El Gobierno ubicará a inmigrantes de Canarias en un viejo cuartel del Ejército en Carabanchel
El acuartelamiento ‘General Arteaga’ está en desuso en su práctica totalidad desde principios de siglo
Entrada al cuartel 'General Arteaga' en el barrio madrileño de Carabanchel. | Google Maps
El Ministerio de Defensa ha cedido al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las instalaciones abandonadas del Instituto Politécnico del Ejército número 1, ubicado dentro del cuartel ‘General Arteaga’ del barrio madrileño de Carabanchel, para acoger durante varias semanas a cientos de inmigrantes subsaharianos que van a ser trasladados a la Península desde las Islas Canarias, según informan fuentes militares a THE OBJECTIVE.
El acuartelamiento está en desuso en su práctica totalidad desde principios de siglo. Las citadas fuentes elevan a un 80% el número de instalaciones cerradas desde hace más de 15 años. En ‘General Arteaga’ hay una unidad de servicio en funcionamiento y el Centro Militar Canino de la Defensa, dedicado a la adquisición, cría, adiestramiento y evaluación de los perros y equipos caninos de las Fuerzas Armadas.
Los edificios fueron construidos en la posguerra. La apertura del cuartel data de 1943. De inicio albergó la Escuela de Automovilismo del Ejército, que posteriormente se transformó en el Instituto Politécnico. El Ejército de Tierra celebró en 2018 el 75 aniversario de su creación con un acto castrense junto a la torre del Reloj que domina el lugar.
En aquel momento ya se describió este acuartelamiento como un conjunto de «viejas instalaciones» por las que pasaron más de 20.000 jóvenes oficiales y suboficiales en una «constante evolución tecnológica imposible de imaginar sin sus especialistas», según se indicó en una nota de prensa.
Una decisión que no agrada a algunas ONG
El lema de este cuerpo era ‘Servir para servir’ y ahora los muros de color adobe acogerán a centenares de inmigrantes subsaharianos. Una decisión que no es del agrado de algunas ONG. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denunció, por ejemplo, que las instalaciones de los cuarteles «difícilmente» cumplirán la normativa para acoger a los inmigrantes que lleguen de Canarias. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cifró este jueves en 5.000 las personas inmigrantes que han sido trasladadas desde Canarias a la Península.
También precisó que tienen «planes contingentes» que están desplegando en función de las llegadas de inmigrantes, «por si la situación requiere una mayor acogida puntual». Un ejemplo son los emplazamientos pactados con el Ministerio de Defensa para «estar preparados por si fuera necesario», entre los que han seleccionado dos acuartelamientos -el de Carabanchel y otro en Alcalá de Hernares-, así como dos terrenos en Sevilla y Cartagena.
En este sentido, la Red indicó este viernes que, por la información pública disponible, los cuarteles militares «difícilmente cumplirán la normativa» que, a su juicio, resulta «muy exigente» en cuanto a metros cuadrados y calidad de las instalaciones. «No nos consta sistema alguno para garantizar una asistencia alimentaria suficiente y que cumpla normativa en materia de calidad», ha asegurado. De la misma manera, recordó que cualquier instalación que se ponga en marcha tendrá que cumplir la normativa en materia de servicios sociales de cada territorio.
«Cada comunidad autónoma tiene una normativa y legislación en materia de servicios sociales junto con servicios de inspección que no pueden ser obviados por la Secretaría de Estado de Migraciones», apuntó esta ONG antes de advertir de que, en caso de no aplicarse de forma adecuada, «puede acarrear fuertes multas para las entidades gestoras«. Esta situación evidenciaría, a su juicio, «una doble vara de medir» para las personas inmigrantes. «Tienen derecho a tener las mismas calidades en sus instalaciones que cualquier otro dispositivo de servicios sociales de las redes ya existentes», subrayó esta entidad social.
La Red también denunció que no se está produciendo un proceso de filiación «adecuado». En su opinión, «puede generar situaciones de menores de edad que reclamen ser reconocidos como tales tras el proceso de transporte», al tiempo que dejó claro que los procesos de asilo van a generar una situación de «irregularidad administrativa sobrevenida«.
«Diálogo», «transparencia» y «planificación»
«El Estado tiene competencias en la reubicación de las personas inmigrantes pero las comunidades y ayuntamientos las tienen para inspeccionar, autorizar y controlar cualquier dispositivo de servicios sociales que se disponga», recalcó la Red después de reclamar «un diálogo real y una planificación solvente, además de transparente, que no fíe todo a que gran parte de los flujos se van a dirigir a Francia y otros puntos de Europa».
«En materia de derechos humanos no podemos permitirnos un choque de trenes por la falta de diálogo, transparencia y planificación con servicios esenciales como educación, sanidad e integración así como asistencia jurídica», afirmó por su parte el secretrario general de la Red, Rafael Escudero.
La Red ha programado una visita no gubernamental a Canarias, donde procederá a inspeccionar instalaciones en origen de las llegadas, en concreto en la isla del Hierro. Además, llevará a cabo una ronda informativa con ayuntamientos y comunidades a las que instan a que soliciten la convocatoria de la conferencia sectorial en materia de migraciones y «agilicen» así el contacto con el tercer sector autonómico y local, «para desplegar los servicios que el Ministerio de Migraciones no está desplegando y que son imprescindibles para garantizar los derechos de las personas inmigrantes».
