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Sánchez prepara un «plan de normalización» para Cataluña con mejoras en la financiación

PSOE y Junts superan la pantalla de la amnistía y negocian un acuerdo bilateral que contemple condonación de la deuda

Sánchez prepara un «plan de normalización» para Cataluña con mejoras en la financiación

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Nadia Calviño. | Sergio Pérez (EFE)

La amnistía no será el único sapo que tendrá que tragarse Pedro Sánchez para lograr sacar adelante su investidura. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, a la «imposibilidad» de lograr que Junts y ERC abandonen la vía unilateral a cambio de esta medida de gracia se le suma una petición que encarece aún más el precio de sus socios independentistas: la financiación autonómica está entre los aspectos «centrales» de la negociación y las partes apuran sus propuestas para presentarla en los próximos días. Según fuentes gubernamentales, la oferta de Pedro Sánchez para seducir a Junts será un plan global de «normalización» para Cataluña, en el que se incluye la amnistía, pero también un acuerdo «bilateral» de mejora de la financiación para Cataluña.

Fuentes de la negociación explican que la amnistía es una «pantalla superada» en las conversaciones informales que se han producido hasta la fecha. Y, aunque la negociación formal «no ha comenzado», tanto el Gobierno como Junts consideran «relativamente sencillo» poner negro sobre blanco las medidas de gracia. Asimismo, señalan que son muchos los juristas que defienden que «se puede argumentar jurídicamente» y no conlleva grandes complicaciones. Un punto en el que coinciden desde el Palacio de la Moncloa, donde creen que la amnistía «es interpretable y puede tener encaje constitucional», aunque aclaran que la ley de amnistía «no se llamará amnistía como tal».

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto a su vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

La amnistía, meta volante

Moncloa defiende que, a diferencia de Junts, «con ERC no hay ningún tipo de problema» y aplauden que los republicanos estén facilitando la adopción de un acuerdo, mientras Carles Puigdemont sigue siendo una incógnita, aunque demuestre que «no le conviene una repetición electoral». Desde ERC añaden que la amnistía supone una suerte de meta volante, en la medida en que «nos permite negociar lo importante sin distracciones», que no es otra cosa que la negociación de un acuerdo bilateral de financiación autonómica.

Algo que creen que será «bastante más complicado» es el difícil encaje de bolillos de la financiación autonómica que se incluirá en el acuerdo. Un asunto que «comporta una complejidad importante para el Estado», porque supone abordar los diferentes aspectos que derivan en la «infrafinanciación de Cataluña», sostienen desde ERC y Junts, que señalan tres ámbitos de actuación.

Deuda, déficit y armonización fiscal

De un lado, tendría que abordar la condonación de la deuda de Cataluña, algo a lo que abrió la puerta la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a principios de agosto, en vísperas de la votación de la Mesa del Congreso; del otro, el déficit fiscal; y un tercero, las fórmulas que permitan un acuerdo «bilateral» que incluya el compromiso de reforma del sistema de financiación autonómica, que arrastran desde la anterior legislatura, en el ámbito multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Una de las fórmulas que se estudian es que la reforma de la financiación conlleve automáticamente una reforma fiscal para introducir elementos de armonización entre comunidades autónomas para prohibir el llamado dumping fiscal; esto es, la capacidad que tienen las autonomías para rebajar sus tributos. Se trata de una vieja reclamación de los republicanos en la anterior legislatura. En noviembre de 2020, Gabriel Rufián arrancó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el compromiso de la armonización fiscal a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

«Si no sale, complicará las cosas»

Ambos se comprometieron a crear una comisión bilateral para obligar a comunidades autónomas como la de Madrid a elevar el Impuesto de Patrimonio en la región, donde está bonificado al 100%. La comisión nunca se llegó a crear, pese a que la ministra creó una comisión de expertos para una reforma fiscal que se alinearon con esta reivindicación, pero que se paralizó por la guerra de Ucrania.

Los socios del Ejecutivo sostienen que la financiación «no va a ser un freno», que se está avanzando en las conversaciones iniciales y que «si no sale, complicará las cosas». Sin embargo, el clima no invita al pesimismo sino al contrario: «La cosa avanza», explican los conocedores de los contactos. Las fuentes consultadas descartan que en este bloque de financiación se incluyan otras inversiones, por ejemplo, en materia de infraestructuras, porque «esto va por la vía presupuestaria y aquí nadie está hablando de presupuestos todavía». Ésa sería la siguiente pantalla, pero «después de la investidura de Pedro Sánchez» que se espera para la tercera semana de octubre, después de que el rey Felipe VI le haga el encargo al presidente en funciones, previsiblemente el martes que viene, 3 de octubre.

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