Montero anuncia una propuesta de financiación autonómica a un año de las elecciones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado por sorpresa, y a un año de que se celebren elecciones, que remitirá después del verano a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación vinculada a la población ajustada y ha criticado que los gobiernos autonómicos sigan «parapetados en el modelo de máximos que cada uno defiende».

El anuncio de Montero no ha terminado de calar en al oposición. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado que la ministra dijo a las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que no pensaba modificar el sistema de financiación autonómica porque no se ponían de acuerdo y que hoy ha dicho lo contrario. «En cuatro años no ha hecho nada por mejorar la financiación autonómica».

Después de que el 31 de enero concluyera el plazo para que las autonomías presentaran alegaciones a la propuesta de Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada, Montero ha resaltado en una entrevista con EFE que Hacienda «no se ha quedado de brazos cruzados», ya que las transferencias a las comunidades y entregas a cuenta han continuado todos los años.

La población ajustada es el cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como la población envejecida o la dispersión de la población. El objetivo es medir el gasto de cada autonomía de acuerdo a esta variable.

«El Gobierno ha transferido los mayores recursos de la historia durante todo su mandato a las Comunidades Autónomas de manera consecutiva», ha dicho tras recordar la transferencia de 16.000 millones durante la pandemia, otros 13.000 millones al año siguiente y otros 7.000 millones extraordinarios fruto de la compensación del sistema de información del IVA (SII), «de una actuación con alevosía y nocturnidad del señor Montoro», en referencia al cambio en la gestión del IVA que hizo el exministro de Hacienda del PP, Cristobal Montoro.

Montero lamenta que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las posiciones entre comunidades siguieran enfrentadas a la hora de encontrar una fórmula para financiar las autonomías según la población ajustada y ha criticado que las regiones gobernadas por el PP den incluso respuestas desiguales.

«La respuesta ha sido desigual dependiendo de que el PP gobierne en Galicia, Madrid o Andalucía. ¿El señor Feijóo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno (en la comunidad andaluza), que es reparto por población? ¿El señor Feijóo esta de acuerdo con lo que promueve Díaz Ayuso respecto al reparto? Yo no escucho que Feijóo diga nada sobre los asuntos importantes del país», ha afirmado Montero, que ha pedido al PP desvelar su modelo de financiación, que debe ser votado en el Congreso.

La ministra ha recalcado que desde que gobierna Pedro Sánchez, Hacienda ha transferido más de un 40% añadido de recursos a las comunidades de los que se transfirieron durante el gobierno de Mariano Rajoy: «178.000 millones de euros más son los que se han repartido en estos últimos años; por tanto, no nos hemos cruzado de brazos», ha incidido.

No obstante, ha sido tajante al añadir que la reforma de la financiación autonómica debe tener un elevado consenso, y el gobierno socialista seguirá trabajando. «Lo haremos una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías», ha puntualizado.

Por otra parte, en cuanto a la creación de un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como reclama Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha, la ministra ha señalado que primero han de ponerse de acuerdo las autonomías gobernadas por el PP y ha considerado que la cercanía de las elecciones autonómicas también aleja el consenso.

«¿El señor Feijóo pretende no decir nunca nada hasta las elecciones generales? No está capacitado para dirigir un país si no tiene opinión sobre los problemas y no se quiere mojar», ha rematado.

Negociará con Bruselas una reforma fiscal adaptada a la situación

Montero también ha avanzado que el Gobierno negociará con la Comisión Europea la futura reforma fiscal, cuyas medidas tendrán que ser «compatibles» con el entorno de crisis energética e inflación.

La ministra ha explicado que hay reuniones previstas a lo largo del próximo trimestre «para trabajar conjuntamente con la Unión Europea aquellas medidas que sean compatibles con la situación que vive el conjunto de Europa» sin suponer un «esfuerzo añadido» a las familias.

El Gobierno se había comprometido en el Plan de Recuperación a implementar una reforma fiscal en la primera parte de 2023 que siguiera las recomendaciones del grupo de expertos -que apuntaban especialmente al transporte y la energía-, pero esta se ha ido retrasando ante el nuevo entorno económico derivado de la guerra.

«Había que acomodar la reforma fiscal a la coyuntura en cada momento», justifica, porque «no tiene sentido incrementar la fiscalidad sobre determinados combustibles cuando estamos practicando una bonificación».

Ahora, Montero aclara que negociará con Bruselas cómo se va a cumplir ese hito, lo que pasa por medidas que no entren en «contradicción» con los objetivos de lograr un crecimiento económico sostenible, «y por tanto verde», así como una mayor justicia social, rebajando la brecha de recaudación con otros países europeos.

El cumplimiento de todos los hitos del Plan de Recuperación es imprescindible para que la Comisión autorice los desembolsos, que en el caso del primer semestre de 2023 -donde se enmarca el compromiso de la reforma fiscal- asciende a 7.000 millones de euros. Las medidas no serán solo recaudatorias, ha advertido la ministra, sino que tendrán el «afán» de modificar conductas industriales y personales, así como alinear el impuesto de sociedades con la directiva europea.

En cualquier caso, la ministra ha aclarado que si -«ojalá»- la situación económica mejora, la intención del Gobierno es abordar el próximo ejercicio otras medidas, como «una fiscalidad medioambiental disuasoria de la utilización de combustibles fósiles» y que fomente las renovables.

Defiende la «solvencia» de los impuestos a la banca y las energéticas frente a los recursos

Con respecto a los nuevos impuestos para banca y energéticas, la ministra se ha mostrado confiada en la «solvencia técnica y experta» de la ley para hacer frente a los recursos que ya han avanzado las empresas. «Era de esperar que aquellos llamados a hacer (…) una mayor contribución a las arcas públicas no aplaudieran la medida», ha reconocido, pero es de «sentido común» que «aquellos que están ganando más dinero con motivo de la crisis energética» y la subida de tipos «aporten» para financiar las medidas para paliar los efectos de la inflación.

El diseño del sistema de control para que estas cargas no se trasladen a los clientes corresponderá «de forma independiente» a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que «tiene el talento y el conocimiento» para saber «cómo y de qué manera tiene que vigilar» los mercados.

Montero confía en sacar adelante la medida en el Congreso con los socios habituales del Gobierno, donde ha generado «bastante consenso», aunque se ha mostrado abierta a negociar modificaciones durante la tramitación.

En concreto, ha asegurado que analizará «la letra» de la reclamación del PNV de modificar la norma para permitir la gestión de los tributos a las haciendas forales del País Vasco y Navarra, aunque ha advertido de que las enmiendas «no pueden desvirtuar el sentido de la norma».