar su investidura, durante una rueda de prensa al término de la cumbre europea en Granada.
El jefe del Ejecutivo ha defendido esta medida de gracia hacia los implicados en el procés como fórmula para «superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España, con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017», al tiempo que se ha desmarcado de la propuesta de Sumar que ha trascendido este viernes sobre el asunto, en línea con las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pronunciadas hace unas horas.
«Conocemos la propuesta de Sumar en relación con la amnistía, pero no es la posición del PSOE», ha defendido Sánchez durante su comparecencia, acompañado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. Por otro lado, ha subrayado que todavía no hay ningún pacto suscrito con los partidos independentistas. «No puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca, pero será transparente y público», ha confirmado.
También ha señalado que los acuerdos que se firmen serán validados por el Poder Legislativo e incluso por el «Tribunal Constitucional» si «son recurridos por parte de la oposición». «Plena normalidad democrática», ha sostenido a continuación. Sin embargo, no ha aclarado si a lo largo de la negociación para su investidura se va a producir una reunión entre algún dirigente del PSOE y el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Nunca antes había defendido Sánchez esta propuesta, si bien en días anteriores había admitido negociaciones al respecto. «Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios», señaló este jueves en declaraciones a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra este jueves en la ciudad andaluza. «Cuando tengamos una posición concreta la expondremos», añadió.
A renglón seguido, volvió a defender los indultos que aprobó en la pasada legislatura para los líderes del procès. «Yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad y la normalización de la política en Cataluña y hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que obedeció a un interés general», precisó.
La propuesta de Sumar
Las declaraciones de Sánchez coinciden con el día que han trascendido los detalles de la propuesta que ha hecho llegar Sumar a Junts sobre la amnistía. En ella, la coalición de Yolanda Díaz pretende que la amnistía incluya todas las «acciones políticas» del independentismo catalán desde 2013. La vicepresidenta segunda en funciones tiene previsto presentar esta propuesta el próximo martes en Barcelona.
Así lo ha adelantado El Periódico, que ha tenido acceso al documento, y en el que se detalla que Sumar quiere que la amnistía se aplique a «todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley».
En este sentido, el documento señala que se tendrá en cuenta «todo acto relacionado con la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración», refiriéndose tanto a la consulta sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, cuando Artur Mas era presidente de la Generalitat, así como al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Asimismo, la propuesta de Sumar también defiende que sean amnistiados los agentes de policía procesados por las fuertes cargas durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. No obstante, no quiere que se aplique a «las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público», según recoge el ya citado diario.