Vox exige paralizar los trámites de nacionalidad a los extranjeros de culturas islámicas
«Hay que impedirles entrar y hay que hacer responsables a quienes les han abierto las puertas», ha recalcado Abascal
Vox ha exigido este martes la paralización de todos los trámites para la concesión de la nacionalidad española a los extranjeros procedentes de culturas islámicas «por el alto riesgo en el que se encuentra en estos momentos la seguridad de los españoles y de los europeos en general». Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Congreso la portavoz de Vox, Pepa Millán, que ha asegurado que el atentado de ayer en Bruselas puede repetirse en España, porque «se están dando las condiciones para ello», ya que el Gobierno está permitiendo que «campen a sus anchas» personas con órdenes de expulsión.
«Hay que impedirles entrar y hay que hacer responsables a quienes les han abierto las puertas», ha recalcado el líder de Vox, Santiago Abascal, en un mensaje previo en X, antes Twitter, tras confirmarse la muerte del autor del atentando en un tiroteo con la policía belga. Abascal ha escrito que «hay que abatirles, sí, a todos los desalmados que traen odio, dolor y muerte. Y a ser posible hay que abatirles antes de maten a un solo inocente. En Barcelona, en Bruselas o en Israel».
Tras este mensaje, la portavoz que sustituye a Iván Espinosa de los Monteros ha convocado a los medios para anunciar que su grupo ha presentado una proposición no de ley para paralizar los expedientes de nacionalidad. Según Millán, el atentado de Bruselas es «consecuencia natural» de «lo que ocurre cuando todos los mecanismos fallan» y de las políticas de «puertas abiertas» que han convertido a las capitales europeas en «guetos» donde impera la ley islámica.
Ha recalcado que el terrorista que abatió a los dos turistas suecos llevaba cinco años residiendo de forma ilegal en la capital belga, tenía un orden de expulsión y entró en Europa por «los mismos medios ilegales que han entrado 23.000 personas en lo que llevamos de año en las islas Canarias». Estas «son más personas de las que caben en el WiZink. Solamente en la isla de Hierro, que tiene 11.000 habitantes, han entrado 7.500 personas de forma ilegal«, ha apuntado.
Por último, ha denunciado que, ante esta situación, el Gobierno se esté «alineando con Hamás», «comprometiendo» la posición exterior de España e «incorporando a la dirección del Estado a terroristas». Preguntada por el choque del Gobierno con la embajada de Israel, ha calificado de «verdaderamente grave» tener a «la mitad del Gobierno callado y a la otra mitad legitimando atentados terroristas».
Bandera contra la inmigración
Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, Vox quiere hacer bandera de la lucha contra la inmigración ilegal en el Congreso de los Diputados en esta legislatura. El grupo parlamentario que lidera Santiago Abascal ha fichado como asesor a Samuel Vázquez, policía experto en criminalidad asociada al fenómeno migratorio, y ha presentado un torrente de iniciativas en este sentido. Así pretenden capitalizar un problema que promete ser acuciante en los próximos años, y del cual el Partido Popular (PP) aún no ha mostrado visos de querer abordar.
En esta lucha cultural estarán guiados por el presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, contratado como asistente técnico de los diputados de Vox con carácter «eventual». Este experto en criminología, con años de experiencia patrullando las calles madrileñas, sostiene la tesis de que el actual modelo policial está «destinado a proteger estructuras de poder y no a los ciudadanos», a «mantener los presupuestos». Para ello «se asesina la perspectiva profesional para imponer la política, que protege discursos de gobierno pero no personas». Esto sería especialmente evidente en las políticas de igualdad, a las cuales se destinan millones de euros sin atender a causas como el origen étnico del agresor.
La propuesta presentada este martes se suma a otras de la semana pasada. Entre ellas, modificar la Ley Orgánica de Defensa Nacional para incluir la lucha contra la inmigración ilegal como una de las misiones de las Fuerzas Armadas. También aumentar el presupuesto de defensa para el año 2024, como mínimo, un 2% del PIB, en línea con los acuerdos alcanzados por España con la OTAN.