El letrado mayor del Congreso, que avaló el no a la amnistía, prepara su salida del cargo

El secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutierrez Vicén, ha trasladado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, su intención de dejar el cargo que ocupa desde hace casi diez años, con dos presidentes del PP y dos del PSOE. Con sus informes avaló decisiones como la inadmisión de la ley de amnistía de los independentistas catalanes, la retirada del escaño a Alberto Rodríguez (Podemos), o la validez del voto erróneo de Alberto Casero en la reforma laboral.

Gutiérrez Vicén, que ascendió a este puesto en 2014, siendo presidente Jesús Posada y con mayoría absoluta del PP, se mantuvo en la legislatura corta con el socialista Patxi López en 2016, repitió después con la ‘popular’ Ana Pastor y fue ratificado dos veces por Meritxell Batet, en 2019 y 2020.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, Gutiérrez Vicén ya había comunicado a Batet su intención de dejar el cargo al término de la pasada legislatura, y así se lo hizo saber después a Armengol, que le pidió dos meses para arrancar esta. Así las cosas, se calcula que el relevo se realizará próximamente, antes de fin de año.

La Secretaría General, bajo la superior autoridad de la presidenta y de la Mesa, engloba los distintos servicios administrativos y técnicos de la Cámara desempeñados por funcionarios y constituye la Administración del Congreso de los Diputados. Ofrece la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de los órganos de la Cámara, a través de los funcionarios que la integran.

Letrados con cinco años de actividad

El nombramiento del secretario general debe ser aprobado por la Mesa de la Cámara a propuesta de su presidenta, que en próximas semanas tendrá que escoger entre los letrados de las Cortes Generales, ya sean del Congreso o del Senado, siempre que cuenten con más de cinco años de servicios efectivos. Una vez sustituido, Gutiérrez Vicén pasará a adscribirse en alguna comisión parlamentaria u otro puesto de alto funcionario, como ha ocurrido con sus antecesores Manuel Alba Navarro y Piedad García Escudero.

A lo largo de estos casi diez años en el cargo, los informes jurídicos de Gutierrez Vicén han sido reclamados en numerosas ocasiones y por distintos asuntos. Al margen del proceso de concurso oposición para el consejo de RTVE que el Congreso diseñó bajo la Presidencia de Ana Pastor, las polémicas más sonadas llegaron con la etapa de Meritxell Batet, a la que respaldó en temas como el cierre del Congreso en pandemia, las ‘coletillas’ de los diputados al jurar la Constitución, el voto telemático por error de Casero en la reforma laboral, temas que acabaron en el Tribunal Constitucional.

Precisamente en estos días el Tribunal de garantías está examinando el caso de la retirada del escaño al dirigente de Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado a inhabilitación por el Supremo. Aunque en un primer informe los letrados sostuvieron que la sentencia no debía tener efectos extra penales, es decir, sobre la condición de diputado ‘morado’, porque el Supremo había sustituido la pena de prisión por una multa de 540 euros, tras una aclaración con el presidente del Alto Tribunal se avaló la decisión de Batet de retirar el acta aplicando la inelegibilidad sobrevenida.

Y en estos días ha vuelto al primer plano su informe sobre la Ley de Amnistía que presentaron en 2021 los independentistas catalanes para exonerar a todos los encausados por la consulta soberanista de 2014 y el referéndum ilegal de 2017. Los letrados concluyeron que esa iniciativa no podía admitirse a trámite al suponer un indulto generalizado que «entraría en una contradicción palmaria y evidente» con la Constitución, un criterio que Batet y el PSOE hicieron suyo en esos días. Ahora la amnistía es una de las condiciones para que ERC y Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez.