Moncloa excluye a la Abogacía del Estado del texto de la ley de amnistía: «No son de fiar»
Bolaños orilla a los servicios jurídicos del Estado en el proceso de elaboración de la nueva ley
El ministro de Cultura, Miquel Iceta, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. | Flickr PSOE
El Gobierno no menciona la palabra prohibida, pero trabaja desde el mes de julio en la fórmula de una amnistía encubierta que, sin citar el término, sirva para exonerar de su responsabilidad penal y administrativa a los encausados del procés. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la búsqueda de la fórmula jurídica idónea fue encomendada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, poco tiempo después del 23-J, una vez que Moncloa asumió que sería Carles Puigdemont quien tendría la llave de la investidura. No en vano, es Bolaños el encargado de la interlocución con Junts per Cataluña en el marco de la comisión negociadora del PSOE.
Lo que adelantan las fuentes gubernamentales consultadas por este diario es que Moncloa ha excluido a la Abogacía del Estado del proceso de elaboración de una futura ley de amnistía, aunque se renombre bajo un plan global de «normalización o reconciliación» para Cataluña. La exclusión del órgano, con rango de subsecretaría de Estado, es especialmente llamativa porque su función principal es la de asistir jurídicamente al Gobierno en asuntos jurídicos.
De hecho, su estructura está compuesta por tres direcciones generales y tres subdirecciones generales, entre las que se encuentra la subdirección de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, cuyas funciones abarcan la «elaboración de dictámenes o informes sobre la constitucionalidad de los anteproyectos de ley (…) que sean susceptibles de impugnación ante el Tribunal Constitucional», la representación y defensa de la Administración en los procedimientos seguidos ante el Tribunal Constitucional y prestar asesoramientos sobre «cuestiones procesales o de fondo en la tramitación de procedimientos constitucionales».
Los motivos: «No son de fiar»
Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado han sido orillados por el Gobierno en el desempeño de sus competencias en lo relativo a la elaboración del armazón jurídico de la futura ley de amnistía ¿Por qué? Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE desvelan tres motivos. El primero: evitar las filtraciones; el segundo y relacionado con lo anterior, que en la Abogacía del Estado «no son de fiar», como evidenció su posición previa a la concesión de los indultos a los condenados por el 1-O, evitando pronunciarse a favor de la pertinencia de la medida de gracia.
Desde Moncloa consideran que esta «élite de juristas» no es de su confianza y revelan que su función ha sido desarrollada por un grupo de juristas «externos» que asesoran al Gobierno en la redacción de un proyecto extremadamente sensible para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De ahí que el tercer motivo de esta exclusión hayan sido los recelos de algunos de los colaboradores del presidente Sánchez de solicitar a la Abogacía un trabajo que «podría considerarse de índole privada», puesto que el Ejecutivo en funciones no puede aprobar proyectos de ley, y por lo tanto, la iniciativa legislativa se limita a los grupos parlamentarios representados en el Congreso.
Un criterio que se impuso en el Palacio de La Moncloa, donde se asumió que la amnistía, que ocupa el grueso de las negociaciones de los miembros del Ejecutivo, «es una iniciativa privada». No obstante, los motivos reales de la marginación de la Abogacía radican en la falta de confianza del Gobierno en un cuerpo técnico que mantiene postulados jurídicos y no políticos y que, por lo tanto, no se ajusta a sus necesidades actuales.
El «ejército» de Bolaños en el TC
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico hablan de Félix Bolaños como el muñidor de un «ejército de juristas», entre los cuales se encuentra la actual magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez, a las órdenes de Bolaños en Moncloa hasta noviembre del 2022 como directora general en Moncloa de Asuntos Constitucionales y coordinación jurídica, las mismas funciones que asumió el ministro de Presidencia desde julio del 2021 en el Gobierno y desde octubre del mismo año en Ferraz, tras ser elegido secretario ejecutivo de Asuntos Constitucionales en el 40º Congreso del PSOE. Su entrada en el Constitucional y el reciente fichaje de su «esbirro» y ex número dos en Moncloa, el letrado y abogado del Estado, Fernando De la Peña Pita, con quien maniobró con el recurso del voto nulo, da buena cuenta de lo que está por venir.
Según estas fuentes, los mayoría de seis magistrados progresistas del TC «actúan como soldados» y da una pista, según estas fuentes jurídicas, de quiénes son los expertos jurídicos que asesoran ‘externamente’ al Gobierno. En el ámbito judicial, «no hay ninguna duda de que se está atando la amnistía con quienes tendrán que aprobarla en el futuro», esto es, los magistrados progresistas del TC que actúan en bloque y «sin más criterio que el del Gobierno».
